ALTODO.
Cuando ahora la justicia se declara en deshibernación y este 4 de junio alza la suspensión de plazos procesales, tras casi tres meses de parón en el que incluso se llegó a restringir el derecho a presentar escritos en los juzgados, esta Asociación ha constatado, de primera mano y a través de las quejas e informaciones que viene recibiendo de la abogacía de oficio, que en los juzgados las medidas para garantizar la protección de la salud de cualquier interviniente son absolutamente deficitarias e incluso, en muchas ocasiones, sencillamente, brillan por su ausencia.
Ello contradice el más elemental principio de tutela de salud pública y pone en evidencia el incumplimiento de las medidas legales y gubernativas adoptadas.
ALTODO lleva desde el inicio de la alerta sanitaria, en sus comunicados de 11, 12, 24 y 30 de marzo, advirtiendo y denunciando públicamente estas carencias y solicitando medios. Si bien hemos visto como alguna de nuestras reivindicaciones originarias han sido generalmente bien acogidas, como permitir la asistencia letrada a las personas detenidas por medios telemáticos, con remisión de los atestados, observamos que ahora se inicia un periodo de reactivación de la justicia que se puede tildar de puramente caótico.
Si se pretende evitar la concentración de personas en las sedes de juzgados y tribunales y, a la vez, poder seguir realizando los actos procesales, existe la correlativa obligación de dotar de todos los recursos que sean precisos. Por ello, sin perjuicio de que respetamos el derecho de cada profesional a decidir responsablemente cómo relacionarse con sus clientes, compañeros, juzgados y tribunales, la actual pandemia hace necesario disponer de medios telemáticos que garanticen la mayor seguridad personal de los intervinientes y usuarios de la justicia siempre que sea oportuno, de tal forma que sea efectiva su utilización cuando se recaben.
No obstante, pese a que desde esta Asociación hemos instado la adopción de todo tipo de medidas de cara a conjugar la mayor seguridad con el mantenimiento de la calidad del servicio de la abogacía de oficio, no vemos que se esté en la labor de implementar los recursos necesarios, habiéndonos dejado en una situación de riesgo, desamparo y «sálvese quien pueda».
Así, además de pedir al Iltre. Colegio de Abogados de Madrid y así lo haremos con el resto de Colegios de nuestras delegaciones nacionales que inste de las autoridades sanitarias correspondientes que realicen las comprobaciones exhaustivas pertinentes que faculten la utilización de los espacios públicos en condiciones de seguridad, le hemos solicitado que también realice una auditoría independiente a fin de que, sede a sede, dependencia a dependencia, sala de vistas a sala de vistas, se comprueben las medidas concretas de seguridad que se adopten por cada Juzgado y la existencia o no de medios de videoconferencia.
También hemos solicitado al Iltre. Colegio de Abogados de Madrid, y así lo haremos con el resto de Colegios de nuestras delegaciones, que provean de sala de videoconferencia donde los beneficiarios vulnerables que carezcan de recursos tecnológicos puedan comunicar tanto con el Servicio de Orientación Jurídica (SOJ) como con sus abogados y abogadas designados por Turno de Oficio, al tiempo que se provea un servicio de escaneado de documentación para que dichos beneficiarios puedan aportar la documentación necesaria para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita así como la relativa a los asuntos para los que sean o hayan sido designados los letrados de oficio, a efectos de su remisión a estos.
Asimismo, que se refuerce la plantilla de los SOJ, mediante la adscripción de nuevos letrados colaboradores, o el incremento horario de la plantilla ya existente, ante la previsible avalancha de asuntos que propicia la deriva de la problemática y consecuencias de toda índole del estado de alarma.
Por su parte, hemos instado de la Comunidad de Madrid y así lo haremos en el resto de Administraciones prestacionales de nuestras delegaciones que doten de salas de videoconferencias que permitan las declaraciones de las partes, testigos y peritos y, así, la celebración de los juicios por estos medios junto con el software de videollamadas que permita la celebración de los juicios de manera telemática en las condiciones de usabilidad, confidencialidad y seguridad oportunas, todo ello en virtud de lo prevenido en el propio Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.
La abogacía de oficio, integrada por un tercio de toda la abogacía, constituye prácticamente el grueso de la asistencia letrada en la jurisdicción penal y desarrolla en el resto de las jurisdicciones una labor imprescindible, que ahora puede verse cercenada por la carencia de recursos por las Administraciones.
Por todo ello, exigimos que se reanude la actividad con los medios necesarios para evitar contagios y a su vez celebrar los mayores actos procesales posibles, y hacemos una llamada a la sociedad para que exija, pues para ello la sostienen con sus impuestos, una justicia sanitariamente segura al tiempo que se la dote de medios tecnológicos, de tal forma que merezca considerarse «europea» y del «siglo XXI».
Mientras no cambien las cosas y mucho tienen que cambiar, lamentablemente, recordaremos cada 4 DE JUNIO, como el «DÍA DE LA JUSTICIA SIN MEDIOS».
