El mayor fraude de ayudas de la Unión Europea queda sin culpables

Publicado el miércoles, 8 enero 2020
Raúl Pardo-Geijo Ruiz

Raúl Pardo-Geijo Ruiz

La juez ha dictado una sentencia absolutoria después de asumir de forma íntegra los argumentos esgrimidos en el acto de la vista por el abogado penalista de Murcia, Raúl Pardo Geijo Ruiz y deja libres a una veintena de sospechosos de integrar una trama para aprovecharse de subvenciones para la importación de azúcar.

Un supuesto fraude a la Unión Europea de 6,5 millones de euros, cinco supuestas tramas delictivas desmanteladas, decenas de toneladas de azúcar decomisadas y convertidas en pasto de avispas y hormigas, miles de horas de trabajo de los especialistas fiscales de la Guardia Civil y de Vigilancia Aduanera, más de 50.000 folios repartidos en 65 tomos, una veintena de acusados, peticiones de cárcel superiores a treinta años por un puñado de presuntos delitos -contra la Hacienda Pública, contrabando, fraude de subvenciones, falsedad…-, reclamaciones de multas por casi 40 millones de euros.

Los datos ponen de relieve la magnitud de una causa judicial que se inició en 1998 y que estaba llamada en su origen a esclarecer la que había sido considerada la mayor trama de fraude de subvenciones de la Unión Europea (UE) mediante importaciones de grandes cantidades de azúcar, así como a castigar a sus responsables. Finalmente, todo ello ha acabado disolviéndose como un azucarillo en un vaso de agua, que es seguramente la imagen más apropiada para describir lo ocurrido.

Especial atención otorgó el fiscal a los argumentos planteados por el  abogado penalista murciano Raúl Pardo-Geijo Ruiz, a quien citó expresamente en varias ocasiones para reconocerle que había acertado en su análisis, al que finalmente acabó adhiríendose. Lo mismo hizo el abogado del Estado. Pardo Geojo había dinamitado el procedimiento al dejar constancia de que no podía existir un delito continuado de fraude de subvenciones, que era la acusación principal del asunto, debido a que todas las presuntas infracciones cometidas no excedían de los 50.000 euros. Esta es la cuantía que marca el límite entre la responsabilidad administrativa y la penal para esa modalidad delictiva.

Igualmente, rechazó que existieran delitos contra la Hacienda Pública, ya que de haber alguna infracción penal habría que calificarla como contrabando y dejó sentado que, no cumpliéndose todos los requisitos de este último delito, entonces el restante, la falsedad documental, estaría prescrita por haber estado paralizadas las diligencias durante más de tres años seguidos.

Sentencia Absolutoria.  La veintena de acusados, a cuyo frente se situaba un industrial de Molina de Segura, A. L. G., considerado el cabecilla de la trama y también defendido por Pardo Geijo, no solo se libraba de la cárcel, sino del pago de multas e indemnizaciones multimillonarias. Tampoco cabrá imponerle sanción administrativa alguna por haber transcurrido el plazo. Libre de polvo y paja.

Se enfrentaban a 32 años de prisión y a casi 40 milones de multa. Era la mayor red de fraude a la Unión Europea. Y es que a los agentes, les bastó con levantar la tapa de uno de aquellos gigantescos bidones para comprender, de manera instantánea, que eso no era pulpa de plátano y para constatar que todas sus sospechas estaban perfectamente fundadas. Era la una de la tarde del 23 de noviembre de 1998 cuando agentes de la Sección de Especialistas Fiscales Alfonso XII de la Guardia Civil y sus colegas de la Oficina de Análisis e Investigación Fiscal (ODAIPI) irrumpieron en las instalaciones del puerto de Cartagena y rodearon tres grandes contenedores, de 40 pies de medida, que habían sido transportados por la empresa NSL desde Canarias. Tenían como destino la mercantil SAT OP, con sede en Esquivias (Toledo) y contenían, al menos oficialmente, pulpa de plátano suficiente como para hacer felices durante una larga temporada a todos los simios del planeta Tierra: 59.200 kilos.  La realidad era bien diferente a la que reflejaban los Documentos Únicos Aduaneros (DUA). Los tres ‘containers’ portaban 71.630 kilos de azúcar, lo cual ponía de manifiesto, al menos de manera indiciaria, que algún listillo con grandes conocimientos sobre el mercado agroalimentario, así como de las subvenciones que la UE ofrecía para determinados productos, había hallado una inagotable veta con la que enriquecerse de manera ilícita.

Hasta cinco redes distintas

Las investigaciones de los especialistas de la Benemérita, coordinadas desde el Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena, permitieron conocer que el presunto cerebro de esta trama delictiva, A. L.G., vecino de Molina de Segura y propietario de la firma ZF, había ideado hasta cinco métodos distintos para aprovecharse de las subvenciones que la UE ofrecía por la comercialización de determinados productos, así como de las exenciones fiscales que regían para el comercio con el archipiélago canario.

