Carlos Lacaci, Socio Director de Lacaci & Delgado Abogados

Hans A. Böck / @LP_Hans

Pregunta (P): Sr. Lacaci, ¿cómo ha ido este verano atípico donde algunos sí parecen haber disfrutado de sus vacaciones mientras otros, los abogados han tenido un mes muy ajetreado?

Respuesta (R): Realmente, ha sido un mes de agosto en el que, si bien, como abogados, ya estábamos acostumbrados a no poder desconectar del todo, puesto que siempre estamos pendientes de las posibles consultas urgentes que nos hacen llegar los clientes, es cierto que, a consecuencia de la Covid_19 y por las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia, habilitando gran parte del mes de agosto para realizar los trámites judiciales, aún ha sido más estresante que otros años por estas fechas, puesto que hubo señalamientos y diligencias que atender en órdenes jurisdiccionales en los que habitualmente, el mes de agosto, ha venido siendo inhábil.

Lamentablemente, pese a las medidas así adoptadas por Justicia, no se ha resuelto el problema de fondo y que viene de largo, tal es el problema por la falta de medios en dicha Administración. Medios técnicos y humanos que, muchos de los operadores jurídicos, ya venimos reclamando desde hace años. Una Justicia lenta, no es justicia. Al final, se perjudica al justiciable y a todos los ciudadanos, quienes pagamos religiosamente nuestros impuestos, pese a no ver invertido ese dinero en una mejor y más eficaz Administración de Justicia.

P: Desde su perspectiva, ¿ha servido para desatascar la Justicia esta habilitación parcial de agosto?

R: Me gustaría decir lo contrario, pero sinceramente no creo que, habilitando unas semanas del mes de agosto, haya servido para desatascar la Justicia. Lo que ha servido es para que muchos abogados y procuradores se hayan quedado sin las vacaciones que, habitualmente, venían disfrutando en el mes de agosto, o bien, para que, en el mejor de los casos, se hayan podido ir unos días a la playa o a la montaña mirando, cada noche, Lexnet y sus correos electrónicos. Para que los jueces, LAJ y resto de funcionarios, hayan tenido que redoblar también sus esfuerzos, sacrificando, en muchos casos, días de sus vacaciones en el mes de agosto. En cualquier caso, como se comprenderá, habilitando unas semanas del mes agosto, no se soluciona el problema de fondo que mencioné anteriormente. El Ministerio de Justicia debería escuchar más y mejor a los operadores jurídicos y, junto con la responsabilidad del Gobierno y del resto de los responsables políticos, gestionar mejor los ingresos públicos para no tener una Administración de Justicia anclada, como poco, en el siglo pasado y con una clara falta de medios. No es normal ver, en pleno siglo XXI y en un Estado moderno como es España, juzgados donde los techos se caen, los baños están estropeados, se siguen viendo cucarachas tras los expedientes de algunos juzgados, los aires acondicionados no funcionan, el sistema de comunicación que se sigue utilizando entre los operadores jurídicos es el fax…

P: Seguimos inmersos en la crisis sanitaria de la COVID-19. ¿Cómo valora las medidas de seguridad en los juzgados? ¿Están los compañeros seguros si acuden a los juicios?

Sobre este punto, yo diferenciaría entre dos fases diferentes: una, tras el estado de alarma decretado en el mes de marzo del presente año y otra desde que se decretó el fin de este y vuelta a la “normalidad” (o a la “nueva normalidad”). La primera fase fue un desastre absoluto. Aún recuerdo tener que ir a asistir a detenidos en las comisarías, cuarteles de la Guardia Civil o a los propios juzgados y encontrarnos con que no había ningún tipo de medida (ni mascarillas, ni geles, ni EPIS…) Cada juzgado, improvisaba las medidas que creía más conveniente, con los escasos medios con los que contaban y con un grave riesgo para la salud de todos los que allí interveníamos. Muchos funcionarios se contagiaron en aquellas primeras semanas. También hubo compañeros, abogados y procuradores que se contagiaron. Actualmente, se ha mejorado algo en cuanto a las medidas de prevención (con restricciones de las visitas a los juzgados, acopio de material de protección, etc.). No obstante, la situación sigue siendo muy delicada y los medios de protección que existen siguen siendo muy escasos (en pocos juzgados he visto, por ejemplo, mamparas de separación en sala u otras medidas que podrían ser más eficaces para la prevención). Destacar eso sí, el esfuerzo que han hecho y siguen haciendo muchos de los operadores jurídicos en estos tiempos y el hecho de que, se realicen las asistencias a los detenidos de forma telemática, en vez de presencial (aunque no siempre es posible y los sistemas de videoconferencia de los juzgados, por ejemplo, están muy anticuados y dan muchos problemas de funcionamiento).

