CONEDE, Consejo Nacional de Estudiantes de Derecho.
Tras la difusión de un comunicado conjunto por nuestra parte junto con la AJA Madrid y el GAJ Barcelona, apoyado por el ICAM y el ICAB, en relación con el aplazamiento sine die del examen de acceso a la abogacía, desde el CGAE se está informando respecto a la celebración de la prueba de acceso a la abogacía en el mes de julio y a través de medios telemáticos.
Esta propuesta en la que, conforme a las informaciones, se está trabajando desde el Ministerio de Justicia satisface algunas de las reivindicaciones que trasladamos en el comunicado. En este sentido, la prueba se celebraría en un plazo máximo de 3 meses, se evitarían los problemas sanitarios y relativos a desplazamientos de personas, desaparecería la problemática en relación a la búsqueda de nuevas sedes, permitiría -aparentemente- una reducción en los plazos de corrección de la prueba y, por tanto, redundaría en una reducción del tiempo necesario para que los aspirantes que resultasen aptos se pudiesen colegiar para ejercer la profesión en la que se han formado. Asimismo, esta solución planteada -en un principio- no tendría una incidencia directa sobre las pruebas de 2021 y la segunda prueba anual, a celebrarse en torno al mes de octubre.
Sin embargo, entendemos que existen muchas cuestiones que deben aclarar. En este sentido consideramos primordial la inclusión de diversos puntos relativos al desarrollo de la prueba:
- Posibilitar a los aspirantes avanzar y retroceder libremente entre las preguntas, toda vez que tengan libertad para resolver el examen en el orden que deseen.
- La aclaración sobre si la duración de la prueba será la misma que en la modalidad presencial o, en su caso, cuál será; entendiendo que deba ser un tiempo suficiente para resolver preguntas de gran extensión como las actualmente planteadas.
- El establecimiento de un sistema para aquellos aspirantes cuyas circunstancias personales no permitan la correcta participación en la prueba; entendiendo como tal la falta de espacios, de medios o de una correcta conexión a internet. Para ello, vemos primordial la colaboración conjunta entre el Ministerio de Justicia, el CGAE, los colegios profesionales y las Comunidades Autónomas con las competencias en Justicia transferidas, toda vez que puedan facilitar medios o lugares para que, aquellos aspirantes que lo necesiten, puedan hacer la prueba en unas condiciones óptimas.
- La previsión de medidas que permitan continuar con el correcto desarrollo de la prueba ante incidencias concretas, tales como la pérdida temporal de conexión a internet, los fallos eléctricos o los problemas informáticos y del sistema de examen.
- Permitir, una vez concluido el tiempo de la prueba, la descarga de las respuestas dadas por los aspirantes, para su comparación con las plantillas oficiales de respuestas.
- La publicación de las calificaciones en un plazo máximo de 10 días, siendo este un tiempo suficiente para la presentación de impugnaciones a las preguntas, su resolución, la publicación de las plantillas provisional y definitiva de respuestas y la corrección de las pruebas -con un sistema informático-, todo ello encaminado a que quienes resulten aptos en la prueba puedan proceder lo antes posible a su colegiación.
- El establecimiento de medidas para el control de la identidad de los aspirantes y la garantía de integridad de la prueba, todo ello desde el más absoluto respeto a la intimidad y la protección de datos, debiendo ser medidas con la mínima e indispensable lesividad de derechos y adaptadas a las diversas circunstancias personales y logísticas que pueden concurrir en los cerca de 7.000 aspirantes.
Entendemos que en ningún caso la celebración del examen por vía telemática debería servir como excusa para el progresivo aumento de la dificultad de la prueba -como ha venido sucediendo en los años anteriores-, debiendo volverse al nivel de los años iniciales. En este sentido, sería imprescindible el uso de las mismas preguntas que se tenían previstas para el 28 de marzo, evitando así un aumento en la dificultad escudado en la modalidad telemática de la prueba. Consideramos, asimismo, que la privacidad y protección de datos de los aspirantes debe ser una cuestión primordial, toda vez que no se pretenda implantar ningún sistema de control o monitorización continua por imagen que conlleve grabación y no tenga relevancia alguna en la evaluación y en la eventual revisión de la calificación, como ya está sucediendo en algunas enseñanzas universitarias.
Por todo ello, desde CONEDE reiteramos nuestra voluntad de diálogo y trabajo conjunto con el Ministerio de Justicia y apelamos al espíritu de trabajo y unidad para resolver esta situación de una forma correcta, segura, rápida e igualitaria; permitiendo así la plena incorporación de los cerca de 7.000 aspirantes al mercado laboral a la mayor brevedad y en igualdad de condiciones respecto a quienes han realizado la prueba en años anteriores.