El Mercado Alternativo Bursátil (MAB), el hermano pequeño del IBEX-35,
debería ser un instrumento fundamental para las medianas empresas a la hora de
conseguir más músculo financiero en un momento en el que el crédito bancario
lleva congelado años. Es, sin embargo, una figura todavía por descubrir aquí en
España, al contrario de lo que sucede con sus homólogos en Francia y Gran
Bretaña.
Y no es un desconocido solo para la mayoría de empresas sino también por
buena parte del mundo legal. En 2013, por ejemplo, solo un despacho de
abogados estaba acreditado como asesor registrado, Broseta Abogados.
Esta figura, la del asesor registrado, aumenta su importancia en la nueva
regulación que acaba de aprobar el MAB para, por un lado, adaptarse a la
legislación financiera reformada por el Parlamento en 2015 y, del otro, intentar
evitar nuevos escándalos como los protagonizados por Gowex, Zinkia, Negocio o
Bodaclik. Empresas que falsearon sus datos de facturación o su cartera de
clientes durante años sin que los supervisores del MAB lo detectaran a tiempo.
“A partir de ahora el asesor registrado no se limita solo a asesorar a las
empresas en su proceso de incorporación al MAB: ahora deberán manifestar su
opinión, analizar la información que las empresas presentan y manifestarse sobre
la suficiencia de esa información”, explica Jordi Bermúdez, Asociado del
Departamento de Mercantil del bufete Roca y Junyent.
De hecho, se ha ampliado y detallado las funciones de las entidades que son
asesores registrados para aumentar su independencia. “Por ejemplo, no podrán
pertenecer al mismo grupo de la compañía que pretenden asesorar y deben indicar
cualquier vínculo que pueda existir entre sus empleados y la compañía que
asesore”, apunta Bermúdez. “Y aunque parezca de Perogrullo, no podrán
acceder a asesores registrados aquellas entidades que hayan sido sancionadas por
la CNMV”, añade. Otra novedad importante es que a partir de ahora los
asesores registrados deben ser entidades supervisadas por la CNMV o por el Banco
de España.
No acaba aquí el campo que abre para el sector legal –aunque también para
asesorías y auditorías- la nueva regulación del MAB. Porque si hasta ahora solo
era una recomendación que las empresas aspirantes a cotizar en el alternativo
bursátil presentaran una auditoría fiscal y financiera (una due diligence),
este ‘consejo’ ha pasado a ser una obligación. Y esta due diligence
no tiene porque llevarla a cabo una entidad asesora registrada en el MAB,
sino cualquier despacho de abogados especializado en este campo.
Está claro que, aunque hoy en día solo haya 34 empresas cotizando en el MAB
en el sector Empresas en Expansión, la tendencia será la de un aumento
exponencial. Tras las dudas en la continuidad del alternativo que suscitaron los
escándalos antes referidos – dudas alentadas incluso en ese momento, por el
propio ministro de Economía-, el camino seguido ha sido el de reforzar al MAB e
intentar darle un empujón para que todas aquellas empresas con una
capitalización inferior a los 500 millones que lo deseen puedan optar por
esta vía para ser más transparentes, conseguir inversores y un prestigio
internacional como el que dan los alternativos AIM (Gran Bretaña) y AlterNext
(Francia).
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