El discurso triunfalista del ministro de Justicia choca contra el día a día de jueces, fiscales y abogados

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un momento de su intervención durante un desayuno celebrado ayer en Madrid

Núria Ribas / @oikit

Las quejas desde el ámbito jurídico a las aplicaciones que, como Lexnet, intentan digitalizar la Justicia española son recurrentes. También el mensaje que el ministro Rafael Catalá no se cansa de repetir: la eliminación del papel y la justicia digital son dos de los grandes objetivos de esta legislatura. Y, según Catalá, “el Lexnet de hoy funciona mejor que el de hace un año”. “Es muy complicado, porque cada día se tramitan 300.000 documentos a través de Lexnet. Hay horas punta en las que el sistema tramita hasta 60.000 documentos”, asegura Catalá. “A veces va lento, es cierto, pero en un año hemos mejorado mucho gracias a las inversiones realizadas. Entre 2014 y 2017 hemos cuadriplicado el presupuesto dedicado a la tecnología en la Justicia”, aseguraba el ministro en un desayuno celebrado ayer en Madrid.

A pesar de que el titular de Justicia dice ser consciente de las dificultades (que, por cierto, atribuye a la complejidad del sistema y no a la falta de inversión), mantiene un discurso en el que no asoma la autocrítica por ningún lado.

“Lanzan el mensaje triunfalista de que la justicia digital va bien. Cuando nos quejamos, en el Ministerio piensan que exageramos”, asegura Emilio Fernández, presidente de la Unión Progresista de Fiscales. “Y eso no es real, no es cierto. Hay algunas aplicaciones, como Fortuny, que tienen ya más de 14 años y nunca han funcionado bien. Más valdría pararse y reflexionar, porque esto va abocado al fracaso”.

Mientras Catalá apela al cambio de cultura que supone, para un estamento como el de la Justicia, pasar de un día a día analógico a otro digital, desde la Unión Progresista de Fiscales se asegura que “a nosotros nos gusta la digitalización de la Justicia, por supuesto. Pero no así. Así solo conseguimos gastar más y ralentizar nuestra acción”, rebate Fernández.

Justo es eso, más gasto y más tiempo, es lo que se quiere evitar con la introducción paulatina de sistemas digitales que acaben sustituyendo al papel. No parece tarea fácil. De entrada, y esto no es atribuible a Catalá, en España existen 11 soluciones tecnológicas en el ámbito de la Justicia. En parte, debido a la transferencia de competencias a algunas comunidades autónomas en este campo. Pero, además, en algunos ámbitos de la Justicia como es la Fiscalía, la multiplicidad de plataformas hace casi misión imposible acelerar los procesos. “Algo muy sencillito, que antes hacías en un minuto, ahora puedes tardar hasta un cuarto de hora. Imagínese cuando hablamos de un expediente entero”, explica Fernández.

En efecto, en el caso de los fiscales el número de aplicaciones con las que tienen que lidiar para trabajar un expediente son hasta cuatro. No hay posibilidad de conectarse a ellas desde el ordenador de casa y, sobre todo, “todo está organizado a través de archivos pdf en secuencia alfanumérica, así que no sabes de qué se trata hasta que no los abres uno a uno. Y encima, sin índice. Total: acabas imprimiendo todo el expediente para agilizar, llevártelo a casa… Y eso lo hacemos jueces, fiscales y abogados. Con lo que del papel cero hemos pasado a la impresión de expedientes por triplicado. Lo útil sería algo tipo e-book. Pero lo que ha hecho el Ministerio no se parece en nada a eso”, remacha el presidente de la Unión Progresista de Fiscales.

Un inquietante posible control

Más grave quizás que este caos funcional es, desde el punto de vista de la separación de poderes, la posibilidad que con el sistema que está implantando el Ministerio de Justicia, este pueda acceder telemáticamente a cualquier expediente.

“El poder Ejecutivo puede acceder a los expedientes, efectivamente”, confirma Fernández. “Alguien debería pensar si esto es conveniente o no. La propia naturaleza de los asuntos que se tratan a veces, por ejemplo, casos de corrupción, hace que deban estar controlados en todo caso por la Fiscalía, por el Consejo General del Poder Judicial, el Congreso…quién se decida, pero no el Ejecutivo”, remacha Fernández.