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 Érase una vez un colectivo de profesionales que iban cantando y brincando
alegremente por el bosque. Iban a llevarle leche y pastas a su abuelita en un
soleado día del mes de octubre cuando, de pronto, se encontraron a un lobo feroz
que con amables palabras les convenció para que se apartaran del sendero y
recogieran flores por el bosque para llevárselas a su abuelita. Mientras el
colectivo se entretenía buscando las flores, el lobo se adelantó y fue a casa de
la abuelita, quien se encontraba esperando al colectivo y confiada abrió la
puerta. Vamos a ahorrarnos el drama porque todos sabemos como acaba el cuento.
El pasado 6 de octubre vino el lobo, es decir, se
aprobó la Ley 42/2015 de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de 7 de
enero, de Enjuiciamiento Civil, en cuya Disposición final undécima se incluye el
mandato para elaborar los proyectos que regulen la capacidad profesional exigida
a los graduados sociales para actuar ante la Jurisdicción Social así como los
desarrollos normativos necesarios para la adaptación del marco legal que
posibilite su acceso al sistema de representación técnica gratuita, conteniendo
el citado Proyecto la obligación de constituir en el plazo de tres meses una
Comisión Mixta formada por representantes del Consejo General de la Abogacía y
del Consejo General de Graduados Sociales, de la que formarán parte los
expertos, en igual número, que designe el Ministerio de Justicia.
En resumen, que los graduados sociales van a acceder al turno de
oficio asumiendo asistencia jurídica y defensa de los justiciables en el marco
de la Jurisdicción Social.
Opiniones de todo gusto se han escrito ya a propósito de esta
reforma. Por citar las más destacadas, D. Joaquín Merchán Bermejo,
Vicepresidente 2º del Consejo General de Graduados Sociales decía en un artículo
publicado el pasado 25 de noviembre en Legal Today que “Los estudios de Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, constan de cuatro cursos y 240
créditos, y responden a una preparación especializada en una materia, la laboral
y de Seguridad Social, mientras otros Grados saldan este conocimiento con un
pequeño número de créditos, circunstancia esta que nos hace ser la referencia en
esa área del derecho.”
Sin embargo, hemos de disentir de dicho argumento pues, tal como
manifestaba nuestro Iltre. Decano, D. Pascual Valiente Aparicio, los abogados
somos los únicos profesionales que tenemos un conocimiento jurídico global, es
decir, que estamos capacitados para intervenir en todas las áreas del Derecho.
El ejercicio del Derecho no se puede fragmentar, todos lo
sabemos, y la Jurisdicción Social no es distinta en este punto. ¿Cuántas veces
nos encontramos que la empresa demandada está en concurso? ¿O que existe la
posibilidad de depurar responsabilidades empresariales en la jurisdicción civil
o incluso penal? A mayor abundamiento, para la configuración de una defensa
basada en argumentos jurídicos más amplios como puede ser el fraude en la
contratación o la nulidad de una cláusula del contrato, por no hablar de la
ejecución de sentencias, es indispensable una sólida formación en derecho civil
de la que, dicho con todos los respetos, carecen los graduados sociales.
Por ello, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos, que somos los
únicos profesionales que nos encontramos en condiciones de garantizar el derecho
de defensa en su integridad, en la Jurisdicción Social y en todas las demás.
Dicho lo cual, ¿Qué estamos haciendo los abogados para que esta
reforma no siga adelante? Pues hasta la fecha ya os lo digo yo, no hemos hecho
NADA.
Quizá hemos de empezar haciendo autocrítica, buscando las razones
de este inmovilismo en que la Jurisdicción Social siempre ha sido vista por
nuestra profesión como la hermana pequeña de la lustrosa Jurisdicción Civil,
relegada a un segundo plano, denostada incluso por nosotros. Se la hemos
“regalado” poco a poco a los graduados sociales, que se han ido haciendo fuertes
en ese feudo. Y, como no podía ser de otra manera, ahora quieren cruzar los
límites.
“Estamos hablando con el Ministerio y negociando para detener esa
reforma”, comentaba el pasado mes de julio D. Carlos Carnicer, presidente del
CGAE, en la presentación del IX Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita
Abogacía Española-La Ley, pues bien, a la vista está que las negociaciones han
resultado infructuosas puesto que la reforma ya está en marcha. La abogacía
institucional tiene el deber de actuar, hay que tomar nuevas medidas en aras a
reivindicar lo que es nuestro y eso está claro. Pero, ¿Qué pasa con cada uno de
nosotros? ¿Qué pasa con los profesionales que vemos cómo nos van a comer el
terreno de manera inminente? ¿Nos vamos a quedar recogiendo flores?
Queridos compañeros, os invito a abandonar el pasotismo generalizado que se
encuentra instaurado en nuestra sociedad en pro de nuestros derechos, vamos a
defender por una vez lo que es nuestro, vamos a movilizarnos antes de que nos
quiten lo que tenemos por formación, por tradición y por Ley porque, señores, el
lobo ya está aquí. |
