Manel Atserias Luque, Fundador del Instituto de Salud Mental de la Abogacía – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP).
Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Suicidio 2020, me gustaría dirigirme a toda la comunidad legal de este país y, especialmente, a quienes asumen responsabilidades tanto en las instituciones como en las grandes firmas de servicios jurídicos.
Recientemente, el Libro Blanco “Depresión y Suicidio 2020. Documento estratégico para la promoción de la Salud Mental”, elaborado por la Sociedad Española de Psiquiatría (SEP) y la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB) ―en colaboración con la farmacéutica Janssen―, ha puesto de manifiesto la necesidad urgente de invertir en la salud mental de la población.
El doctor Celso Arango, presidente de la SEP, ha alertado de que los trastornos depresivos podrían aumentar hasta un 20% en los próximos meses y años a causa de la pandemia de COVID-19 y de las crisis económica y social que ya empiezan a verse.
Entre otras conclusiones de este documento, me gustaría hace hincapié en tres: la primera es que la depresión es la enfermedad más prevalente en España (casi 3 millones de personas diagnosticadas). La segunda es que el suicidio es la causa externa de mortalidad más frecuente en nuestro país (se suicida una persona cada dos horas y media). Y la tercera es que, en el caso de la depresión, el riesgo de suicidio es 21 veces superior a la población general.
Estamos, pues, ante dos problemas de salud pública muy graves. Considero que las administraciones públicas y las empresas aún no son plenamente conscientes de la magnitud de estas realidades. La infrafinanciación crónica que adolece la sanidad pública (llegando a ser inaceptable en todo aquello relacionado con la asistencia y tratamiento de trastornos) y el estigma social en salud mental provocan perjuicios irreparables para millones de ciudadanos, tanto de forma directa (afectados/as) como indirecta (familiares y amigos/as). Y económicos también, pero es lo menos importante.
Evidentemente, los profesionales jurídicos españoles no son inmunes a padecer problemas de salud mental. Aunque no tengamos datos sobre los índices de depresión y suicidio en el sector legal, el I Estudio sobre la Salud y el Bienestar de la Abogacía Española (2019) y el Informe de evaluación de riesgos psicosociales de la Carrera Judicial (2018) sí que han constatado que los profesionales de la abogacía y judicatura sufren altos niveles de estrés y ansiedad en el ejercicio de sus respectivas profesiones.
Durante mis casi tres años al frente del Instituto de Salud Mental de la Abogacía – Mental Health Institute of Legal Professions (ISMA-MHILP), he tenido la oportunidad de conocer las historias de decenas y decenas de abogados/as españoles/as, desde jóvenes que trabajan para grandes firmas hasta veteranos/as que ejercen por su cuenta.
No pueden llegar a imaginarse cuántos/as profesionales están sufriendo en silencio por las cargas excesivas de trabajo, las jornadas maratonianas que dificultan una conciliación efectiva entre vida laboral y personal/familiar, el acoso y la intimidación de los compañeros/socios y/o ciudadanos/clientes, y la precariedad económica, entre otros motivos.
Si encima no pueden expresar cómo se sienten o qué problemas tienen porque tienen miedo a ser discriminados, estamos contribuyendo a la cronificación de determinadas patologías que, a largo plazo, derivarán en trastornos más graves.
Por este motivo, os ruego que, a corto plazo, (i) fomentéis el diálogo y una cultura abierta para hablar de salud mental (prevención) y (ii) forméis a los profesionales jurídicos con el fin de que adquieran conciencia sobre esta cuestión y pidan ayuda profesional cuando la precisen.