P: Una de las soluciones que se han implementado en los últimos meses han sido los juicios telemáticos. ¿Cómo son sus experiencias con este formato?

R: En línea con lo ya apuntado, la iniciativa, aunque va en el ánimo de incidir en una mayor protección frente a la Covid-19, la realidad es que en muchas de las ocasiones estos juicios telemáticos no pueden desarrollarse con las garantías legales necesarias, por carecer de una de las características propias del proceso: la inmediación. En los casos en los que no se ponen en riesgo esas garantías procesales, nos encontramos con que muchos de estos medios telemáticos utilizados en los juzgados, se encuentran anticuados o, directamente, no funcionan, con la pérdida de tiempo consiguiente y el grave perjuicio para las partes y todos los operadores jurídicos que intervenimos en el proceso.

P: Y si dirigimos la mirada al otoño que nos viene encima con una economía maltrecha, aumento del paro. ¿Cómo evolucionará la abogacía en los próximos meses? ¿También habrá más precariedad en la profesión?

R: Aunque soy una persona que siempre intenta ver las cosas desde su lado positivo y que confía mucho en el esfuerzo y el mérito de los españoles en su conjunto para salir de situaciones complicadas, lo cierto es que estamos ante una situación muy delicada. Por las cifras y los datos macroeconómicos que se barajan, podríamos decir que estamos en tiempos de una economía de guerra, aunque sin tanques ni enemigos visibles en las calles. Lo peor es la incertidumbre, el temor a lo desconocido, a no saber cómo podernos enfrentar ni derrotar a este microscópico virus que llegó de forma sorpresiva y que sigue arrasando no sólo vidas, sino la economía de los Estados más desarrollados del mundo. España, además, adolece de un sistema económico sustentado en sectores que aún agravan más esta pandemia. El turismo, la hostelería, el comercio, todos estos sectores están siendo arrasados y, tras ellos, también otros muchos sectores y profesionales que van cayendo como fichas de dominó.

La abogacía, no es tampoco un sector ajeno a esta brutal crisis de origen sanitario y de muy graves consecuencias económicas. Ya, tras la primera fase del confinamiento, durante los meses de marzo a junio, fueron muchos los compañeros que se quedaron por el camino (por cierto, “nadie se quedará por el camino”, acuérdense también, señores gobernantes, de los profesionales que nos dedicamos a la abogacía, en número, casi 155.000), muchos pequeños despachos (y, también alguno de los medianos), han tenido que darse de baja de su actividad profesional, por haber visto mermados sus ingresos (en muchos casos, con cero ingresos) y no poder pagar los gastos asociados a la profesión. Piensen en los despachos muy especializados en aquellas áreas jurídicas donde, apenas, sí hubo actividad y que, por tanto, han sufrido mucho para mantenerse en pie.

Los despachos multidisciplinares aguantamos mejor, aunque a todos nos está afectando esta crisis sin precedentes, que duda cabe. Ser profesional abogado en España es muy complejo. Lo es, porque existe mucha oferta (somos el país de Europa con más número de abogados por habitante). Lo es, porque existen muy pocas ayudas públicas, por no decir ninguna, a nuestra profesión. Lo es, porque el coste de ser autónomo en España es muy elevado. Lo es, porque un autónomo en España no tiene apenas coberturas por incapacidad temporal (un autónomo corre mucho riesgo si cae enfermo; un abogado o una abogada que enferme apenas podrá continuar con su profesión. Así de duro, así de triste).

