Tras la petición que hemos recibido para aportar ideas, puntos de vista y experiencias para salir de la crisis provocada por la pandemia del COVID-19 en el ámbito de la JUSTICIA, atendemos dicha petición, sin embargo, con carácter previo es preciso hacer constar una cuestión súmamente importante: la petición de PROTECCIÓN EFICAZ para prevenir el contagio del coronavirus entre los fiscales y los funcionarios de las fiscalías que con gran responsabilidad formuló esta ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF) y que no obtuvo respuesta por parte de la FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. No es correcto no contestar a una petición tan razonable, en defensa de todos los fiscales de España, lo que nos obligó a plantear una demanda en la jurisdicción laboral que produjo una respuesta jurisdiccional conminando a la Fiscalía a proporcionar dichas medidas, “si fuera posible”, pero ni siquiera esa cautela impidió a la Fiscalía, recurrir el Auto judicial, recurso que fue desestimado. A la Fiscalía General del Estado le ha faltado empatía con los fiscales (no con nosotros, como asociación) para intentar garantizar con los pobres medios que pedimos una protección de nuestra salud, que era el único fin de nuestras acciones

Por otra parte, nos pareció una especie de “castigo” el que no se nos convocara para el encuentro mantenido con el Consejo Fiscal y las asociaciones mayoritarias a fin de dar cuenta de la afectación de la crisis en nuestro trabajo profesional, “castigo” que consieramos inmerecido, injusto y arbitrario y que parece que ahora se levanta pidiendo nuestra colaboración, que a través de este informe damos cumplimiento.

Vamos a limitar nuestras sugerencias al ámbito jurisdiccional penal, esfera en la que la mayor parte de los fiscales desempeñamos el grueso de nuestras funciones. Y en este ámbito vamos a proponer una serie de medidas, una vez analizadas las propuestas del Primer Documento Plan de Choque sobre la Administración de Justicia que elabora y publica el CGPJ y consultados nuestros asociados.

1. En primer lugar, creemos que la protección de los fiscales y funcionarios sigue siendo una prioridad, y como la enfermedad sigue contaminando a un número importante de personas creemos que ese ha de ser uno de los principales factores a considerar. Sobre la base de este eje de cuestiones creemos que ha de mantenerse el teletrabajo tal como está concebido en el presente momento, e incrementar sus posibilidades en todo cuanto sea posible. Así, hemos verificado que el servicio de asistencia técnica del Ministerio de Justicia funciona satisfactoriamente, por lo que podemos contar con que en la mayor parte de los casos los fiscales contaremos con unos medios para trabajar eficientemente desde nuestros domicilios.
   1. En esta línea de protección de la salud, es preciso disponer en todas las sedes a disposición de los fiscales y mientras dure la pandemia, los medios de protección elementales que se reclaman por el Juzgado de lo social a la Fiscalía, así como barreras de protección en el contacto con el público y también disponer la observancia de las distancias de seguridad que recomienda el Ministro de Sanidad en sus diarias comparecencias.
   2. Hay que detectar personas de riesgo que trabajan en las Fiscalías, y adoptar medidas necesarias para evitar respecto de ellos cualquier tipo de exposición laboral al virus. Respecto de esas personas hay que extremar las cautelas para evitar tener que lamentar cualquier otro fallecimiento entre nosotros.
2. En cuanto a las propuestas que se están haciendo haciendo ya desde otros organismos, no podemos sino manifestar nuestra perplejidad: no hay una estadística o cuantificación de lo que va a suponer el supuesto problema en la jurisdicción penal, máxime porque se han reducido sobremanera los detenidos durante el estado de alarma. El supuesto colapso que provocaría el plan de choque en la jurisdicción penal, sobre todo porque sólo lleva un mes paradas las actuaciones no urgentes, no nos parece que requiera de especiales medidas urgentes.
3. No sabemos si va a haber algún tipo de presupuesto para estas reformas, pero sabemos que el Gobierno se ha encontrado con dificultades los últimos años para, simplemente, aprobar unos nuevos Presupuestos Generales del Estado. Toda medida sin inversión económica real nos parece aventurada. La APIF viene reclamando desde hace tiempo la creación de bolsas de Fiscales de carrera que puedan trabajar en sus lugares de origen, medida que, cumplimentada, podría añadirse a una contratación temporal de Fiscales sustitutitos por 3-6 meses. Tal medida podría aliviar sobremanera el atender a un número importante de señalamientos.
4. Nos manifestamos en contra de la propuesta de habilitar agosto, puesto que los fiscales y funcionarios de la oficina fiscal han seguido trabajando, a menor ritmo si se quiere, pero no han tenido propiamente unas vacaciones, teniendo que compaginar muchos con la crianza de sus hijos. El habilitar agosto supondría bien que se tuvieran que aprobar la limitación por este año de los días de vacaciones (¿se haría lo mismo con otros funcionarios externos a Justicia?) o bien escalonar las vacaciones a lo largo del año, con lo que no se trabajará ni un mes a pleno rendimiento y será peor el remedio que la enfermedad. A eso se añade que, para sacar unas pocas causas con un calor atosigante, esos fiscales y funcionarios se verán obligados a conciliar de nuevo su vida familiar, especialmente cuidado de niños y ancianos, con el trabajo, sin un colegio u otros centros de apoyo, o asumiendo el coste personalmente. En otras palabras, consideramos que los únicos que lo sufrirán serán abogados y procuradores que tendrán que estar atentos permanentemente a Lexnet, sin avances reales en las causas. Por último, eso supondría no ayudar a arrancar a otros sectores todavía más tocados por esta crisis, como el turismo.
5. Es necesario derogar de una vez el art. 324 LECRIM, que reduce los plazos de instrucción y que tanto daño está causando a los procesos penales en España.
6. Nos oponemos a las sentencias in voce, muy especialmente en la jurisdicción penal, al provocar problemas muy importantes ante una aclaración de sentencia,

