Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado donde critica con vehemencia
el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP) porque “el tratado
puede provocar efectos muy negativos en los derechos sociales, a causa de las
profundas divergencias de las legislaciones de Estados Unidos y de la Unión
Europea.” JpD también denuncia “la iniciativa de crear un tribunal especial en
materia de arbitraje internacional que sustituiría parte de las competencias
asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos.”
COMUNICADO DE JUECES PARA LA DEMOCRACIA SOBRE EL TTIP Y LA CREACIÓN DE UN
TRIBUNAL ESPECIAL
Las negociaciones sobre el Acuerdo Transatlántico sobre Comercio e Inversión (TTIP)
están provocando una comprensible preocupación en amplios sectores de la
ciudadanía, a causa de los contenidos normativos que se han difundido y del
secretismo en las conversaciones que se están llevando a cabo. El tratado tiene
como objetivo declarado eliminar las barreras comerciales entre Estados Unidos y
la Unión Europea (suprimir aranceles, normativa innecesaria, restricciones a la
inversión, etc.) y simplificar la compraventa de bienes y servicios entre estos
dos espacios.
Sin embargo, el objetivo de generar la mayor zona de libre comercio del mundo
genera sombras inquietantes, pues el tratado puede provocar efectos muy
negativos en los derechos sociales, a causa de las profundas divergencias de las
legislaciones de Estados Unidos y de la Unión Europea, que proceden de culturas
jurídicas muy distintas. Todo ello puede causar el enriquecimiento empresarial a
costa del abaratamiento de la mano de obra y la consiguiente desprotección de
los derechos laborales, bajo el falso alegato de ser más competitivos en el
mercado exterior. También puede afectar al diseño de los servicios públicos y de
las prestaciones sociales. Por otro lado, en materia medio ambiental está
provocando bastante preocupación debido a la diferente regulación
agroalimentaria europea y estadounidense. Y nos parece alarmante que se apruebe
un nuevo marco jurídico de semejantes dimensiones sin la participación y opinión
de la ciudadanía, ni la posibilidad de que las cláusulas del tratado puedan ser
modificadas posteriormente por los distintos estados. Todo ello resulta
especialmente grave si consideramos que el TTIP puede limitar de manera muy
sensible la capacidad legislativa de los estados.
Además, desde Jueces para la Democracia rechazamos la iniciativa de crear un
tribunal especial en materia de arbitraje internacional que sustituiría parte de
las competencias asignadas a los órganos judiciales nacionales y europeos. Dicho
tribunal especial asumiría competencias en materia civil, laboral,
administrativa y fiscal, entre otras materias. Dicha medida representa una
usurpación de las funciones judiciales estatales, caracterizadas por su
independencia e imparcialidad, para adjudicarlas a un organismo vinculado a las
grandes corporaciones económicas y a los gobiernos más importantes del mundo.
La naturaleza de este tribunal especial puede incidir de manera muy negativa en
los derechos laborales, en los derechos de los/as consumidores/as y en las
normas de protección del medio ambiente. Desde Jueces para la Democracia
consideramos que los conflictos jurídicos que puedan surgir en la aplicación de
este tratado pueden ser resueltos de manera efectiva por los órganos judiciales
nacionales y europeos. No existe ninguna necesidad de crear un tribunal especial
de esta naturaleza, a no ser que se pretenda proteger relaciones económicas
privilegiadas. Tampoco resulta admisible que la protección jurídica a los
inversores llegue al extremo de que puedan reclamar ante un Estado y que dicha
pretensión sea resuelta por un tribunal arbitral al margen del organigrama
judicial estatal y europeo. Y recordamos que se pretende que las decisiones de
estos organismos tengan carácter vinculante, lo cual puede provocar graves
perjuicios a la sociedad, sin posibilidad de respuesta efectiva.
Además, como señala la mayor organización judicial alemana, DRB, resulta más que
dudosa la competencia de la Unión Europea para constituir un tribunal especial
de inversiones internacionales al margen de los órganos judiciales ordinarios.
Compartimos plenamente la visión crítica global de la judicatura alemana ante el
tratado. Y también valoramos que no es un buen camino crear tribunales
especiales que solo son accesibles a ciertos grupos de litigantes para que
tengan un trato diferenciado.
Desde Jueces para la Democracia valoramos que las referidas pérdidas de
soberanía no se encuentran justificadas y que obedecen a razones económicas que
no resultan acordes con el interés general. Rechazamos la vulneración de
principios básicos del Estado de Derecho que se puede producir con el tratado. Y
expresamos nuestra voluntad de iniciar acciones con otras organizaciones
judiciales europeas para mostrar nuestra oposición al TTIP.