La
Federación de Asociaciones de Criminólogos de España (FACE) reclama al Gobierno
el reconocimiento de su especialidad profesional y su incorporación a la
Administración pública en igualdad de condiciones, a fin de favorecer tanto la
prevención de acciones delictivas como la mejora de la convivencia social, muy
en particular en el ámbito penitenciario.
En este
contexto, el pasado mes de noviembre la FACE presentó un recurso de reposición
–ahora desestimado- contra la Orden INT/2296/2015, del Ministerio del Interior,
que convoca las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de
acceso libre, en el Cuerpo Superior de Técnicos de Instituciones Penitenciarias,
especialidades de Juristas y Psicólogos.
Entiende
la FACE que, atendiendo a la concordancia del temario de las oposiciones con el
Plan de estudios del Grado en Criminología tras la adaptación del sistema
educativo universitario a lo establecido por el llamado Plan Bolonia, que prima
las competencias profesionales, debería respetarse lo dispuesto en el artículo
23.2 de la Constitución Española sobre el derecho de todos los ciudadanos al
acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.
La última
reivindicación de la FACE es la consecución de plazas de criminólogos en
Instituciones Penitenciarias, porque, en palabras de Pedro Campoy Torrente, su
portavoz, “se cree firmemente en la aplicación de los conocimientos
criminológicos y en la mejora de la reincidencia delictiva y reintegración de
penados en la comunidad como vía de mejora de la sociedad actual”.
En una
comunicación con salida el día 7 de enero, el departamento que dirige Jorge
Fernández Díaz confirma que desestima el recurso, dado que, de acuerdo con la
Ley 39/70, de 22 de diciembre, se incluían los conocimientos en Criminología
como un requisito para acceder al Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias
(CTIIPP). No obstante, para la FACE esta “regulación preconstitucional” ha sido
reformada por el Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, que señala que
las especialidades para el ingreso en el CTIIPP “se encuadran dentro de las
siguientes áreas: jurídica, de ciencias de la conducta y gerenciales”, y, como
señala la comunicación de desestimación del recurso, “no ha sido objeto de
desarrollo reglamentario, manteniéndose en su integridad la situación
precedente”.
“Ningún
reproche puede hacerse jurídicamente a los argumentos mediante los cuales se
desestima el recurso”, señala Campoy Torrente, quien, sin embargo, subraya que
en la propia comunicación del Ministerio del Interior se recoge que el que las
plazas convocadas se ajusten a derecho “no es óbice para que una vez que se
proceda al desarrollo reglamentario del artículo 2.2 de la Ley 39/70, de 22 de
diciembre, en su redacción dada por el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de
diciembre, y se materialicen las adecuaciones que, en su caso, procedan en las
correspondientes Relaciones de Puestos de Trabajo de la Secretaría General de
Instituciones Penitenciarias, se analice y valore dicha posibilidad (de recoger
en el catálogo a los/as criminólogos/as)”.
Con todo,
la FACE ha interpuesto un recurso de reposición contra la convocatoria de
pruebas selectivas para cubrir puestos de juristas y psicólogos al considerar
que el 80% del temario es coincidente con conocimientos del Grado de
Criminología. Esta Federación también cree necesaria la incorporación de
criminólogos a la Administración porque, en su opinión, se ha creado una
titulación sin salidas profesionales y porque “se están desperdiciando los
conocimientos adquiridos por unos veinte mil titulados en Criminología que
existen en nuestro país”.
La FACE
engloba a la mayor parte de asociaciones profesionales de criminólogos de
España. Ha participado de manera activa en la creación de los dos primeros
Colegios Profesionales de Criminólogos de la Comunidad Valenciana y del
Principado de Asturias. Actualmente sigue trabajando en la creación de más
colegios profesionales. La FACE lleva trabajando por el futuro profesional de
los criminólogos desde su creación en 1989 y posterior reorganización en 1995.
Entre sus logros se encuentra la oficialización de los estudios de Criminología,
a través de la Licenciatura de Criminología del año 2003 y el posterior Grado
Oficial Universitario desde 2008.