en vía de recurso y para la ejecución de las sentencias. No podemos eliminar garantías procesales que tanto han costado históricamente alcanzar.

7. Toda reforma, además de la cuestión presupuestaria, va a necesitar una Ley Orgánica (CP, LOPJ y muchas partes de la LECRIM). Además de los órganos consultivos que deberán dictaminar obligatoriamente, creemos que un “Plan de choque” no va a ningún lado. Las reformas se tenían que haber hecho en épocas más prósperas y no ahora cuando no hay tiempo o se tienen que soslayar todas las garantías, a lo que siempre nos opondremos.
8. Depende exclusivamente de la FGE, si tanto es el atasco que se produce y es absolutamente imprescindible, comisionar a buena parte de la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo, fiscales adjuntos de los de Sala y todos o casi todos los fiscales de los TSJ para despachar papel o acudir a juicios y guardias en Madrid o en la Fiscalía Provincial donde tengan su domicilio. Estamos hablando de que, con esa suma, se podría incorporar a unos 60-100 fiscales a sacar trabajo atascado en los juzgados y fiscalías.
9. Las cuestiones de competencia deben contar con el acuerdo del Fiscal en los dos juzgados en conflicto. De esta manera se va a simplificar la tramitación de muchas de ellas. La Fiscalía General debe establecer protocolos para que los fiscales involucrados, o el Fiscal Jefe superior común de ambos, puedan ponerse de acuerdo en dar una solución única a cada supuesto
10. Se podría eliminar también toda asistencia a cualquier asunto no penal, a salvo quizás de familia e incapacidades. O hay mayor oferta de fiscales, que sin presupuesto no van a aparecer de la nada, o se elimina demanda, esto es, funciones de menor trascendencia (informes de insostenibilidad de asistencia jurídica gratuita, contencioso, laboral, mercantil incluyendo consumo, civil, etc.).
11. Se debe ir valorando invertir en inteligencia artificial: programas que, con atestados uniformados, como se podría hacer en seguridad vial y agresiones de violencia de género y doméstica, dieran hecho ya el escrito de acusación a falta de una última supervisión por el fiscal, cuestión que ahorraría miles de horas en conjunto al año al Ministerio Fiscal.
12. A fin de evitar la espera de muchas personas a la puerta de un Tribunal, y dada la limitación para mantener siquiera la separación entre testigos, acusados y público, sugerimos un sistema de comunicación a las defensas del tiempo aproximado en que se va a celebrar el juicio señalado en el día. El sistema es sencillo, una pantalla en la puerta del Juzgado indica el retraso de cada juicio, pero una aplicación telefónica avisa a los interesados de la situación en cada momento. El coste de esas aplicaciones es moderado y puede sufragarse a través de una cuota de conexión. Por otra parte, sería el Letrado de la Administración de Justicia o el Agente el que entre sus obligaciones estuviera la de indicar el retraso de cada día por un juicio que se alarga, o por el contrario que se está respetando el tiempo previsto. De esta manera podría evitarse que de manera innecesaria aparecieran docenas de personas a las puertas de un Juzgado o de una Sala, en espacios limitados para todos ellos.

La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF)