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 Esta semana se ha conocido el Auto de la AP de Murcia del pasado 17/3/2016 en la
que se procede a la estimación del recurso interpuesto por la Real Federación
Española de Fútbol, en adelante RFEF, revocando el Auto del Mercantil 1 de
Murcia. Veamos los efectos prácticos:
A
modo de antecedente, recordamos que los conflictos entre la normativa de
regulación de la competición deportiva y el Derecho Concursal siempre convergen
en la Disposición Adicional Bis de la Ley Concursal, que fue reformada por la
Ley 38/2011, pero que pese a su nueva redacción al día de la fecha no ha
supuesto solución a las cuestiones controvertidas y recurrentes, recordemos la
norma, en su redacción reformada, establece que en los concursos de entidades
deportivas se aplicarán las especialidades de la ley del deporte, y que en todo
caso la sujeción a la ley concursal no impedirá la aplicación de la normativa
reguladora de la participación en la competición; así las cosas, y a priori, la
lectura del precepto y su tenor es inequívoco, pero en la práctica se ha
producido un alud de resoluciones judiciales, con distintas interpretaciones en
un sentido y en el contrario.
Ahora procede asomarnos al antecedente inmediato, que se produce en la vecina
ciudad de Orihuela donde la AP de Alicante en Auto de 6/9/2013 revocó la del
Juzgado de lo Mercantil 3 de Alicante de 31/7/2012, con la ya reformada DA bis
en vigor. El paralelismo entre ambas situaciones es tal que merecen un somero
análisis:
El Orihuela CF no prestó el Aval exigido en el plazo concedido por la RFEF, por
cuanto por resolución de la RFEF de 17/7/2012 se acordó que no fuera admitido
para competir en la Segunda División B, habilitándolo para hacerlo en una
inmediata inferior, esto es, descenso de categoría. La resolución se recurrió en
alzada ante el Consejo Superior de Deportes quien se declaró incompetente para
resolver la impugnación por tratarse de una actividad federativa, por el club se
acude entonces al Juzgado de lo Mercantil n.3 de Alicante, quien dictó
resoluciones haciendo saber que la competencia exclusiva y excluyente del juez
del concurso, procediendo a comunicar a la RFEF que la exigencia de la
presentación de aval era contrario a la Ley Concursal y requirió a la referida
Federación para que dejara sin efecto la exigencia del aval, y por tanto la
denegación de acceso a la competición en Segunda División B.
Recurrida la resolución del Juez Mercantil de Alicante, ante la AP de Alicante,
esta por Auto de 4/1/2013 estima el recurso manifestando la inexistencia de
conflicto de jurisdicción entre el juez del concurso y la RFEF al entender que
no se ejercitaban potestades administrativas, estableciendo que la exigencia del
aval previsto en el Reglamento de la Federación, no es adoptable con carácter
exclusivo al juez mercantil, por tratarse de un aval exigido para garantizar el
salario de jugadores y técnicos, siendo por tanto este un requisito de
cumplimiento con independencia de que el club se encontrara o no en concurso.
Adicionalmente, el Auto establece que los concursos de entidades deportivas en
competiciones oficiales hará que se apliquen especialidades que, con la reforma
son de aplicación directa y que están encaminadas a evitar el uso indeseado o
abusivo de la Ley Concursal, considerando por tanto la Sala que la normativa
reguladora de la participación en la competición era exigible y por tanto,
vinculaba y obligaba al Orihuela CF como miembro asociado a la RFEF.
Recreada la situación del Orihuela CF, la del FC Cartagena SAD es la misma que
la relatada, conteniendo identidades en criterios tanto de los Juzgados como de
las AA PP cuyos argumentarios coinciden y también los efectos prácticos, pues, a
mi juicio, la reciente resolución de la AP de Murcia 17/3/2016 no va a suponer
respecto al FC Cartagena, ninguna consecuencia sobre la competición en curso,
sin que la exigencia del aval, tal y como ocurrió con el Orihuela, vaya a
suponer un descenso sumario en caso de no aportarse.
Entiendo, en contra de los que están escribiendo reputados autores, que no ha
tiene por qué producirse un requerimiento inmediato de aportación de aval o una
ejecutividad en un plazo inexorable, pues como ya ha ocurrido en otras
ocasiones, y dado el avanzado estado de la competición, cualquier acción de
exigencia de aval y de acción sobre la inobservancia o incumplimiento tendría
mayor trascendencia, no tanto por el impacto mediático, sino por el desorden y
desajuste que produciría en el resto de equipos. La próxima temporada será otro
cantar. |
