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13 de JUNIO de 2016

XXX Jornadas de la fe pública judicial

LAWYERPRESS

 

En el marco de las XXX Jornadas de la Fe Pública Judicial, celebradas en MÁLAGA el 8, 9 y 10 de junio de 2016, tras los debates de la Asamblea de colegiados, los acuerdos de la Junta nacional y las mesas redondas de este Congreso, el Ilustre Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, viene a formular las siguientes:

 

CONCLUSIONES

PRIMERA.- El proceso de definición de los Letrados de la Administración de Justicia avanza. Las positivas adaptaciones legales de nuestro estatuto y funciones cada día se perfilan más en la ley, en la práctica de nuestros Tribunales, en las decisiones tomadas por las Instituciones de la Unión Europea y por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, dentro del respeto que nos merecen todas las Instituciones democráticas de este país, no deja de sorprendernos seriamente, desde un punto de vista técnico y de oportunidad, la reciente sentencia del TC de 17 de marzo, que contiene importantes imprecisiones y genera dudas de todo tipo. No entendemos como desde una diligencia de ordenación que aplica un criterio expresamente impuesto por los jueces y magistrados, se puede llegar a enjuiciar todo el proceso de reformas legales de los últimos años, plasmado en la LOPJ y en las leyes procesales.

SEGUNDA.- En cualquier caso, desde un punto de vista procesal es evidente, que abrir la vía a la revisión de oficio de cualquier resolución, es incorrecto para cualquier tipo de resoluciones de trámite. El derecho a la tutela judicial efectiva sin dilaciones indebidas, al que se refiere el TC, se  conculcaría abriendo la puerta a una cadena infinita de recursos cuando las leyes procesales ya incorporan otros mecanismos para reaccionar frente a las resoluciones que puedan generar indefensión, sean resoluciones judiciales o de los Letrados de la AJ.

En la misma línea resaltar que en este proceso ante el TC expresamente se declara constitucional la distribución de funciones dentro del proceso, el sistema establecido por la Ley 13/2009, en desarrollo de las previsiones de la Ley Orgánica 19/2003, que atribuye al Letrado de la Administración de Justicia, la que ya es un éxito, nueva oficina judicial.

TERCERA.- Para que el servicio público que prestan los Juzgados de Violencia, y en general, los del orden penal, sea más eficaz es imprescindible, que, como venimos reclamando desde hace años, los datos de los procedimientos que deban ser anotados en el SIRAJ se puedan volcar automáticamente en el mismo desde los distintos sistemas informáticos de gestión procesal, para así agilizar y facilitar el trabajo de las Oficinas Judiciales; y que se articulen debidamente los sistemas de guardias, especialmente de los partidos judiciales en los que existan varios juzgados de violencia sobre la mujer exclusivos.

CUARTA.- Apoyamos decididamente las acciones y actividades del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, y de su Presidenta Dª Ángeles Carmona, como elemento esencial de acción contra la violencia sobre las mujeres, y valoramos muy positivamente sus aportaciones muy especialmente desde que se suscribió el Convenio de Estambul sobre la materia, y sus conclusiones, fruto de la esencial estadística a la que contribuimos desde nuestra posición, y que permite un reflejo en los medios de comunicación esencial y muy necesario.

Para la víctima el procedimiento es muy duro y complejo. Necesita sentirse informada, apoyada, creída y protegida por el órgano judicial y por las instituciones para seguir el íter procesal siempre arduo y difícil. Los Letrados de la AJ de los juzgados tenemos la obligación de informar de sus derechos a la víctima y de todas las vicisitudes que puedan afectar a su seguridad personal, según el Estatuto de la Victima. Es necesario que los medios de comunicación tengan especial cuidado a la hora de difundir las noticias sobre estos delitos, en no utilizar frases que pueden llevar a culpabilizar a la víctima. Pensemos que hay un porcentaje  del 12%, según las estadísticas de denunciantes que se acogen a su derecho a no declarar tanto en la primera declaración como después, retractándose de todo lo declarado.

Apoyamos el acortamiento de los plazos de los procedimientos como medida crucial para la seguridad de las víctimas, y el uso de las nuevas tecnologías que permitirá, como Lexnet y el expediente digital, plazos más cortos en la toma de decisiones y seguridad personal de las denunciantes, como personas más vulnerables, junto a sus hijos e hijas.

