El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha ordenado prisión provisional,
comunicada sin fianza para el empresario investigado (imputado según la
denominación previa a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) en el
'caso Emarsa', que se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la
investigación.
Roca Samper, cuya extradición por Moldavia se realizó el viernes, ha comparecido
hoy ante la magistrada instructora para responder de las dos piezas en las que
está imputado: la principal (por delitos de malversación, falsedad y contra la
Hacienda Pública) y la pieza separada número 6 en la que se investiga un delito
contra la Hacienda Pública.
El detenido se ha acogido a su derecho a no declarar. Se han celebrado sendas
comparecencias de prisión. La jueza, a petición del la Fiscalía, a la que se han
adherido todas las acusaciones, ha acordado prisión provisional comunicada sin
fianza.
La instructora tiene en consideración la falta de arraigo en España del imputado
así como su habilidad para moverse en el extranjero. No descarta que esté
“vinculado con organizaciones criminales que no solo han facilitado su vida sino
que le han ayudado a estar evadido de la Justicia española” durante más de cinco
años en los que ha viajado a Rumanía, Moldavia, China, Bulgaria, Malta o
Andorra. La magistrada, que recuerda que “se ha perdido el rastro del dinero
defraudado”, no descarta que el detenido pudiera intentar destruir pruebas o
influir en testigos antes de la celebración del juicio.
Según recoge la jueza en el auto, la finalidad de su decisión es garantizar su
presencia en el juicio y “evitar la comisión de nuevos delitos por el Señor
Roca, pues de su trayectoria profesional se infiere que su único modo de vida es
el delito”. A este respecto, añade que “por todos los países que ha pasado se le
han abierto procesos penales, llegando a cumplir pena en Moldavia”.
Jorge Ignacio Roca Samper, en busca y captura desde enero de 2012, fue arrestado
en la República de Moldavia en julio pasado, tres meses antes de que comenzara
el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de
un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010)
detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa
Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).
La vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la
Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, se
suspendió tras su detención en Moldavia. La Sección 1ª acordó devolver la causa
al Juzgado número 15 para practicar una instrucción complementaria cuando el
prófugo fuera extraditado.
La extradición de Roca Samper se materializó el pasado viernes, después de que
haya terminado de cumplir la condena de diez meses de prisión que le fue
impuesta por la Justicia de Moldavia por un delito de falsedad documental por el
que fue detenido el pasado mes de julio y juzgado en octubre.
Roca, imputado en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la
depuradora de Pinedo desde marzo de 2011, ha estado en ignorado paradero durante
toda la instrucción. En enero de 2012, el magistrado instructor amplió la
imputación que se dirigía contra él con nuevos hechos y delitos y días después,
el 9 de enero, dictó orden de búsqueda y detención internacional.
El empresario fugado, al que el juzgado del “caso Emarsa” nunca ha podido
interrogar, fue arrestado durante un registro domiciliario en la localidad
moldava de Corjova, haciendo uso de una identidad falsa. Los agentes, que
investigaban a un grupo de personas dedicadas a la confección de pasaportes
falsos para ciudadanos extranjeros, comprobaron que quien decía ser Botnari
Gheorgii Alexandre era en realidad Jorge Ignacio Roca Samper, cuya orden de
busca y captura dictada por España figuraba en las bases de datos de Interpol.
En la pieza principal del “caso Emarsa”, cuyo juicio quedó en suspenso tras la
detención del empresario hoy encarcelado, están acusados por delitos de
malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación
administrativa y falsedad en documento mercantil, exdirectivos de Emarsa, de
Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad
Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios.
Respecto a la participación de Roca en la pieza principal,la juez considera que
Roca actuó en connivencia con los directivos de la empresa pública e interpuso
sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para
desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y
desbastes entre 2005 y 2010 para “incrementar artificiosamente” el valor de los
trabajos realizados.
De esta forma Emarsa abonó finalmente por la gestión de lodos y desbaste una
cifra superior a diez millones de euros más de lo que costaba el servicio que
efectivamente le era prestado.
La participación del empresario, señala la instructora en el auto de prisión,
“resultó ser imprescindible y necesaria para la consecución de la defraudación
final”.
Tras recibir las facturas emitidas por las empresas del investigado, dedujo las
cuotas soportadas en el IVA reduciendo las deudas tributarias debidas al Erario
Público durante los ejercicios 2006, 2007, 2008 y 2009, y le fueron devueltas a
la entidad por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria española,
cantidades que superan con creces 120.000 euros en cada uno de los ejercicios
fiscales.
En la pieza separada número 6, la jueza considera que Roca emitió facturas por
importe de 667.300 euros que no respondía a servicio alguno y favoreció con ello
que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000
euros.