Secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García
El despacho de abogados Herbert Smith Freehills ha organizado y acogido en su sede de Madrid el desayuno-coloquio sobre “La protección jurídica de las inversiones en Oriente Medio”, que ha sido presidido la Secretaria de Estado de Comercio, Marisa Poncela García.
Tomando como referencia la reciente entrada en vigor del APPRI España-Arabia Saudí (Acuerdo entre ambos países para la promoción y protección recíproca de inversiones), concretamente, en diciembre del año pasado, Poncela ha hecho hincapié en que este tipo de acuerdos “contienen garantías jurídico-económicas para las empresas españolas que se internacionalizan” de modo que cuando llevan a cabo una inversión en el extranjero “cuentan con las garantías de que si algo no funcionan podrán reclamar sus derechos”. La falta de este tipo de acuerdos, añadió, “suponen un vacío de actuación porque cualquier litigio que exista con un país con el que no se haya firmado un APRI que marca cómo proceder implica una gran incertidumbre”. De ahí que asegurara que “nuestro propósito es impulsar una red lo mayor posible de APRIS firmados con todos los países donde actúan nuestras empresas para que tengan garantías en caso de que haya un contencioso”. Y es que, subrayó, “tener un APRI firmado da una garantía adicional de seguridad” dado que “cualquier posible contingencia va a estar contemplada”.
Durante el encuentro, Eduardo Soler-Tappa, socio y director de la práctica de Procesal y Arbitraje de Herbert Smith Freehills, apuntó que la motivación del despacho por realizar un encuentro con esta temática es doble. Por un lado, dada la “propia idiosincrasia y actualidad del tema teniendo en cuenta que el acuerdo APRI España-Arabia Saudí abre nuevas puertas para las relaciones comerciales entre España y Oriente Medio”. En segundo lugar, recordó la intensísima interrelación que mantiene la firma con aquella región. De este modo, Herbert Smith Freehills asesora desde 2011 al consorcio español adjudicatario del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca (Arabia Saudí), integrado por Renfe, Adif, Talgo, OHL, Copasa, Indra, Dimetronic, Cobra, Inabensa, Imathia, Consultrans e Ineco, a través de un equipo liderado por el socio español Miguel Riaño, que es, a su vez, secretario del consorcio. Finalmente, Soler-Tappa recordó que el despacho está muy presente en arbitrajes internacionales de gran calado representando tanto a intereses de Estado, como a las compañías.
También intervino en el evento Antonio Pastor Palomar, profesor titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Rey Juan Carlos y consultor de Derecho internacional en Herbert Smith Freehills. Pastor aseguró que desde la perspectiva de la protección al inversor español “existe una amplia red de tratados que conforman un marco jurídico muy completo”. Así, a los APRI, se suman tratados de doble imposición y regímenes sancionadores que confieren “una gran seguridad jurídica al tráfico comercial internacional, incluyendo las fases de ejecución de laudos en los procesos arbitrales”.
Asimismo subrayó que “el marco jurídico vigente entre España y Oriente Medio es muy positivo” por lo que, dijo, “sorprende que la inversión bruta de España hacia aquella zona no sea mayor”. Con todo, aseguró que aún existen dos carencias: “falta una cultura de mayor planificación de la inversión (o due diligence) conforme a los APRI, así como una cultura de la reclamación arbitral internacional, que sí existe en otros países como los anglosajones”.
