El Grupo de Trabajo Fide ha alcanzado 25 propuestas para la reforma del Sector Público Institucional, estructuradas en 5 ejes de acción: Autonomía, Mercado, Formas de Nombramiento, Buen Gobierno y Transparencia, y Consejos de Administración. Dicho grupo, ha celebrado diversas reuniones de análisis y debate desde noviembre de 2018 hasta mayo de 2019.
Intervinieron al inicio del acto y presentaron el documento de conclusiones y propuestas: Manuel Fresno Castro, Interventor-Auditor del Estado en excedencia, (Coordinador del Grupo de Trabajo); Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. (Coordinador del Grupo de Trabajo) y José Antonio Morillo-Velarde Del Peso, Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, Ministerio de Fomento. Tras las intervenciones iniciales tuvo lugar un interesante coloquio sobre la importancia de las Empresas Públicas en España y en otros países de nuestro entorno, y cómo la correcta Gobernanza de estas entidades es un aspecto clave no solo para un uso más eficiente de los recursos públicos sino, en general, para un mejor funcionamiento de sectores clave de la economía como el marítimo, energético, aeroportuario y ferroviario, entre otros. A continuación, se pasó a detallar el análisis realizado por el grupo y las propuestas contenidas en el documento, que han tomado en consideración las recomendaciones de organismos internacionales como la OCDE, FMI, y Comisión Europea.
El Grupo Fide ha reflexionado sobre las siguientes cuestiones: autonomía de las Empresas Públicas y la adecuada separación entre la Administración propietaria y los gestores de las compañías; el papel de las Empresas Públicas en el mercado; la forma de nombramiento de los Presidentes y Altos Directivos de las Empresas Públicas; Buen Gobierno y la transparencia de las empresas públicas; adecuada composición, calidad y funciones de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas y también sobre el instrumento normativo más eficaz para la posible introducción de estas mejoras.
Sobre cada una de estas cuestiones, el Grupo Fide propone:
- Respecto a la autonomía de las Empresas Públicas y la adecuada separación entre la Administración propietaria y los gestores de las compañías:
- Que se elabore, publique, y actualice periódicamente, una Política de Propiedad Pública clara y coherente, en la que se distinga las funciones de las Administraciones propietarias de la figura de los gestores de las compañías públicas, a través de la formulación de mandatos claros y objetivos transparentes acompañado de un ejercicio activo de los derechos de propiedad.
- Que se separen en diferentes entes o ministerios las funciones de propiedad de las funciones de tutela y de fijación de objetivos. Si por motivos de política sectorial, se opta por modelos descentralizados de propiedad que exista una unidad coordinadora encargada de asegurar la homogeneidad de criterios entre las distintas empresas.
- Que, en función del modelo centralizado o descentralizado elegido, los objetivos de las empresas públicas sean fijados (inicialmente) por el departamento de tutela y que dichos objetivos sean:
transparentes, reducidos, cuantificables y estables en el tiempo.
- Que el Estado no se involucre en la toma de decisiones operativas (como, por ejemplo, los procesos 2 de contratación), y evite redefinir periódicamente los objetivos de las empresas públicas de manera poco transparente, permitiendo que éstas operen con autonomía en la consecución de los objetivos previamente definidos.
- Respecto al papel de las Empresas Públicas en el mercado:
- Que la normativa fiscal, contable, financiera o regulatoria no discrimine indebidamente entre las empresas públicas y sus competidores en el mercado.
- Que, en el caso de mercados abiertos a la competencia, se exija a las empresas públicas una rentabilidad similar a las obtenidas por empresas privadas competidoras.
- Respecto a la forma de nombramiento de los Presidentes y Altos Directivos de las Empresas Públicas:
- Que se establezca un sistema de nombramiento de los máximos responsables a través de mecanismos objetivos de selección basados en criterios de mérito.
- Que, al igual que ya se realiza en otros países de nuestro entorno, se estudie en profundidad la creación de un órgano independiente y cualificado para la selección de presidentes y directivos de empresas públicas.
- Que los nombramientos de los altos cargos de las empresas públicas se realicen por un periodo mínimo determinado (por ejemplo, cinco años) y deban justificarse adecuadamente los ceses que, únicamente en aquellos supuestos excepcionales adecuadamente tasados, se produzcan antes de la finalización de los mandatos.
- Que se potencie, para los nombramientos y ceses, la comparecencia de los presidentes y/o directores generales de las empresas públicas en las Comisiones de Nombramientos de Congreso o Senado.
- Respecto al Buen Gobierno y la transparencia de las empresas públicas:
- Que las empresas públicas tengan los mismos o superiores estándares de cumplimiento y transparencia hacia la sociedad en general, y los ciudadanos en particular, que los que tienen las compañías cotizadas hacia sus accionistas y
- Que, sin perjuicio de las funciones legales atribuidas a los órganos de control, los Presidentes y altos directivos de las compañías públicas asuman la responsabilidad del diseño e implementación de los sistemas de control interno, y los Consejos de Administración su adecuada y efectiva supervisión.
- Que se fortalezcan las medidas para la prevención de la corrupción en las empresas públicas a través de: estándares comunes de ética; ejercicio activo de la función de propiedad a través de marcos legales y regulatorios claros y concretos; una cultura de la integridad y prevención de la corrupción a través del desarrollo de modelos de gestión de riesgos; mecanismos adecuados de supervisión por parte de las autoridades competentes.
