Los niños y las niñas son las víctimas más vulnerables y por ello requieren una mayor protección. Su vulnerabilidad se multiplica cuando la persona agresora es alguien de su entorno familiar y la violencia se ejerce en el domicilio. En este sentido, debe recordarse que la mayoría de los abusos sexuales a menores se cometen en el ámbito familiar y por personas muy cercanas a los niños y niñas que los sufren. Entorno familiar que muchas veces, además, dificulta notablemente el descubrimiento del propio proceso de victimización. Ya sea por la falta de denuncia o por no dejar huellas visibles. Procesos de victimización que arrastran consecuencias gravísimas comprometiendo significativamente al adecuado desarrollo personal y emocional de los niños y niñas afectadas.
Según datos oficiales recogidos por el Observatorio de la Infancia, actualizados a septiembre de 2018, en España, 5388 niño/as menores de 18 años fueron víctimas de delitos contra la libertad e indemnidad sexual: 4310 niñas y 1066 niños. 2511 de estas víctimas tenían entre 0 a 13 años y 2867 de 14 a 17 años. Save The Children ya alertaba a finales del año pasado que según los datos del INE se había un aumento del 40% de los abusos sexuales cometidos por adultos contra menores. Por otra parte, en el año 2017 se presentaron casi 5000 denuncias por maltrato y violencia sobre menores en el ámbito familiar, según estadísticas del Ministerio del Interior. Datos que no contemplan, obvio es decirlo, los casos ocultos o invisibilizados por falta de denuncia.
La situación actual de confinamiento domiciliar provocada por el coronavirus pone manifiesto la necesidad de adoptar urgentes medidas de protección de los niños y niñas que puedan estar en una situación de riesgo de abusos físicos o sexuales o que tal vez los estén ya sufriendo.
Resulta esencial diseñar un plan integral de prevención y detección que entre otras medidas incluya:
- El mantenimiento de los programas de control y seguimiento de situaciones de riesgo ya iniciados por las diferentes administraciones. Su suspensión por razón de la pandemia no puede justificarse en modo alguno. Por lo que debe asegurarse que los profesionales encargados de ejecutar dichos programas dispongan de las medidas de seguridad sanitaria que les permitan desarrollar sin riesgo las visitas y las entrevistas.
- La necesidad de monitorizar el cumplimiento de los programas de vacunación o de revisión pediátrica programadas, reclamando explicaciones a los progenitores o cuidadores sobre las razones por las que no se han cumplido.
- La activa observación por parte de los maestros y profesores en los contactos telemáticos o telefónicos que mantengan con los niños o niñas de actitudes, reacciones, comentarios o comportamientos que puedan resultarles extrañas o sospechosas.
- La necesidad de hacer hincapié en que cualquier profesional que esté en contacto con menores debe ponerse en contacto con los servicios de protección, con las fuerzas de seguridad o con la Fiscalía cuando tengan motivos fundados para creer que un niño o una niña es víctima de abuso sexual, explotación sexual o pornografía infantil, independientemente de cualquier norma de confidencialidad, como se previene en la Directiva 2011/92.
- La necesidad de que los vecinos puedan trasladar con facilidad y de forma inmediata cualquier sospecha sobre posibles abusos físicos o sexuales para lo que la habilitación de un número centralizado de denuncias o de traslado de información resulta absolutamente necesario.
- La realización de campañas informativas de sensibilización.
Desde la Comisión Penal de Jueces y Juezas para la Democracia instamos a los poderes públicos a que diseñen de manera urgente medidas específicas durante la situación de estado de alarma, para reforzar la prevención y detección del abuso infantil. Es un imperativo constitucional y convencional que no pude quedar invisibilizado ni desplazado.
Como nos recuerda el TEDH “los mecanismos creados por el Estado para proteger a los niños y niñas de actos de violencia que entren en el ámbito de aplicación de los artículos 3 y 8, deben ser eficientes e incluirán medidas razonables de prevención del maltrato en relación con el cual las autoridades tengan o deberían haber tenido conocimiento, así como una prevención eficaz que proteja a los niños de formas tan serias de atentar contra la integridad personal. Tales medidas deberían estar orientadas a garantizar el respeto a la dignidad humana y a la protección del interés superior del menor” -entre otras muchas, STEDH, caso Sodermann c. Suecia, de 12 de noviembre de 2013-