La primera de las tramas la puso en marcha cuando contactó en un bar de Tobarra con un empresario de Villalgordo del Júcar (Albacete), A.S.R., quien atravesaba por graves dificultades económicas, y le propuso utilizar su empresa, denominada La Manchuela, como tapadera para sus presuntos negocios ilícitos.  Éstos consistían, básicamente, en introducir en España grandes cantidades de azúcar procedente de Brasil, que supuestamente iba a ser transformada en jalea en la empresa de Albacete -aunque en realidad no tenía infraestructura para hacerlo- y que más tarde se declararía como exportada a países del Este de Europa (Polonia, Eslovenia y República Checa). En realidad, ni el azúcar se transformaba en jalea ni se vendía en el extranjero, ya que esas operaciones eran simuladas de principio a fin. Lo que se hacía era desviar esa gran cantidad de azúcar hacia Murcia, donde era vendida a una veintena de grandes empresas conserveras y de fabricación de zumos de la Región.

El negocio era especialmente rentable porque A. L.G. y su trama introducían ese azúcar en territorio comunitario acogiéndose al llamado Régimen de Perfeccionamiento Activo (RPA), por el cual esa mercancía no pagaba los aranceles europeos. La única condición era que el azúcar fuera utilizado para elaborar otros productos, como la jalea, y se volvieran a vender fuera de la UE. Simulando la transformación del producto y su exportación a países del Este, la trama obtenía grandes beneficios, pues lo que hacía era vender en el mercado nacional un azúcar que habían importado de Brasil sin tener que pagar aranceles.

Con ese sistema, la organización introdujo a través del puerto de Cartagena, entre los años 1995 y 1997, un total de 2,3 millones de kilos de azúcar, y más tarde simularon 122 expediciones comerciales a Polonia, Eslovenia y República Checa, con el fin de justificar falsamente la salida de territorio comunitario de mercancía transformada por un peso total de 2,5 millones de kilos. Solo por este método, el supuesto fraude a la Hacienda Pública, derivado de eludir el pago del IVA y de los derechos de importación, ascendió a 1,3 millones de euros.

Importaciones desde Canarias

Las investigaciones iniciadas a raíz de la aprehensión de tres contenedores declarados como de pulpa de plátano en Cartagena permitieron, finalmente, conocer otra vía abierta por A. L.G y sus empleados de la mercantil ZF para seguir obteniendo supuestos beneficios ilícitos.  En esta ocasión, el fraude consistía en introducir azúcar en España, a través de las Canarias, declarando que la mercancía era pulpa de plátano. Por este método se enviaron a Cartagena 52 contenedores, los cuales solo contenían una pequeña cantidad de la mercancía legalmente declarada. El azúcar introducido de manera presuntamente irregular ascendió a más de un millón de kilos y el fraude cometido, en concepto de IVA, derechos arancelarios y otros derechos adicionales, superó los 660.00 euros, siempre según las conclusiones del Ministerio Fiscal.

Visto que el sistema resultaba eficaz y muy rentable, el empresario de Molina de Segura habría puesto en marcha una red de empresas para introducir ilegalmente en la península un azúcar «correspondiente a la llamada ‘cuota C’ de producción española acogida a los beneficios de importación en las Islas Canarias, que está libre de aranceles». Este método obligaba a que fueran las empresas canarias las que adquirían ese azúcar, que salía a un precio muy barato ya que se ahorraba los aranceles. Lo que la red hacía, presuntamente, era comprar el azúcar en Cádiz a través de empresas asentadas en Canarias y, más tarde, enviar esa mercancía de forma encubierta a Cartagena, introduciéndola en contenedores que decían contener pulpa de plátano.  El sistema les permitió adquirir y comercializar de manera presuntamente irregular un total de 1,2 millones de kilos de azúcar, incurriendo en un fraude por aranceles no satisfechos de 793.000 euros.

Un régimen específico

Dispuesto supuestamente a aprovecharse de las particularidades del comercio con Canarias, que establece subvenciones para la venta de determinados productos a ese archipiélago en virtud del denominado Régimen Específico de Abastecimiento (REA), A.L.G. y sus colaboradores se inscribieron en el Registro de Operadores de Canarias a través de la empresa Covecan SL, que habían domiciliado en Tenerife, y se dispusieron a adquirir productos de la península.  Desde mayo de 1997 se enviaron 154 expediciones con más de 2,2 millones de kilos de compotas, jaleas, mermeladas, purés, mantequilla y pasta de frutas, procedentes de la península, de los que más de 660.000 kilos fueron intervenidos por los inspectores y destruidos por no ser aptos para el consumo. Por esas operaciones percibió ayudas de más de 1,4 millones de euros.

No apta para el consumo

La última jugada del cabecilla al que representó en todo momento Pardo Geijo consistió supuestamente en comprar a precio de ganga en Canarias más de 700.000 kilos de pulpa de plátano, pues no en vano ya había caducado y no era apta para el consumo, y traerla a la Región. Después seleccionaron los botes que no tenían pérdidas y volvieron a venderlos a empresas de Canarias como si estuvieran en buen estado. No se ha podido demostrar que esa actividad llegara a poner en peligro la salud de los consumidores. La cantidad finalmente defraudada por esos métodos ascendería a 6,5 millones de euros, y por ello deberían haber responder ante la justicia los veinte implicados, algo que se ha hecho pero con sentencia absoutoria. Finalmente, el mayor fraude de la Unión Europea queda en “agua de borrajas”.


Pardo Geijo Abogados

 

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