Los ministerios de Justicia, Interior y Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad han firmado un convenio de colaboración con la Fundación Europea
por las Personas Desaparecidas QSDGlobal encaminado a establecer un marco
estable de colaboración para la búsqueda de personas desaparecidas, la
prevención de situaciones de riesgo, la atención a las familias y la
sensibilización social sobre esta causa que afecta en España a más de 10.000
familias.
En el ámbito de sus competencias, el Ministerio de Justicia se compromete a
apoyar las iniciativas en esta materia relacionadas con las búsquedas y
desapariciones internacionales y a facilitar información de carácter legal.
Dentro del marco previsto en la legislación procesal y en la legislación
vigente en materia de protección de datos, el Ministerio del Interior
informará sobre las denuncias de personas desaparecidas para contribuir a la
difusión de las búsquedas, creará proyectos de índole formativo para las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y coordinará las actuaciones de
difusión pública, actuación de búsqueda y prevención de nuevas
desapariciones.
Por su parte, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se
compromete a coordinar actuaciones que redunden en la atención a las
familias de personas desaparecidas, a la protección de grupos vulnerables y
a facilitar las ayudas susceptibles de paliar situaciones de daño o
sufrimiento relacionadas con las búsquedas y desapariciones.
La Fundación QSDGlobal aportará una ayuda directa y continuada en la
búsqueda de personas desaparecidas. Asimismo, describirá la naturaleza de
las iniciativas y proyectos, los requisitos, las necesidades y el alcance
esperado, de manera que las respectivas secretarías de Estado puedan valorar
la posibilidad de facilitar su implementación o contribuir a su desarrollo.
Para que se pueda conseguir la colaboración necesaria, se creará una
comisión de seguimiento y control constituida por un representante de cada
una de las partes firmantes. El convenio tendrá una duración de 5 años.
Durante el acto de firma del convenio, que ha contado con la participación
de la secretaria de Estado de Justicia, Carmen SánchezCortés; el secretario
de Estado de Seguridad, Francisco Martínez; la secretaria de Estado de
Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero; y el presidente de la
Fundación QDSGlobal, Francisco Lobatón, la representante del Ministerio de
Justicia se ha referido a la tragedia que la desaparición de una persona
supone para sus allegados, así como el dolor y la inseguridad personal y
jurídica de no saber nada del desaparecido. Ante esta situación, ha
destacado el deber y la responsabilidad de las instituciones públicas de
llevar a cabo las gestiones necesarias, poniendo todos los medios
disponibles, para hallar a las personas desaparecidas y mejorar la atención
a las familias de las víctimas.
Carmen Sánchez-Cortés considera que el convenio recién firmado supone una
respuesta global a este fenómeno ya que favorecerá el desarrollo de medidas
normativas, operativas, policiales y de mejora en el tratamiento de las
desapariciones y asistencia a los familiares. La secretaria de Estado de
Justicia ha resaltado la importancia que tienen para esta materia algunas de
las iniciativas legislativas en las que ha trabajado su departamento, como
el Estatuto de la víctima del delito, aprobado en abril del año pasado.
En este sentido, ha resaltado cómo esta ley incluye por primera vez y de
forma expresa a los familiares de las personas desaparecidas como víctimas
indirectas, amparándoles en los servicios de información, asistencia y apoyo
con una evaluación individualizada encaminada a la adopción de medidas
adecuadas a sus circunstancias concretas.
Igualmente, la creación de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del
Delito ha permitido la mejora de la respuesta institucional de los poderes
públicos ante las víctimas, constituyendo un valioso instrumento de apoyo a
los familiares de las personas desaparecidas. Estas oficinas permitirán
diseñar los protocolos específicos y las guías de actuación al servicio de
los familiares.
Sánchez-Cortés ha mencionado también otros avances legislativos como el
recogido en la Ley de Jurisdicción Voluntaria que, basándose en la
modificación del artículo 181 del Código Civil, permite que una persona
desaparecida cuente con un defensor nombrado por el letrado de la
Administración de Justicia a instancia de la parte interesada o del
Ministerio Fiscal, que le represente en los juicios y negocios que no
admitan demora sin que se produzca un perjuicio grave.
Por último, y ante el carácter internacional y transfronterizo de algunas de
estas desapariciones, la secretaria de Estado de Justicia ha reafirmado el
compromiso de su departamento por seguir impulsando las iniciativas más
adecuadas en el ámbito de sus competencias en materia de cooperación
jurídica internacional.