La nula respuesta a las 14 propuestas que la judicatura presentó al Ministerio de Justicia en junio del año pasado ha acabado con la paciencia de las principales asociaciones de jueces y magistrados. Las acciones que puedan derivarse del hartazgo, sin embargo, no inciden en la injerencia política sobre los altos tribunales a propósito del ‘procés’ catalán. Un difícil consenso entre diversas sensibilidades aparca por el momento una acción de protesta concreta.
Núria Ribas / @oikit
Había cierta expectación en cuanto al resultado de la reunión que las cuatro principales asociaciones de jueces y magistrados celebraron este pasado martes. El comunicado de una de ellas, Juezas y Jueces para la Democracia, denunciando la inacción del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante las, para ellos, injerencias del Gobierno en la labor del Tribunal Supremo en todo aquello relacionado con el ‘procés’ catalán, hacía presagiar que se discutirían – y quizás aprobarían- acciones al entorno de esta denuncia.
Pero no. Estas injerencias han quedado de nuevo aparcadas, en parte por la dificultad de consensuar una respuesta colectiva dado las distintas sensibilidades que albergan las cuatro asociaciones.
Sí que se recoge, en el comunicado emitido posteriormente al encuentro, que la petición de reforma del CGPJ y el cambio en el modo de nombrar a los altos cargos judiciales sigue sin tener éxito ante el Ministerio de Justicia. De hecho, esta es una de las 14 propuestas que, recuerda el comunicado, elevaron las cuatro asociaciones de la judicatura para la mejora de la Justicia. “Transcurridos ocho meses, ninguna de ellas se ha materializado”, aseguran.
Junto a la reforma del CGPJ, las asociaciones de jueces y magistrados reclaman iniciar la negociación de un nuevo régimen retributivo (la Mesa de Retribuciones prevista en la Ley 35/2003 lleva nada menos que 15 años sin reunirse) y poner en orden la distribución de las cargas de trabajo, algo a lo que el CGPJ se comprometió a tener listo en noviembre de 2017 y que todavía no se ha llevado a cabo.
Ante estas demoras, las cuatro asociaciones mayoritarias (Juezas y Jueces para la Democracia; Asociación Profesional de la Magistratura; Asociación Judicial Francisco de Vitoria; y Foro Judicial Independiente) se muestran hartas y a punto para consensuar acciones de protesta. “Medidas de conflicto”, les llaman en el comunicado, “sin descartar ninguna de ellas«. Lo cual parece indicar que la huelga podría ser una posibilidad. Dan de plazo al Ministerio de Justicia lo que resta del mes de febrero.
Un Ministerio de Justicia que no parece darse por aludido. Ayer, en sesión de control en el Congreso, su titular, Rafael Catalá, insistió en que “existe una justicia independiente y absolutamente despolitizada. La independencia existe y está residenciada en cada uno de los 5.500 jueces y magistrados que hay en España”.
Catalá no contestó al hecho de que, según el diputado de Ciudadanos Ignacio Prendes, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción, del Consejo de Europa), ha pedido a España en su última ronda de evaluación “que los políticos dejen de interferir en los nombramientos judiciales”. El informe reitera que los miembros del Congreso no deberían participar en ninguna etapa del proceso de selección de los vocales del CGPJ y recomienda que se fijen por ley criterios objetivos para el nombramiento de los altos cargos de la judicatura.
