Veinticinco años vinculado al CGAE, primer como vicepresidente con Eugenio Gay, más tarde como presidente de la máxima entidad colegial relacionada con la abogacía. Carlos Carnicer, como ya anunciaba hace unas semanas no se presentará a las elecciones del próximo 14 de enero. “Acaba mi mandato el 4 de enero,  luego desde donde me toque apoyaré como siempre al candidato o candidata que sea vencedor de estos comicios electorales. Tras de sí, deja catorce años en la presidencia del propio CGAE con mucho trabajo hecho para una abogacía que se ha ido modernizando en los últimos años. “Quizás una de los hitos de los que me encuentro más satisfecho es de haber logrado que se aprobase una Ley de Acceso a la Abogacía,  norma que espero que a medio plazo nos dé mejores abogados. Porque el primer juez para el ciudadano es el abogado”, apuntaba. Ayer cuando se presentaba el Barómetro de la Abogacia elaborado por Metroscopia, el propio Carnicer señalaba diferentes medidas que reclama a los partidos políticos de cara al 20D. Nuestro interlocutor, aragonés él, sigue creyendo que un Pacto de Estado por la Justicia sólido y con participación de todas las instituciones podría ayudar a ver la justicia de otra forma. También pidió mejoras para el sistema de Asistencia Jurídica Gratuita y la necesidad de una Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. “Me preocupa que con el nuevo Gobierno vuelvan de nuevo a cuestionar a los colegios profesionales”, comentó.

La justicia sigue siendo la gran olvidada de nuestro país. No da votos y eso hace que en los Presupuestos Generales del Estado tenga una partida escasa. Para el año que viene los 1500 euros de Justicia se verán superados incluso por los 2.200 de Educación y Ciencia. “En estas circunstancias no queda otro remedio que apelar al Pacto de Estado por la Justicia. Necesitamos un cambio profundo en el que la justicia sea el eje de nuestra democracia”, comentaba Carlos Carnicer.

Para el presidente del CGAE, con este Pacto institucional entre todas las fuerzas políticas y operadores jurídicos se podría devolver la confianza de los ciudadanos en su sistema de Justicia eficaz, neutral y previsible, independiente de los otros poderes del Estado, así como avanzar en la consecución de una Justicia más eficiente, ágil e igualitario. “En ese Pacto de Estado deben participar  todos los operadores jurídicos, los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, a través del permanente diálogo entre el Gobierno y los profesionales de la Justicia.”

Al mismo tiempo, Carnicer cree necesario que se agilicen los macroprocesos judiciales, sobre todo aquellos donde hay casos de corrupción y ve muy necesario que exista la misma formación tanto inicial y continua para jueces, fiscales y abogados. “Creo que la especialización para afrontar determinados casos de nuestros profesionales será necesario”, apuntó.

El presidente del CGAE, que siempre defendió a los jueces y fiscales sustitutos en su último mandato recordó en su intervención que es necesario dotar a la Administración de Justicia de más medios humanos y materiales. “La apuesta de Lexnet es necesaria pero mucho me temo que no vamos a llegar a lo que quiera el Ministro Catalá, de hecho ya para el 1 de enero, Andalucía ya ha comentado que no llegará a tener digitalizado sus notificaciones”, apuntó. A este respecto recordó que la interoperabilidad es necesaria, al igual que “fomentar la gestión de la administración de justicia con criterios empresariales”, destacó.

El principal problema que señaló el presidente del CGAE es el de la falta de unas estadísticas fiables en estos momentos. “No hay nueve millones de asuntos que entran en los Tribunales, esos datos, como ya dijo el anterior FGE, Eduardo Torres-Dulce, muchos menos”; indicó.  A su juicio sin tener esos datos fiables no se puede actuar sobre la Justicia realmente y ver qué cambios hay que hacer. En su opinión lo que habría que hacer es promover entre todos los operadores jurídicos (jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, abogados y procuradores) y el Gobierno, un sistema de tratamiento de datos de todos los procesos judiciales, que facilite la unánime consideración de las estadísticas de la Justicia en nuestro país como fiables y reales.