- Que bajo ninguna circunstancia se utilicen a las empresas públicas como medio para financiar actividades de naturaleza política tales como contribuciones a partidos, campañas de prensa o comunicación ajenas a la actividad de la compañía, etc.
- Que en todas las empresas de mayor tamaño exista un departamento de auditoría interna, dependiente de la comisión de auditoría, que actúe con plena autonomía y sin restricciones en el acceso a la información.
- Que se asegure una mayor y mejor coordinación entre el área de auditoría interna, las comisiones 3 de auditoría, y los responsables legales de control y organismos de supervisión financiera.
- Que se elabore información estadística sobre el número total de Consejeros, cualificación, idoneidad, y retribuciones en los distintos Sectores Institucionales estatal, autonómico y local.
- Sobre la adecuada composición, calidad y funciones de los Consejos de Administración de las Empresas Públicas:
- Que se introduzcan, de manera urgente, medidas de choque para el fomento de la igualdad en los Consejos de Administración de las empresas públicas.
- Que el Consejo de Administración goce de suficiente autonomía y reciba un mandato claro, asumiendo la responsabilidad final del desempeño de la empresa.
- Que los consejeros no actúen como representantes individuales de quienes les propusieron, sino en interés de la empresa en su conjunto en el corto, medio y largo plazo.
- Que, con el objetivo de fomentar debates estratégicos, los Consejos sean de tamaño proporcionalmente reducidos en función del tamaño de la compañía.
- Que se establezcan procedimientos estructurados, transparentes y profesionalizados para la selección de los miembros del Consejo de Administración, incluidos en su caso los funcionarios públicos, y que sean elegidos por razón de sus cualificaciones presentando un conocimiento en su conjunto tanto del sector como de los distintos campos representativos de la gestión de la compañía (financieros, legales, regulatorios, IT, etc.)
- Que en función de la actividad de la empresa esté prevista la existencia de un número mínimo de
Consejeros independientes, así como la conveniencia de constituir Comités especializados
(auditoría, riesgos, etc.)
- Que cuando esté prevista la representación de los trabajadores en el Consejo de Administración, ésta se ejerza de forma efectiva y sujeta a los mismos derechos y obligaciones que el resto de Consejeros.
- Que se realice una evaluación al menos trianual del adecuado desempeño de los miembros del Consejo de Administración.
- Respecto al instrumento normativo, el grupo propone que se estudie el instrumento normativo más eficaz para la posible introducción de estas mejoras (libro blanco de recomendaciones de expertos, elaboración de un Estatuto de la empresa pública, desarrollo a través de la ley de patrimonio de las administraciones públicas, etc.) y su aplicación a las entidades del sector público empresarial estatal, autonómico y local.
El Grupo de Trabajo ha sido dirigido por Manuel Fresno Castro, Interventor-Auditor del Estado en excedencia y Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia y han participado profesionales del ámbito jurídico, académico y de la Administración Pública.
Han participado en este grupo de trabajo: Alberto Alonso Poza, Accionista y Director Financiero de Gas&Go; Carlos Balmisa García-Serrano, Director de Control Interno en la CNMC; Ignacio Corral Guadaño, Director de la Escuela de la Hacienda Pública; Pedro Durá, Secretario General Consejo Consultivo de Privatizaciones (CCP); María Jesús Escobar, Socia responsable sector público EY; Marta Fernandez Currás, Socia EY Abogados; Silvia López- Palomino, Socia EY Abogados; Manuel Fresno Castro, Interventor-Auditor del Estado (Coordinador GT); Mario Garcés Sanagustín, Interventor y auditor del Estado e Inspector de Hacienda del Estado en excedencia. (Coordinador GT); Guillermo González de Olano, Director Jurídico de Suez agua; Guillermo Guerra Martín, Socio de Gómez Acebo & Pombo Abogados; Gonzalo Iturmendi Morales, Abogado, Socio y Director de Bufete G. Iturmendi y Asociados, S.L.P.; Paloma Martín Martín, Directora del Área de Servicios Sociales y Sanidad de Sector Público en Deloitte Consulting; David Mellado Ramírez, Socio de PWC. Abogado del Estado; Juan José Montero Pascual, Of Counsel de Martínez Lage, Allendesalazar & Brokelmann Abogados. Profesor de Derecho administrativo de la UNED; José Antonio Morillo-Velarde Del Peso, Jefe de la Asesoría Jurídica de Puertos del Estado, Ministerio de Fomento; Cándido Pérez Serrano, Socio responsable de Infraestructuras, Gobierno y Sanidad de KPMG España;
Fernando Riaño Riaño, Director General de Relaciones de ILUNION (ONCE); Marina Serrano González, Presidenta de Aelec. Of Counsel del Departamento de Contencioso, Público y Sectores Regulados de PérezLlorca; Carlos Vázquez Cobos, Socio de Gómez-Acebo & Pombo Abogados; Pablo Vázquez Vega, Director de CUNEF; Mercedes Vega García, Subdirectora General de estudios y Coordinación en la Intervención General de la Administración del Estado.
Todas las personas que han participado en este grupo de trabajo de Fide lo han hecho a título personal y no 6 en representación de las entidades o instituciones donde llevan a cabo su labor profesional, por lo que estas conclusiones no reflejan y no recogen posturas institucionales sino particulares de cada uno de los miembros del grupo.