QUINTA.- Los Letrados de la Administración de Justicia, venimos ejerciendo desde siempre con absoluta eficacia, nuestra función de coordinación de diferentes Administraciones y colectivos con los órganos de la Administración de Justicia. El último proceso de revisión de causas penales así lo pone de manifiesto. Pero es preciso recordar, que los Letrados de la AJ no tenemos ninguna responsabilidad en la gestión de la Oficina Fiscal, ni en las funciones expresamente encomendadas al Ministerio Fiscal por una Ley de Enjuiciamiento Criminal, a la que hicimos muchas aportaciones que no fueron recogidas.

Naturalmente el Letrado de la Administración de Justicia debe conocer el estado de tramitación de los asuntos pendientes en la Oficina Judicial, y así lo hacemos con absoluta pulcritud, y en similares términos el Ministerio Fiscal debe conocer el estado de las causas en las que interviene y que debe gestionarse en la Oficina Fiscal, y no debe olvidarse que la instrucción de las causas penales le corresponde a los jueces y magistrados, y la revisión a los fiscales. No pueden encomendarse a los Letrados de la Aj competencias que la ley por derivación del esquema funcional y constitucional del proceso penal, en donde debe primar la imparcialidad del órgano judicial respecto de las partes, corresponde a la Fiscalía. Es por ello esencial garantizar esa independencia del órgano judicial y más del Letrado de la AJ, frente a las cargas procesales que pesan sobre las partes procesales sean públicas o privadas.

El MF debe con urgencia entrar en Lexnet para recibir las notificaciones telemáticamente, y tener acceso a lo actuado en la instrucción y que consta en las aplicaciones informáticas de Justicia, como complemento a la de gestión de la oficina fiscal (Fortuny) de manera interconectada. Es la verdadera solución a las necesidades de la fiscalía para cumplir con el 324 LeCrim.

SEXTA.- Invertir en la modernización de la Administración de Justicia supone también invertir en el propio desarrollo económico del país. Invertir en los Letrados de la Aj es invertir en el derecho del ciudadano. Un funcionamiento ágil de la Justicia genera por sí mismo un mayor movimiento económico, mayor seguridad jurídica y, en consecuencia, riqueza económica. La Justicia es un factor clave para el desarrollo de un país y su modernización debe de ser considerada un proyecto transversal.

SEPTIMA.- Como siempre hemos puesto de manifiesto, el CNLAJ ha promovido el uso de la Nuevas Tecnologías en la Administración de Justicia. Pero en este proceso en el que demandamos una escucha activa por parte de las Administraciones responsables, las aplicaciones informáticas que las Administraciones con competencias pongan a nuestra disposición deben permitir gestionar con garantía y eficacia las Oficinas Judiciales digitales; el cumplimiento del plazo legalmente impuesto por la Ley 18/2011 no habilita cualquier sistema de Justicia digital, sino aquél que nos permita dar pasos con seguridad jurídica.

Las Administraciones públicas encargadas de aportar los medios materiales y tecnológicos con que debe contar la Administración de Justicia deben ser conscientes de la necesidad de una adecuada gestión del cambio, ante la envergadura de la transformación que supone el camino hacia la Justicia digital. Planificación, información, formación, acompañamiento y convicción deben ser los puntos cardinales que deben guiar esa gestión, de forma que la transición sea lo más sencilla y asequible para sus destinatarios.

OCTAVA.- El expediente judicial electrónico ha de suponer un cambio de concepción radical del modelo de la Administración de Justicia, ya que, tras una etapa de implementación y consolidación, acabará llevando a un rediseño funcional del procedimiento, con simplificación y acortamiento de trámites y plazos, con los consiguientes cambios legislativos.

NOVENA.- La asunción por los Letrados de la Administración de Justicia del aumento vertiginoso de competencias que se nos atribuyeron a partir de las reformas operadas con las leyes del año 2009, se ha realizado con, prácticamente, iguales efectivos que los que teníamos hace cuatro años; pero teniendo que asistir a un considerable mayor número de personal jurisdiscente y cargas de trabajo. Por ello, demandamos que sigan convocándose oportuna y anualmente oposiciones en las que ya es imperiosamente necesaria la revisión de un programa trasnochado, y que se incremente la plantilla orgánica de acuerdo a las necesidades estructurales, para poder así prestar un mejor servicio público.

DÉCIMA.- Este incremento funcional exige dada nuestra respuesta de calidad, la compensación retributiva ya debida y que justifica nuestra aportación económica a la sociedad con nuestra labor.

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
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