La impunidad judicial a la luz del ‘caso Kokorev’

Publicado el miércoles, 21 diciembre 2016

José Luis Martínez Hens, abogado.

Hace poco más de un año, unos días antes de las vacaciones de agosto previas a las elecciones generales, y por si acaso, Mariano Rajoy promulgó la Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modificaba la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, suprimiendo la responsabilidad civil directa de Jueces o Magistrados; y en su Preámbulo daba una razón que no por cierta es menos bochornosa: “por ser escasísimamente utilizada en la práctica”. Sólo le faltó al legislador sacar a colación el chascarrillo extremeño de que en realidad ‘quien se capa a sí mismo, buenos cojoncillos se deja’.

José Luis Martínez Hens, abogado

José Luis Martínez Hens, abogado

El Gobierno del PP, con todos sus casos abiertos (al igual que los del PSOE) y por si acaso, hizo un guiño más al Poder Judicial, que a su vez es un poder que -mediante el sistema de ascenso de la carrera judicial y de la composición de su máximo órgano, el CGPJ- también está diríamos que influenciado.

De manera que en este país donde por un elefante la impunidad del Rey dejó de ser un derecho divino, nos encontramos con que si un Magistrado en el ejercicio de sus funciones comete un error y causa un perjuicio económico a una persona, quien paga es una gran aseguradora que se llama Estado y la de quienes contribuimos a él con nuestros impuestos.

El dinero es importante en la vida de las personas pero la salud y la libertad (como reza ‘El Quijote’) son dones que dan los cielos hasta que llega un poder terrenal y te los quita. Sin ánimo de entrar en demasiados pormenores, porque no me compete en mi condición de abogado, pero vengo leyendo en prensa (incluido Lawyerpress) de unos meses a esta parte -y me han comentado con seria preocupación algunos operadores jurídicos- el denominado ‘caso Kokorev’.

Una familia española de origen ruso que presuntamente es una mafia según unas conversaciones entre Magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas que recientemente se han filtrado. Presuntamente, porque existen unas Diligencias Previas de 2009 del Juzgado de Instrucción número 5 de Las Palmas de Gran Canaria, donde la Instrucción de Ana Isabel de Vega se está tomando su tiempo, donde va para dos años que se detuvo a estos señores con negocios navieros por un presunto delito de blanqueo de capitales azuzado por el chivatazo de un abogado panameño (Ismael Gerli) que actuaba para la familia, que no debió de quedar muy satisfecho con sus honorarios, y al que se persigue en su propio país por una decena de graves delitos… mientras las autoridades judiciales españolas le dan -hasta hoy al menos- alta credibilidad como testigo.

Hoy ni defensa ni acusados conocen los pormenores del asunto. Se prorroga mecánicamente el secreto de sumario y la prisión preventiva, con Vladimir Kokorev padeciendo graves y multiorgánicos problemas de salud como acredita su historial médico. Y esto “por si acaso”, como le pasó al PP cuando puso negro sobre blanco lo que todo operador jurídico ya conocía: la impunidad en la práctica de un Juez o Magistrado en sus actuaciones, especialmente si cumple con las instrucciones de sus Asociaciones y quiere hacer carrera, porque “de independiente y por libre” puede atarse los machos para un expediente o algo más grave.

Una pena, porque cualquier profesional que no responde sobre sus actos durante 40 años de profesión, poco incentivo tendrá para estudiar, esforzarse y cumplir dignamente una profesión durísima pero que en un sistema tan moralmente corrupto y obsoleto pierde respeto. Incluido, por cierto, el de muchos ciudadanos que se levantan cada día con la exigencia de cumplir debidamente con su trabajo o acatar las consecuencias.

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