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 La corrupción está apareciendo reiteradamente en los actos y debates electorales
que se están llevando a cabo estos días por los diferentes partidos que
concurren a las elecciones generales del 20 de diciembre. A nadie se le escapan
a estas alturas las nefastas consecuencias de la corrupción en el desarrollo
económico de nuestro país y en la confianza ciudadana en las instituciones
públicas y la necesidad de abordar decididamente esta lacra de nuestra
democracia.
Para facilitar a los partidos políticos medidas para prevenir y combatir la
corrupción política e institucional, hace unas semanas, Transparencia
Internacional España envió a los principales partidos políticos que concurren a
estas elecciones generales un conjunto de 100 propuestas elaboradas por
diferentes expertos de la judicatura, la fiscalía, las fuerzas y cuerpos de
seguridad, los organismos de control y oficinas antifraude, las universidades y
las ONGs. 40 de estas medidas tienen un carácter general con el fin de prevenir
la corrupción política e institucional y las 60 restantes están específicamente
orientadas a la lucha contra la corrupción en la contratación y las subvenciones
públicas.
Este amplio elenco de medidas propuestas persigue prevenir la corrupción
política e institucional desde diferentes perspectivas. Algunas de ellas se
inspiran en buenas prácticas ya existentes en otros países, otras son el
resultado del análisis de la eficacia de medidas ya en vigor en España o de
nuevos problemas detectados. Las medidas propuestas por Transparencia
Internacional España complementan y refuerzan las medidas que se han ido
impulsando por las diversas administraciones públicas en los últimos años,
algunas de las cuales se han traducido en la aprobación o modificación de
diversas leyes, y que están teniendo una eficacia muy diversa.
Del conjunto de medidas propuestas por Transparencia Internacional para luchar
contra la corrupción podríamos destacar por su interés o novedad las siguientes:
En primer lugar, la desvinculación de los cargos públicos de los partidos
políticos, por ejemplo, prohibiendo el nombramiento de políticos para cargos en
órganos de control y de regulación, despolitizando la elección de los miembros
de las instituciones del estado como el Tribunal Constitucional o el Consejo
General del Poder Judicial o estableciendo límites temporales y plazos para el
ejercicio de cargos públicos.
En segundo lugar, la profesionalización de la gestión pública, eliminando de los
sistemas de libre designación a aquellos cargos que supongan el control de
legalidad o de la gestión económica o modificando el sistema de designación de
los fiscales previsto en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En tercer lugar, el refuerzo de los mecanismos para la prevención de los
conflictos de intereses estableciendo un régimen estricto de incompatibilidades
de los cargos públicos en todos los niveles territoriales, regulando mejor los
mecanismos para evitar las ‘puertas giratorias’ o legislando sobre la actividad
de los grupos de interés o lobbies.
En cuarto lugar, el incremento de la transparencia pública incluyendo en la Ley
de transparencia a las fundaciones y empresas de los partidos políticos,
permitiendo el acceso y las consultas en las reuniones públicas de los
ayuntamientos o difundiendo las agendas de los cargos públicos
y, en especial, de sus relaciones con las empresas
durante sus mandatos.
En quinto lugar, la ampliación de las medidas de sanción previstas en la
legislación vigente, por ejemplo, creando nuevos delitos como el de
enriquecimiento ilícito, previendo un régimen sancionador por el incumplimiento
de las obligaciones de transparencia de la ley, reforzando la cooperación
internacional en materia de corrupción o exigiendo la responsabilidad civil
solidaria a los partidos políticos a los que pertenezcan los altos cargos
condenados por delitos de corrupción.
En sexto lugar, el fortalecimiento de los mecanismos de control y, en
particular, de las medidas de control social, por ejemplo, previendo mecanismos
para la denuncia ciudadana de la corrupción, estableciendo programas de
clemencia para funcionaros públicos y ciudadanos que denuncien casos de
corrupción o utilizando las TIC para investigar casos de corrupción.
Además, en el ámbito de la contratación y las subvenciones públicas -ámbitos
particularmente afectados por la corrupción- desde Transparencia Internacional
España se han propuesto medidas especificas que persiguen incrementar la
transparencia para favorecer la concurrencia y la rendición de cuentas (por
ejemplo, creando un portal único de información sobre licitaciones en curso,
eliminando el procedimiento negociado sin publicidad, difundiendo información
sobre subcontrataciones y modificaciones contractuales, facilitando la
reutilización de la información contractual o creando oficinas de transparencia
en la contratación pública), fortalecer los comportamientos éticos y la
profesionalización (por ejemplo, excluyendo la posibilidad de que en las mesas
de contratación haya representación política; reforzando la figura del
responsable del contrato, incrementando la formación de los empleados públicos o
impulsando la firma de pactos de integridad para fomentar el comportamiento
ético en la contratación pública), mejorar los mecanismos de control (por
ejemplo, reforzando la fiscalización previa, consolidando el sistema de
tribunales administrativos, ampliando la legitimación activa para interponer el
recurso especial en materia contractual, creando una agencia de integridad
pública o creando canales para la denuncia de casos de corrupción y protegiendo
a los denunciantes) y perfeccionar la legislación vigente (por ejemplo,
codificando la normativa de contratación pública, estableciendo la obligación de
que las empresas adjudicatarias de un contrato se hagan responsables de los
sobrecostes injustificados, impulsando la contratación electrónica o incluyendo
la exigencia de anulación de los contratos públicos afectados por casos de
corrupción).
Los partidos políticos han incorporado algunas de estas medidas en sus programas
electorales. Corresponde ahora a la ciudadanía conocer cómo los partidos
políticos nos proponen hacer frente a la corrupción -que aún hoy constituye el
segundo problema de los españoles como nos recuerda periódicamente el barómetro
del CIS- y votar en consecuencia. |
