FIDE presenta las conclusiones sobre el modelo del gasto público en España

Publicado el jueves, 24 enero 2019

La Fundación para la investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) presentó ayer en Madrid, el Documento de Conclusiones alcanzadas por el Grupo de Trabajo “La revisión del modelo del gasto público en España”.

El modelo presupuestario seguido en cada país debe constituir una herramienta al servicio de una mayor calidad del gasto público. Durante la Gran Recesión se han realizado importantes esfuerzos en España para mejorar los instrumentos al servicio de la disciplina de las finanzas públicas. Sin embargo, no se han realizado idénticos esfuerzos para implantar un sistema de presupuesto orientado a resultados, así como dotar de mayor relevancia a la función de evaluación y control. Dicho sistema es esencial si queremos mejorar la calidad del gasto público, dirigido a garantizar la eficacia y eficiencia de las políticas públicas, es decir, que estas cumplen los objetivos para las que fueron diseñadas, al menor coste posible.

Conscientes de esta situación, los miembros del grupo se han reunido a lo largo de un año, desde octubre de 2017 a septiembre de 2018 en varias sesiones de trabajo, en las que han alcanzado una serie de propuestas cuyo objetivo es dar pasos hacia un modelo de presupuesto que explicite cuáles son los objetivos de política que se pretenden cumplir y que, a través de la evaluación, permita conocer si aquéllos se alcanzan y en qué medida. Dichas propuestas son, de manera sintética, las siguientes:

Es necesario reformar la programación presupuestaria, de manera que ésta explicite, en un marco plurianual, cuáles son los objetivos de política que se pretenden conseguir, cuáles son las opciones elegidas y los medios asignados. Todo ello, incorporando, desde esta fase, los resultados de evaluaciones ex ante y ex post, con transparencia hacia los ciudadanos.

Resulta conveniente introducir en España un modelo de presupuesto orientado a resultados, que defina sus objetivos con sus indicadores, actividades y recursos asignados. Debe existir, asimismo, un sistema de seguimiento y control por resultados, no sólo financieros, sino operativos.

El presupuesto, en la actualidad, no es un instrumento comprensivo de la totalidad del gasto público, lo que dificulta su utilización como herramienta de gestión del gasto. Por ello, debe mejorarse su coordinación con el Sistema Europeo de Cuentas, introduciendo el criterio del devengo y la consolidación de un inventario patrimonial.

Es necesario integrar la evaluación en el ciclo presupuestario, mediante su institucionalización, de manera que se utilicen sus resultados en la toma de decisiones.

Un sistema como el propuesto requiere reformas en los órganos de evaluación y control. De un lado, debe existir un órgano rector del sistema de evaluación y, de otro, reforzar el papel del Parlamento, potenciando la capacidad de evaluación del Tribunal de Cuentas.

La reforma presupuestaria debe alcanzar a todos los niveles de gobierno, atribuyendo el carácter de básica a la legislación común de la fase de programación, del modelo de presupuesto y de la función de evaluación.

El Grupo de Trabajo ha sido dirigido por Jesús Rodríguez Márquez, Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario, Socio Responsable y Director del Área de Práctica Tributaria, F & J Martín Abogados, quien ha recogido todas las aportaciones para dar forma al documento de conclusiones en el que han participado profesionales del ámbito jurídico, académico y de la Administración. Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide lo han hecho a título personal y no en representación de las entidades o instituciones donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los miembros del grupo.

Han participado en este grupo de trabajo: Emilio Albi Ibáñez, Catedrático de Hacienda Pública, Universidad Complutense de Madrid;  Ignacio Bayón Mariné, Letrado del Consejo de Estado y de las Cortes Generales;

Laura de Pablos Escobar, Catedrática de Economía aplicada, Universidad complutense de Madrid; Rafael

Domínguez Olivera, Abogado del Estado-Jefe, Ministerio de Fomento; Manuel Fresno Castro, Interventor Auditor del Estado y actualmente Director General Financiero y de Control de Gestión de ADIF; Juan Antonio Garde Roca, Inspector de Hacienda del Estado; Paloma Martín Martín, Directora de Deloitte Consulting; José Ramón Martínez Resano, Economista; David Mellado Ramírez, Socio, PWC. Abogado del Estado en excedencia, Miembro del Consejo Académico de Fide; Jesús Miranda Hita, Interventor y auditor del Estado, inspector de Hacienda, interventor-tesorero de la Administración Local, e inspector de los Servicios de Economía y Hacienda; Ignacio Moral Arce, Vocal del Instituto de Estudios Fiscales; José Alberto Pérez Pérez, Inspector de Hacienda del

Estado, interventor y auditor del Estado e inspector de los servicios de los Ministerios de Economía y Hacienda;

Cándido Pérez Serrano, Socio Responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad, KPMG España; Jesús

Rodríguez Márquez, Prof. Titular de Derecho Financiero y Tributario, Socio Responsable y Director del Área de Práctica Tributaria, F & J Martín Abogados. (Director del grupo de trabajo); Rosa Sanz Cerezo, Abogado del Estado, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Eduardo Zapico Goñi, Trabaja en la Intervención General de la Administración del Estado.

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