Problemas económicos de la Asistencia Jurídica Gratuita

Otra de las peticiones que hace el CGAE al partido o partidos que resulten vencedores de las próximas elecciones generales tiene que ver con la Asistencia Jurídica Gratuita. “Queremos que este sea un servicio público con la misma calidad de siempre, lo que debe mejorar es su retribución económica”; apuntó el presidente de los abogados. Sin embargo, es justo reconocer que en la última década los abogados del turno de oficio han sufrido muchos recortes de todo tipo. “Es fundamental que se garantice  el sagrado Derecho a la Defensa de los más desfavorecidos”, comentó.

Desde el CGAE se pide que se mantenga el servicio en las mismas condiciones y con el mismo sistema, en el que los Colegios son los valedores del trabajo de los abogados “lo importante es asegurar los pagos, una retribución digna y que se garantice la cercanía e inmediatez en la prestación del servicio en todas sus instancias (territorialidad)”, insistió. Curiosamente el tema de las tasas judiciales y el dinero recaudado por el Estado que asciende a más de 600 millones de euros, fue un tema que Carnicer no abordó pese a que la Ley de tasas señala que ese dinero iría a financiar la Justicia Gratuita.

Quien ha seguido a Carnicer en estos últimos quince años se ha dado cuenta que una de sus obsesiones legislativas ha sido siempre, y con razón, proteger el derecho a la defensa. “El Derecho de Defensa consagrado en los artículos 17.3 y 24 de la Constitución representa uno de los derechos más sagrados de todos, pues garantiza el acceso a los demás. Sin embargo aún no ha sido debidamente regulado, por lo que nuestro sistema de Justicia está incompleto”, ha comentado en algunas ocasiones.

En esa regulación que está pendiente, el propio CGAE señala que sería necesario impulsar el asesoramiento y la defensa jurídica, garantizando así el Derecho Fundamental de Defensa, y reforzando otros derechos y obligaciones conexos a éste, como la formación, la confidencialidad de las conversaciones entre abogado y cliente, la inviolabilidad de las comunicaciones, la deontología o el secreto profesional. A su juicio es necesario “constitucionalizar las actividades de los abogados en funciones de defensa y reforzar el papel constitucionalmente reconocido a los abogados como garantes del Derecho de Defensa jurídica.”

Para el propio Carlos Carnicer la manera de resolver este déficit es promulgar una Ley Orgánica del Derecho de Defensa -dado que se trata del desarrollo de un derecho fundamental, constitucionalmente protegido-, acordada a través del diálogo y el consenso, con las contribuciones de la Abogacía y otras profesiones garantes de dicho derecho.

Gobiernos y Colegios Profesionales

Otra de las cuestiones que preocupa a la abogacía es la persecución que desde hace años vienen sufriendo los colegios profesionales desde los diferentes Gobiernos. “A última hora el anteproyecto de Servicios y Colegios Profesionales se retiró de la mesa pero estamos convencidos que el Gobierno que salga de las urnas volverá a cuestionar la viabilidad de los Colegios, elementos claves, por otro lado, para el ejercicio de determinadas profesiones”; apuntó.

A pregunta de este periodista, sobre los problemas del CGAE y diversos Colegios de Abogados con Competencia, recordó Carnicer que “nosotros en vía contencioso administrativa hemos reclamado porque creemos que tenemos razón, porque no podemos olvidar que la Justicia Gratuita es un servicio público”, indicó. A su juicio, sería bueno que la futura ley que surja para regular los Servicios y Colegios Profesionales surja del consenso y puedan opinar los propios colegios profesionales.

Desde el CGAE se observa que es fundamental garantizar la independencia y viabilidad de los Colegios Profesionales, constitucionalmente reconocidos (art. 36 C.E.), así como la calidad de los servicios de defensa jurídica en nuestro país, asi como proteger la independencia y autonomía de las corporaciones frente a intentos de control no justificados.

Al mismo tiempo se reclama mantener la  colegiación única con criterio de territorialidad, que permita el control deontológico, de participación colegial, de censo y de eficacia del Turno de Oficio, así como mantener la unidad de la profesión de la Abogacía, sin rupturas ni divisiones de la misma atendiendo al empleador.