El plan de choque presentado por el Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, ha puesto en pie de guerra a toda la abogacía tanto por comunicados como en las redes sociales. La mayoría de los colegios de abogados y también sus agrupaciones de jóvenes abogados han emitido duros comunicados criticando en centenar de medidas propuestas por el órgano rector de la judicatura.
El Consell de l’Advocacia Catalana considera “que un plan de choque requiere la adopción de medidas de reorganización del funcionamiento de la oficina judicial y del trabajo de su personal, judicatura y fiscalía, de las que el documento del CGPJ no hace mención. Las modificaciones propuestas por el CGPJ vulneran el principio de jerarquía normativa en una reforma que se pretende materializar fuera de los caminos establecidos y de acuerdo con un estado de alarma que, obviamente, habrá cesado al momento de entrar en vigor los cambios legislativos propuestos.”
Desde el Colegio de Abogados de Málaga, su decano, Francisco Javier Lara, es subraya que “la reducción generalizada de la segunda instancia, la amenaza en cuanto a la imposición de costas e incluso multas en determinados planteamientos judiciales o el establecimiento de órganos unipersonales son algunas de las cuestiones a las que ICAMALAGA se opone de manera frontal.” En este sentido, el decano ha apuntado que la reducción de la carga de trabajo no puede en modo alguno ir aparejada de la pérdida de derechos fundamentales reconocidos y protegidos por la Constitución Española.
Los jóvenes abogados del colegio balear destacan que “las medidas propuestas adolecen de ser cortoplacistas y no prever la posibilidad, ya anunciada por gran número de expertos, de que pueda existir un repunte de contagios a partir del mes de octubre, resultando en todo modo insuficientes a medio y largo plazo, no aportando por tanto soluciones reales y efectivas para combatir la crisis sanitaria en la que nos encontramos y sus consecuencias posteriores.”
Mientras el Colegio de Abogados de Córdoba “rechaza la utilización del estado de alarma como pretexto para pretender introducir reformas procesales de enorme calado como las propuestas por quien carece de competencia para ello y esto, sin el detenido estudio y consenso deseables.” Al mismo tiempo expresa su respaldo de la Junta de Gobierno a las propuestas efectuadas desde el Consejo General de la Abogacía Española, por resultar las más adecuadas para el restablecimiento progresivo de las actuaciones judiciales.
Todos los comunicados coinciden en el rechazo de la propuesta de habilitar el mes de agosto y piden asimismo una mayor dotación material para la justicia y los juzgados.
