La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha publicado hoy su Memoria
2015,
que recoge de manera exhaustiva la actividad y el funcionamiento de las
distintas áreas de la institución, las tendencias más destacadas, las decisiones
y procedimientos más relevantes del año y un completo análisis de los desafíos
presentes y futuros en materia de protección de datos.
El análisis de la actividad anual refleja un incremento en el número de denuncias y reclamaciones resueltas.
Así, en 2015 se han resuelto 10.871 denuncias frente a las 9.404 resueltas en
2014 (+15,60%). En cuanto a las reclamaciones de los ciudadanos para ejercer sus
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (ARCO), se han
resuelto 2.113 en 2015 frente a las 1.818 de 2014 (+16,23). De estos datos se
desprende que ha habido un incremento medio en la resolución de reclamaciones y
denuncias de un 15,70% respecto a 2014. En lo que respecta a denuncias y
reclamaciones planteadas ante la AEPD por los ciudadanos en 2015, se han
recibido un total 10.571, una cifra que supone una consolidación con respecto a
años anteriores tras el repunte de 2014.
La inserción indebida en ficheros de morosidad y la contratación irregular se
encuentran entre las principales reclamaciones planteadas ante la Agencia
Española de Protección de Datos por los ciudadanos. Uno de cada tres afectados
denunció ante la AEPD cuestiones relacionadas con el ámbito de la morosidad, en
particular la inclusión en ficheros comunes, la reclamación de deudas impagadas
o la
contratación irregular en
servicios ofrecidos por operadores de telecomunicaciones, entidades financieras
o compañías energéticas. En relación con estas conductas es preciso incidir que
la inclusión indebida en ficheros de morosidad produce unos efectos
especialmente negativos para los afectados, por los que las empresas deben
extremar su diligencia antes de comunicar una información inexacta.
En este sentido, el Plan
Estratégico 2015-2019 de
la Agencia, del que se recogen las líneas principales en la Memoria, incluye una
serie de actuaciones centradas tanto en trabajar con las empresas para que
mejoren sus políticas de protección de datos en este ámbito como en orientar al
ciudadano sobre qué puede hacer para reclamar sus derechos. Estas medidas, sobre
las que la AEPD ya está trabajando, incluyen, además de reuniones con los
principales sectores infractores para resolver las deficiencias constatadas y
auditar la implantación de soluciones, una actualización del plan sectorial de
oficio sobre control de datos en contratación telefónica, la elaboración de una
Guía para la presentación de quejas y reclamaciones en telecomunicaciones, la
colaboración con Administraciones y organizaciones sociales orientadas a la
protección de los consumidores y usuarios, y la elaboración de fichas prácticas
para los ciudadanos.
En lo relativo a los procedimientos resueltos iniciados a instancia de
ciudadanos que acuden a la Agencia reclamando la tutela de sus
derechos –habiéndolo ejercitado previamente ante el responsable del tratamiento,
que los ha denegado o no ha respondido- ocupan el primer lugar los
procedimientos de cancelación (1.329) seguidos, por este orden, de los
referentes al acceso (608), oposición (130) y rectificación (97). Estas cifras
ponen de manifiesto, un año más, que los ciudadanos dan prioridad a que las
entidades dejen de tratar sus datos personales cuando así lo solicitan. En el
caso de los procedimientos de tutela por el denominado derecho
al olvido frente a buscadores,
desde la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2014, la
Agencia ha dictado 371 resoluciones, en las que se ha estimado la petición del
ciudadano en 157 ocasiones y desestimado en 82. En 131 casos la petición se ha
inadmitido, ya que los reclamantes no se habían dirigido con anterioridad al
buscador solicitando la cancelación de los datos tal y como exige la
legislación.
En 2015 se atendieron casi 220.000 consultas planteadas
por los ciudadanos a
través de diferentes canales (+10,6 respecto a 2014), de las que hay que
destacar el aumento de las preguntas realizadas a través de la Sede electrónica
de la Agencia, con un incremento del 23,6% respecto al año anterior. Estos datos
ponen de manifiesto la creciente aceptación de los ciudadanos por mantenerse en
contac¬to con la Administración utilizando los servicios electrónicos. En este
sentido hay que mencionar también que más del 90% de las notificaciones del
Registro General de Protección de Datos se realizan a través de internet.
