Julio de 2013. Un Real Decreto modificó la retribución a las renovables para, en
buena parte, recuperarse del déficit de tarifa que ahogaba al Estado: 30.000
millones. Se consiguió. Pero a cambio se abrió la caja de Pandora de la
inseguridad jurídica en el sector de las renovables. Decenas de recursos tanto a
nivel doméstico como internacional fueron presentadas contra la reforma de las
renovables.
“Sí
que ha existido Inseguridad jurídica, si es que no sigue habiéndola,
respecto a las renovables en nuestro país y la mejor prueba es el aluvión de
recursos que están pendientes todavía de resolución en diferentes instancias
jurisdiccionales”,
confirma David Díez, socio responsable del área de Regulatorio de
Watson Farley & Williams en Madrid. “Y no solo a nivel doméstico sino
también en arbitrajes internacionales. Por ejemplo, resulta muy llamativo que
hoy en día en el CIADI [Centro Internacional de Disputas del Banco Mundial]
España sea el país que tiene más demandas de arbitraje por la presunta
vulneración del Tratado de la carta de Energía”, concluye.
Es decir, si nos fijamos en los números, en el montante de pleitos, es un dato
objetivo que España viene de una situación de inseguridad jurídica o de
incertidumbre regulatoria.
Lo cierto, sin embargo, es que a nivel doméstico la totalidad de
pronunciamientos que ha habido tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal
Constitucional han fallado a favor de la reforma realizada por el Gobierno.
Uno de los más significativos, ha sido el recurso interpuesto por la región de
Murcia contra la reforma, argumentando contra el elemento fundamental que afecta
a las renovables. Pero el alto tribunal avaló el decreto que dejaba sin efecto
el modelo retributivo anterior y mandataba al gobierno para aprobar un nuevo
régimen retributivo que sería de aplicación a las instalaciones existentes.
“Hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen tanto los recursos
como las sentencias de los tribunales”, reflexiona Díez. “Veníamos de una
situación de déficit de tarifa acumulado de casi 30.000 millones y de un
compromiso español con la Troika de atajar este déficit de tarifa en el marco
del acuerdo para recibir el rescate financiero. En el ámbito contencioso
administrativo pesa mucho el interés público que se pretende proteger con la
reforma frente al interés particular que representan los productores de energías
renovables”.
Podcast del reportaje disponible en
Derecho Abierto