La sanción que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto al denominado “cártel de la leche” tiene una consecuencia inmediata: los ganaderos gallegos podrán reclamar a las grandes industrias lácteas un importe que podría alcanzar los 16 millones de euros sólo por el último ejercicio. A esta cantidad habría que añadir las correspondientes a ejercicios anteriores en los que también se realizaron estas prácticas ilegales.

Según Ignacio Caruncho, Director de Caruncho, Tomé & Judel, “las prácticas sancionadas abren la puerta a que las explotaciones ganaderas inicien procesos judiciales contra las grandes empresas de recogida de la leche. Por la importancia de este sector para la comunidad, estamos hablando de miles de reclamaciones que ascenderán a millones de euros en base a la sanción de la CNMC según el volumen de producción afectado”.

Galicia es la comunidad más afectada en España por las prácticas del cártel de la leche. Es la octava región láctea a nivel europeo, concentra el 55% de las explotaciones lácteas de España y produce cerca de la mitad de la leche, pero sus granjas son las que menos cobran. Esta situación ha supuesto que en 10 años se hayan cerrado más de 6.000 explotaciones ganaderas, ante una situación insostenible para el sector. La cuota láctea ha venido siendo un lastre para las explotaciones, si además se añaden las prácticas monopolísticas del cártel, el daño a los ganaderos gallegos ha sido irreparable y prácticamente mortal para el sector.

La práctica totalidad de las explotaciones ganaderas gallegas han sido afectadas por estas prácticas, ya que el sector lácteo gallego está operado por cuatro grandes industrias: Leche Río, Leche Celta, Feiraco y Lactalis. Todas ellas han sido expedientadas, pero en el caso de las tres primeras, sus infracciones ya han prescrito, por lo que sólo podrán reclamar los ganaderos que trabajan con Lactalis. Esta compañía recogía en Galicia de manera diaria un total de 1,5 millones de litros de leche, más de 540 millones de litros al año.

“Muchas explotaciones no podrán reclamar, a pesar de ser perjudicadas, ya que las infracciones han prescrito. En 2015 Competencia ya sancionó a las empresas lácteas pero un recurso alegando un defecto de forma ha retrasado lo suficiente la sanción como para que muchas de ellas queden impunes. Pero hay otras que aún tendrán que hacer frente a miles de reclamaciones, incluso de explotaciones que hayan cerrado recientemente”, añade Ignacio Caruncho.

El cártel lácteo

La Asociación de Empresas Lácteas de Galicia (AELGA), Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia (CELEGA), Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA), Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña (GIL), Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada (Puleva) y Schreiber Food España han participado y han sido sancionadas por las infracciones cometidas. Industrias Lácteas Asturianas (ILAS), Leche Río, Feiraco, Leche Celta, Forlactaria y Central Lechera Asturiana también han participado en este cártel pero sus infracciones ya prescribieron.

Las prácticas anticompetitivas llevadas a cabo por estas empresas lácteas han sido el intercambio de información sensible, a nivel nacional y regional, sobre los precios de compra de leche cruda de vaca y sobre los volúmenes de compra de ganaderos y excedentes de la leche.

Los productores afectados sospecharon de la existencia de algunos acuerdos entre las industrias compradoras, dados los obstáculos a la hora de cambiar de comprador. Un estudio realizado por Competencia indica que parece existir una estrategia de acuerdo de precios de compra de la leche cruda de las empresas transformadoras que se basa en el liderazgo de precios. Las empresas evitan competir en precios entre sí, y siguen a un líder que es quien impone el precio. Este precio se mantiene resultando beneficioso para todas las empresas transformadoras y perjudica notablemente a los ganaderos. Estos precios se fijan mediante un sistema rotatorio que dificulta la detección de la práctica, pues nunca es el mismo comprador quien establece el precio.