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04 de DICIEMBRE de 2015

Reformar… pero, sobre todo, cumplir

LAWYERPRESS

Por Helena Arronis, Premio Scevola 2015

 

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”. – Abraham Lincoln

Helena Arronis, Premio Scevola 2015Hablar sobre nuestra Constitución, en general, y su reforma, en particular, está de moda. Y qué bien que así sea, porque cuanto más debate haya, y más propuestas se formulen, más cerca estaremos de inventar un modelo de sociedad más justo, equitativo, sostenible y solidario.

En efecto, la Constitución de 1.978 es la norma superior que configura nuestro modelo de Estado, y marca los límites que ha de respetar el resto de normas que componen el ordenamiento jurídico. Y, ¿es necesario reformarla? Es evidente que la España de 2.015 afronta realidades, necesidades y retos distintos de los que tenía hace 37 años. También hay que tener en cuenta que, por circunstancias históricas, nuestra Constitución fue incapaz de desarrollar, en detalle, elementos básicos para el adecuado progreso de un Estado. Entre ellos, el más evidente en la actualidad es la definición del modelo territorial.

Así, Derecho y Sociedad van de la mano. La conciencia social general va marcando las pautas respecto a cómo deberían regularse las relaciones jurídicas básicas. Pero, mientras la sociedad española, implicada en los asuntos de Estado, va perdiendo el miedo a abordar una reforma, y la reclama, los partidos políticos tradicionales no se atreven a plantear propuestas serias. ¿Miedo, incompetencia, o irresponsabilidad? Lo cierto es que por ignorarlo, el problema no desaparece, se agudiza.

Quizás no es viable abrir un proceso constituyente en la actualidad. Quizás no es factible, ahora, una reforma en profundad. Pero, quizás ni siquiera esto es necesario. Pues no olvidemos cuáles son los principios inspiradores sobre los que se asienta nuestra Constitución. Estos son la justicia, la libertad y la seguridad, siendo la voluntad de la Nación:

            “[…] Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes       conforme a un orden económico y social justo.

            Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.

            Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.

            Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.

            Establecer una sociedad democrática avanzada, y

            Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz     cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”. (Preámbulo de la Constitución de      1.978)

Así pues, sin necesidad de sustituir nuestra Carta Magna por otra, hay cambios que deberían afrontarse sin más demora en la próxima legislatura. Los partidos políticos deberían suscribir un Pacto de Estado por el que se comprometerían a llevar a cabo, al menos, las siguientes reformas en la Constitución: i) la recepción en la Constitución del proceso de construcción europea; ii) la reforma del Senado; iii) la reforma del régimen electoral; y, iv) la supresión de la referencia a la Iglesia Católica en el artículo 16.3 de la Constitución.   

Sin embargo, es cierto que para abordar otras cuestiones, mayores dosis de energía vamos a necesitar: ¿Estado Autonómico o Federado? ¿Monarquía o República? No obstante, por muy complejo que sea el debate, éste resulta ineludible. ¿Y, la fórmula para afrontar tal reto? Analizar, repensar, dialogar y escuchar, junto con una auténtica voluntad política por avanzar.

A pesar de todo ello, conviene estar alerta y evitar despistes. La situación de crisis generalizada que atraviesa nuestro país, con el incremento de la desigualdad social, requiere de medidas urgentes. Medidas que no necesitan de reforma constitucional alguna. Despolitizar la justicia y garantizar la independencia del Poder Judicial; luchar contra la corrupción; reformar las Administraciones Públicas, racionalizando los recursos, para hacerlas más productivas y eficaces; reforzar la libertad de los medios de comunicación; luchar contra el calentamiento global; fortalecer las instituciones incrementando la transparencia; promover la regeneración democrática (fomentando, por ejemplo, la democracia interna de los partidos; las listas abiertas; limitar el aforamiento; o el cumplimiento del régimen de incompatibilidades); reformar la Ley del indulto; dotar a la Justicia de medios materiales y personales; o elaborar un Sistema Educativo de calidad, son sólo algunas de las asignaturas pendientes que cualquiera que sea el Gobierno que se forme tras el 20-D tendría que abordar.

En fin, conviene no olvidar que nuestra Constitución de 1.978 es mucho más que la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Supone la recuperación de la libertad. Representa a una sociedad que defiende la democracia, los valores, derechos y deberes fundamentales. Y es símbolo del consenso político y social. Tomemos como inspiración estos principios y reclamemos más esfuerzo a los políticos para afrontar los retos de la España actual.

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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