Fide presenta las conclusiones alcanzadas por el Grupo de Trabajo sobre cambio climático

Publicado el viernes, 25 enero 2019

FIDE Cambio Climático y Transición Energética

La Fundación para la Investigación sobre el Derecho y la Empresa (FIDE) ha presentado el documento de conclusiones alcanzadas por el por el Grupo de trabajo “Cambio Climático y Transición Energética”

El grupo de trabajo apoya expresamente la aprobación de un marco normativo estable que permita a España cumplir con los objetivos asumidos en el Acuerdo de París de 2015 y en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, al tiempo que se propicia el desarrollo económico y se contribuye a la competitividad de la economía española.

El documento de propuestas relativas al Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética presentado hoy en FIDE es el resultado de distintas reuniones de trabajo. En el documento se recogen distintas opiniones sobre una materia compleja que suscita un enorme interés en la actualidad.

El grupo de trabajo ha sido dirigido por Mariano Bacigalupo Saggese, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide y por Guillermina Yanguas Montero, Magistrada y Doctora en Derecho. Miembro del Consejo Académico de Fide. En el grupo de trabajo han intervenido asimismo 18 reconocidos profesionales de distintos ámbitos, lo que ha enriquecido el debate.

Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo lo han hecho a título personal y no en representación de las entidades o instituciones donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que las conclusiones no reflejan ni recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los miembros del grupo. Las conclusiones contenidas en el documento que hoy se ha presentado no son el reflejo fiel de las opiniones de cada uno de los integrantes sobre todos y cada uno de los puntos tratados. De hecho, en el seno del grupo de trabajo existen opiniones diversas sobre determinadas cuestiones lo que revela la complejidad de la materia y justifica la pluralidad de opiniones integradas.

Las principales conclusiones alcanzadas por el grupo de trabajo son las siguientes:

La aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética supone un compromiso ineludible que no admite retrasos.

El grupo de trabajo considera, de forma mayoritaria, idóneo el momento para la promulgación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética. La aprobación de esta Ley supone una ocasión para que España transmita una imagen de país comprometido con la lucha contra el cambio climático.

La lucha contra el cambio climático y la transición energética supone una oportunidad que España no debe desaprovechar. Resulta precisa una transformación del modelo en el que se desacople el crecimiento económico de las emisiones de gases de efecto invernadero, si bien es indispensable garantizar que esta transición se lleve a cabo sin situar a España en una posición de desventaja respecto de otros países de su entorno.

España está llamada a ocupar una posición de liderazgo en el marco sociopolítico actual en la lucha contra el cambio climático. La aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética puede constituir una clara señal de este papel que España quiere desempeñar. Este protagonismo y liderazgo de España en la UE y en el marco internacional se justifica, entre otros muchos motivos, por la mayor vulnerabilidad de España a los efectos del cambio climático.

En el grupo de trabajo existen opiniones discrepantes respecto del grado de ambición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.

En el GTCCyTE se ha puesto de manifiesto una disparidad de criterios respecto de la neutralidad tecnológica. Así, y frente a los que opinan que la LCCyTE debe determinar las tecnologías aplicables, otros miembros defienden la necesidad de ser flexibles en la forma de alcanzar los objetivos establecidos, dada la incertidumbre respecto de las tecnologías que se pueden emplear en el futuro, sin que se deba prohibir ninguna, por cuanto podría no solo encarecerse innecesariamente la consecución de los objetivos, sino incluso ponerse en peligro su consecución.

El consenso y la participación resultan imprescindibles para la adecuada aplicación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Deben evitarse mensajes que generen inseguridad jurídica y propiciar un proceso ordenado de transformación que evite reticencias.

El Grupo de trabajo considera necesario un mayor compromiso del sector público en la lucha contra el cambio climático. Las medidas contenidas en la LCCyTE afectan de una manera decisiva al sector privado y no tienen el mismo grado de contundencia respecto de las políticas públicas.

Resulta imprescindible una reforma en profundidad de la fiscalidad ambiental. Aunque el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética señala cuáles deben ser los objetivos de esta fiscalidad, es necesario traducir tales objetivos en una verdadera reforma fiscal.

Desde un punto de vista de técnica normativa, el Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética adolece de falta de uniformidad.  La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe respetar los principios de buena regulación y debe ir acompañada de la correspondiente memoria de análisis de impacto normativo.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética debe garantizar que se respetan principios del Derecho de la Unión (como la libre circulación de mercancías) y las competencias atribuidas a las distintas Administraciones públicas y, en especial, las autonómicas.

Han participado en este grupo de trabajo: Valentin Alfaya Arias, Health&Safety, Quality & Environment Director de Ferrovial; Mariano Bacigalupo Saggese, Profesor Titular de Universidad, Departamento de Derecho Administrativo de la UNED. Miembro del Consejo Académico de Fide; Antonio Baena Martínez, Socio director de G-advisory, filial del grupo Garrigues; Maria Luz Castilla Porquet, Senior Advisor de Sostenibilidad y Cambio Climático de PwC. Secretaría General Técnica del grupo español de Crecimiento Verde; José Antonio Castro Fernández, Responsable de la Unidad de Regímenes Especiales en la Subdirección de Energía Eléctrica del ente regulador de los mercados, CNMC; Francisco Espinosa Cabezón, Socio Director de la Asociación de Consumidores de Electricidad. Servicios de Gestión de Energía (ACE); Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala Tercera del Tribunal Supremo; Santiago Garrido de las Heras, Abogado. Socio de Hogan Lovells; Mariano González Sáez, Técnico Superior de la Administración del  Estado, desempeñando puestos directivos de carácter ambiental en los tres niveles de la administración; David Howell, Responsable de Clima y Energía, Departamento de Gobernanza Ambiental, SEO/BirdLife; José López-Tafall, Director de Regulación de Acciona; Blanca Lozano Cutanda, Catedrática de Derecho Administrativo del País Vasco. Abogada del Área de Derecho Público de Gómez Acebo y Pombo; Milagro Martínez-Pardo Cabrillo, Fiscal Adscrita a la Unidad de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado; Gonzalo Sáenz de Miera, Director de Cambio Climático en el Área de Presidencia de Iberdrola; Fernando Soto Martos, Director General de la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE); Fernando Valladares, Profesor de investigación del CSIC, dirige el grupo de Ecología y Cambio Global en el Museo Nacional de Ciencias Naturales; Antonio Vercher Noguera, Fiscal de Sala Coordinador de Medio  Ambiente y Urbanismo. Fiscalía General del Estado; Guillermina Yanguas Montero, Magistrada y Doctora en Derecho. Miembro del Consejo Académico de Fide

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