No obstante, como ya dije, me gusta siempre ver el vaso medio lleno y pienso que también se abren muchas oportunidades para nuestra profesión. Los abogados estamos para ofrecer un asesoramiento legal e intentar solucionar los problemas que plantean los clientes y los ciudadanos en general. Son tiempos de muchos problemas y conflictos. Son tiempos en los que nuestra profesión puede ayudar, y mucho, a encontrar las mejores soluciones a dichos problemas y conflictos, siempre en el interés de los ciudadanos.

Los científicos y los profesionales sanitarios se centran en la prevención y en el cuidado de salud de las personas (sin ellos, estaríamos dejados a la suerte de los acontecimientos, los necesitamos). Los abogados, junto al resto de operadores jurídicos, también somos necesarios. En un Estado de derecho, fundamentales. Y, cuando las cosas se ponen feas, también. Deseo y espero que, de verdad, en los próximos meses nadie se quede por el camino y, en concreto, que ningún colega tenga que colgar su toga de forma involuntaria por esta maldita pandemia que ya ha hecho grandes destrozos a la salud de las personas y en la economía de los países.

P: Para todos aquellos compañeros que están muy asustados por un futuro muy incierto, ¿Qué consejos les daría para mantener sus despachos a flote?

R: Es muy complicado arrogarse en consejero y más en los tiempos de tempestad por los que transitamos. Con mucha humidad, si acaso, les diría que traten de no rendirse y que busquen nuevos nichos de mercado, nuevas oportunidades. Que aprovechen, en la medida de sus posibilidades, para formarse en aquellas materias en las que exista más demanda de asesoramiento (ahora existen muchos conflictos en el orden civil: tema de ocupación de viviendas, arrendamiento de inmuebles, incumplimiento de contratos, etc.) Que sigan amando a esta bella profesión y que se vean también como profesionales con alto valor añadido en sí mismos. Todos tenemos capacidades en las que destacamos, pero es necesario mostrárselas a la gente. Se necesitará, más que nunca, ser marca personal y marcar la diferencia con conocimientos de materias específicas, con seriedad, generando y demostrando confianza. Con todo ello, el éxito, por desgracia, tampoco está asegurado, pero es probable que se pueda sobrevivir en esas aguas tan agitadas por las que, actualmente, estamos embarcarnos todos.

P: Y en Lacaci & Delgado abogados, ¿Qué iniciativas han adoptado para afrontar la “nueva” realidad?

R: En nuestro despacho hemos diversificado, más de lo que ya veníamos ofreciendo, las áreas jurídicas en las que ahora trabajamos. Junto a las áreas de procesal penal, civil y familia, laboral y contencioso-administrativo, hemos realizado diferentes acuerdos de colaboración para ofrecer servicios jurídicos para los autónomos y las pymes, con una cartera de servicios completos para el asesoramiento legal y de consultoría: contratos, nóminas, seguros sociales, inspección de trabajo, etc. También ofrecemos servicios especializados en derecho de extranjería y Ley de Emprendedores. Por tanto, nuestra herramienta más potente, diría que es la diversificación, además de la cercanía e inmediatez, lo que nos ha servido para generar la confianza de muchos nuevos clientes que han llegado también por el boca a boca.

P: Y para finalizar una mirada más allá de otoño. ¿Cuándo cree que podemos recuperar la normalidad sanitaria, económica y jurídica?

R: Respondiéndole más con el corazón que con la cabeza, le diría que a principio del año próximo podría empezar a remitir la crisis sanitaria, siempre y cuando se vayan produciendo con éxito las vacunas sobre las que ya han comenzado a probar en las personas. Tras ello, lo lógico sería pensar en una reactivación de la economía. Se normalizarían las comunicaciones, así como el tránsito de personas entre países, con ello, también el turismo y, poco a poco, volvería a funcionar el motor económico. Con la reactivación económica, habría que pensar también en una mayor seguridad jurídica (esto no debería ser así, puesto que la seguridad jurídica es la base también para una posible reactivación económica, nuevas inversiones, etc.), pero en España, por desgracia, los responsables políticos en muchas ocasiones no ponen de su parte para que exista esa necesaria y previa seguridad jurídica que sirva de marco reglamentario para la reactivación económica.

No obstante, lo anterior, ya le dije, le he respondido a esta última pregunta únicamente con el corazón…