Nuestro sistema está repleto de contrasentidos, anécdotas tenemos todos. Sino,
que se lo digan a las familias y jubilados que han visto como con el dinero de
sus impuestos el Estado rescataba el banco que les estaba ahogando para que
siguiera haciéndolo. O, por ejemplo, el caso de la Ley de Dependencia que, entre
otros agravios, la prestación a veces se concede cuando el beneficiario ya ha
fallecido.
El
ámbito judicial y el de la abogacía no son ajenos a las incongruencias ni a las
cosas fueras de toda lógica. Por poner unos ejemplos, sigo conociendo casos de
juzgados que hacen todo lo contrario a lo que ordenan en sus propias
resoluciones; otros que condenan en costas al ciudadano alegando que hay que
retribuir los servicios que realmente prestó el Abogado del Estado, cuando éste
ni siquiera compareció en la vista; juzgados que resuelven solicitudes de
suspensión de desahucio semanas después de que se haya producido; otros, que no
nos creen cuando les decimos que no podemos estar en dos juicios a la vez; y
algunos Colegios de Abogados que anteponen el derecho de vacaciones a la
maternidad, paternidad o enfermedad de sus colegiados. Absurdo, ¿no?
Para
mayor inri, en la abogacía TIC también vivimos entre paradojas. Por ejemplo,
¿qué tienen en común la AEPD y el Ministerio de Justicia? Que se contradicen en
lo que pregonan y la tecnología que emplean para hacer cumplir sus mandatos.
Veámoslo.
La
AEPD usa WhatsApp® para divulgar cuestiones de privacidad cuando precisamente
ésta no es la herramienta de la privacidad por antonomasia –por mucho cifrado
que implemente-; y LexNET, proyecto estrella del Ministerio y símbolo de la
modernización de la justicia, está construida con una tecnología que deja mucho
que desear.
Llevamos tiempo hablando sobre los inconvenientes de usar WhatsApp® para la
privacidad de los usuarios; sus carencias en cuanto a la seguridad de los datos;
a la par que recalcamos que hay que cumplir las condiciones del servicios en las
que solo cabe el uso personal.
La
sorpresa apareció cuando la AEPD anunció la celebración de un convenio con el
Ministerio de Educación para impulsar la formación de los menores en privacidad
y protección de datos. A su vez, puso a disposición de los alumnos, padres y
profesores, un teléfono específico con servicio de WhatsApp® para comunicarse
con ellos.
Vaya
por delante que no estoy en contra del qué, sino del cómo. Impulsar la formación
en privacidad es necesario, pero hacerlo con un sistema que no la respeta no
creo que sea lo más acertado.
La
gracia está en que la noticia de la puesta en marcha del WhatsApp® de la AEPD se
publicó justo una semana después de que el TJUE declarara la invalidez del
acuerdo Safe Harbor que afecta, precisamente, a las transferencias de datos
personales fuera de la Unión Europea.
En
protección de datos aún hay más. Pasen y vean: si alguien tiene un solo dato
personal tuyo, para que lo elimine debes facilitarle tres más. Este caso lo
vemos a menudo cuando ejercemos el derecho de cancelación de datos. Por ejemplo,
si en Internet sale publicada una noticia sólo con tu nombre y apellidos, para
que la eliminen debes facilitarles además, tu DNI y datos de contacto.
Como
avanzábamos, otro tanto es el Ministerio de Justicia con LexNET. Se procura una
justicia moderna, adaptada a la era digital, pero implantando tecnologías que
dan verdaderos quebraderos de cabeza, dificultan y obstaculizan enormemente el
trabajo de los profesionales y encima, nos viene con problemas técnicos. Tanto
es así que el CGAE ha reclamado que se pueda compatibilizar la presentación de
escritos en formato digital y en papel hasta que se solucionen los problemas de
LexNET. Petición no suficiente para muchos, pues quieren su suspensión
inmediata.
El
problema de LexNET va más allá de una simple contradicción, hay compañeros como
Verónica del Carpio, José Muelas o Javier de la Cueva que opinan que su
implantación puede ser inconstitucional, ya que es un sistema que controla el
Ministerio de Justicia (el poder ejecutivo), y por tanto, la división de poderes
queda más difusa que nunca; así, el poder ejecutivo tiene acceso a la
información de todos los litigios que se dilucidan en nuestros juzgados y
tribunales; y encima, esta información la proporciona y almacena en servidores
de una entidad privada como Telefónica, con lo que entre otras cosas, se pone en
riesgo tanto la privacidad de los justiciables como la independencia judicial y
la de los abogados. Consideraciones que comparto plenamente.
Si
queréis conocer más profundamente sus impresiones, os recomiendo leer
atentamente y compartir sus posts. Además, José Muelas emprendió una campaña de
recogida de firmas desde change.org para que LexNET no sea un lastre para los
ciudadanos que puedes firmar
aquí.
Yo ya lo hice. Por su parte, Javier de la Cueva ha interpuesto una denuncia
contra el Reino de España ante la Comisión Europea por el sistema LexNET ya que
considera que supone una vulneración de la normativa europea. Puedes conocer el
proyecto completo en
www.denuncialexnet.es)
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