La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado hoy nombrar a un magistrado en comisión de servicio con relevación de funciones como medida de refuerzo para el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que instruye la llamada “operación Púnica”.

El magistrado designado es el juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Alejandro Abascal Junquera, actualmente destinado en el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid y que era uno de los tres candidatos preseleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

La designación de Abascal, que se incorporará al Juzgado por un plazo de seis meses prorrogables, ha contado con el voto favorable de 6 de los 8 miembros de la Comisión Permanente.

La vocal Mar Cabrejas ha votado a favor de la candidata Coro Monreal, titular del Juzgado de Instrucción número 34 de Madrid, y el vocal Rafael Mozo ha votado en blanco.

El pasado 23 de octubre, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Eloy Velasco, solicitó el refuerzo ante la “acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas” que se instruyen en este órgano judicial “y particularmente en relación al procedimiento DPA 85/2014 en la denominada ‘operación Púnica’”.

Tres días después, la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó y convocó la comisión de servicio, a la que optaron diez candidatos. El 23 de noviembre de 2015, la misma Sala de Gobierno seleccionó a tres de ellos, sin orden de preferencia, y remitió la propuesta al Consejo General del Poder Judicial.

El tercer candidato seleccionado, además de Abascal y Monreal, fue el titular del Juzgado de Instrucción número 36 de Madrid, Juan Antonio Toro Peña.

La propuesta de conceder una comisión de servicio como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6 cuenta con el informe favorable del Servicio de Inspección, que considera necesaria la medida para poder llevar a cabo en condiciones aceptables la instrucción de las DPA 85/2014 y de las demás causas de las que conoce el órgano judicial. El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la preceptiva autorización económica.