La AEDAF (Asociación Española de Asesores Fiscales) presentó ayer el libro El fraude fiscal en España justo al mismo tiempo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunciaba que el Gobierno creará nuevos impuestos sobre la banca y las tecnológicas y subirá el mínimo de Sociedades para las grandes empresas a un 15%.

Núria Ribas / @oikit

De izq. a dcha., Salvador Ruiz, coordinador del libro; Ignacio Arráez, delegado AEDAF zona centro; Fernández Marugán, Defensor del Pueblo; José I. Alemany, Presidente de AEDAF; y Enrique Giménez-Reyna, coordinador del libro

La coincidencia dio más relieve si cabe a uno de los objetivos del libro: denunciar que la legislación generada durante los años de crisis ha ido dirigida a la pura recaudación. “La recaudación se ha erigido como la razón de Estado. Puede que sea legítimo, pero puede también que vaya en contra de los principios que defiende la Constitución”, explicaba el abogado y ex secretario de Estado de Hacienda con Cristóbal Montoro, Enrique Giménez-Reyna, uno de los dos coordinadores del volumen.

Y a esta presunta inconstitucionalidad es a la que aludía el presidente de la AEDAF, José Ignacio Alemany, para valorar el anuncio de la ministra de Hacienda sobre el mínimo en el Impuesto de Sociedades: “Como dice la Constitución, la contribución se tiene que hacer en función de la capacidad económica. Y el resultado contable no recoge la capacidad económica de las empresas, sino que es la base imponible”. Para Alemany, “establecer una tributación de tipo mínimo sobre el resultado contable sin tener en cuenta bases imponibles negativas, deducciones u otros elementos que permitan ajustarse más a la capacidad económica, que es lo que dice la Constitución, pues puede producir injusticias”.

El resultado contable no sería equiparable a la capacidad económica de la empresa, según Alemany, porque viene de las normas contables y las normas fiscales establecen exenciones, amortizaciones aceleradas, reducciones, operaciones vinculadas…Un sinfín de ajustes al resultado contable que hace que la base imponible sea muy distinta. “De hecho, la base imponible parte del resultado contable, pero a partir de ahí hay muchos ajustes”, señala Alemany.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha especificado cómo se va a articular el nuevo Impuesto de Sociedades, aunque ha avanzado que el Gobierno pretende que entre en vigor en enero de 2019. “Hay diferentes propuestas sobre la mesa. Nos inclinamos por poner un tipo mínimo en las grandes empresas y que no se puedan aplicar deducciones posteriores, porque el tipo teórico no se adecúa al real después de aplicar toda una arquitectura de deducciones”, señaló Montero en una entrevista en la Ser recogida por Europa Press. Lo que busca el Gobierno es evitar “la arquitectura de las deducciones” por las que las grandes empresas, según Montero, consiguen un tipo real en Sociedades tras estas deducciones del 12% (el tipo general es del 25%).

Un impuesto finalista a la banca para financiar las pensiones es otro de los anuncios de Montero. Algo que la AEDAF, tampoco ve claro. “Somos contrarios a que se paguen las pensiones a través un impuesto específico a la banca. Los impuestos como tales se tienen que pagar para satisfacer los servicios públicos que no deberían ser las pensiones. No es fácil la solución respecto a las pensiones”, reconoce Alemany, “pero no así, porque luego la banca qué va a hacer: repercutirlo en el contribuyente, lógicamente”.

El derecho a pagar impuestos

De pagar impuestos – y de no pagarlos, o sea, de defraudar – se habló mucho en la presentación del volumen co-editado por Thomson Reuters. Ignacio Arráez, abogado fiscalista, delegado de la zona Centro de AEDAF e impulsor del libro, destacó que “la lucha contra el fraude se ha encarado hacia la represión, en vez de hacia la prevención. Desde mi punto de vista es un error, porque se ha demostrado que no funciona”. Para el fiscalista, “estos últimos años de crisis se han aprobado listas de morosos, incompatibilidades de nuevas rentas, nuevos supuestos de medidas catastrales, un sinfín de nueva normativa encarada solo a recaudar más y a castigar el fraude, pero no a prevenirlo”.

De hecho, según datos que expuso el propio Arráez, si en 2012 se produjeron 2.900 medidas cautelares, en 2016 estas se elevaron a las 4.200. “Esto no es una buena noticia; esto es que se está perdiendo la batalla”.

Con esta política contra el fraude, los sucesivos Gobiernos lo que han conseguido, según Arráez, es “hacer olvidar los valores positivos del tributo, de pagar impuestos. Del deber de pagar impuestos, también emanan derechos. El derecho del Estado a recaudar, claro. Pero también el derecho de la ciudadanía a que este sistema recaudatorio sea proporcional y justo, y el derecho de la ciudadanía a contribuir como elemento de pertenencia a una comunidad. En cambio, hoy solo se destacan los valores negativos del tributo. Y eso, ayuda al fraude. No se le da la categoría cívica al tributo”.

Una esencia cívica que hasta el Tribunal Constitucional destaca: “El fraude es lo que no pagan unos y pagan otros con un espíritu más cívico”.