Siguiendo con la inscripción de ficheros en el Registro por
parte de los sujetos obligados,
el año 2015 finalizó con más de 4,1 millones de ficheros inscritos, cifra que
supone un incremento de casi un 10% respecto al cierre del año anterior. De
ellos, 3.950.620 ficheros son de titularidad privada (96,17%) y 157.324 de
titularidad pública (3,82%).
El gabinete jurídico de la AEPD emitió el pasado año 485 informes en los que dio
respuesta a consultas planteadas tanto por órganos de Administraciones Públicas
(305) como por entidades privadas (180). En cuanto a informes preceptivos,
aquellos que tienen como finalidad integrar los principios y garantías del
derecho fundamental a la protección de datos en las regulaciones sectoriales, la
Agencia realizó en 2015 un total de 146. En cuanto a las sentencias de la
Audiencia Nacional recaídas en los recursos interpuestos contra resoluciones de
la AEPD, del total de 201 sentencias dictadas en 2015, un 76% confirmaron los
criterios de la Agencia en cuanto al fondo del asunto.
Las resoluciones declarativas de infracción han descendido un 5% y el total de
las sanciones económicas impuestas en 2015 ha disminuido un 19,35% (13.712.621
euros) con respecto a 2014. Entre las principales causas de esa disminución se
sitúa un descenso (-8,7%) en las infracciones declaradas con sanción económica y
la utilización de la figura del apercibimiento (+26%) para casos en los que no
se impone sanción económica al tratarse fundamentalmente de particulares y pymes
a los que se aplican los criterios de disminución de culpabilidad y
antijuridicidad exigidos en la LOPD, así como el requisito de no haber sido
sancionados o apercibidos previamente.
Las sanciones de mayor cuantía han recaído en empresas de telecomunicaciones
(51% del total), entidades financieras (17%) y empresas encargadas del
suministro y comercialización de energía o agua (8,7%), seguidas de las
infracciones declaradas por comunicaciones electrónicas comerciales –spam-
(6,5%). De estas cifras, en comparación con 2014, hay que destacar la
disminución de las sanciones impuestas a las empresas de telecomunicaciones
(-34%) o a las de los citados suministros (-35%). Por otro lado, el volumen
declarado de sanciones en 2015 sube un 18,7% con respecto a 2014 en el caso de
entidades financieras y un 39% en el caso de infracciones por spam.
En el caso de las Administraciones Públicas, en 2015 se ha producido un ascenso
del 11,7% en el número de infracciones declaradas, con un incremento del 30% en
los procedimientos resueltos, es decir, 78 procedimientos resueltos han dado
lugar a 57 declaraciones de infracción.
La Agencia presentó en noviembre de 2015 su Plan Estratégico 2015-2019, tras
haber recibido en la fase de consulta pública casi 400 aportaciones de
ciudadanos, responsables de tratamiento, expertos en protección de datos y
organizaciones públicas y privadas. En las acciones llevadas a cabo durante 2015
y recogidas en la Memoria destacan las actuaciones de prevención en materia de
educación y protección de los menores, con el lanzamiento de varios
canales de comunicación dirigidos
a jóvenes, padres y profesores; una nueva versión de la web Tú
decides en internet;
y materiales como las guías No
te enredes en internet,
orientada a menores, y Guíales
en internet,
para padres y profesores.
Asimismo, a finales de 2015, la Agencia creó una Unidad de admisión a trámite de
las reclamaciones de los ciudadanos, encargada específicamente de analizar las
denuncias recibidas para permitir, en un breve lapso temporal desde su
presentación, indicar las evidencias en la que la colaboración del reclamante es
necesaria para fundar la reclamación, ofreciendo información sobre cómo pueden
obtenerlas. La creación de esta Unidad tiene como objetivo mejorar la gestión y
la atención a los ciudadanos.