Jesús Ruiz de Arriaga, socio director del despacho de abogados Arriaga Asociados
El hecho de que el gobierno de España quisiera salvar a Bankia hizo forzar la salida a bolsa. Para eso tuvo que involucrar a todos: al Banco de España, a los auditores de Deloitte, a la CNMV, etc.
La situación de Bankia era delicada. Las cuentas del año 2011 reflejaban unos beneficios de 309 millones. Cuando entró José Ignacio Goirigolzarri, en mayo de 2012, se reformularon las cuentas con unas pérdidas de 2.979 millones y finalmente tuvieron que inyectarse 22.424 millones de ayudas públicas.
La sentencia absuelve a los acusados porque había una connivencia entre las instituciones con la intención de salvar la economía y evitar un posible derrumbe de la credibilidad de los bancos. Pero el hecho de que hubiera una unanimidad de criterio para salir a bolsa no suprime la culpa de que estas personas absueltas no hubieran cometido el delito.
Otro de los argumentos que utiliza la Audiencia Nacional es que hubo una grave crisis económica y financiera. Efectivamente era así porque Bankia estaba especialmente expuesta al ladrillo y se debía haber provisionado a tiempo, de manera que no habría tenido beneficios en el año 2011. Pero es que además, la crisis financiera no lo fue solo para Bankia, sino para todo el sector financiero, que sin embargo la mayoría sobrevivió. Porque, si no, ¿cómo pudo pasar de unos beneficios de 309 millones en 2011 a unas pérdidas de 2.979 millones en 10 meses, para terminar necesitando un rescate de 22.424 millones? No existe otra explicación lógica de que fueron amañadas las cuentas de 2011 para conseguir financiación para Bankia con la salida a bolsa. Esta salida a bolsa tampoco fue suficiente precisamente por esos 22.424 millones adicionales que provinieron de fondos públicos.
Otro punto a destacar es que los afectados por la salida de bolsa nunca deberían haber ido por la vía penal. La mayoría lo hicieron por la vía civil y el Tribunal Supremo dictaminó que Bankia debería devolver el dinero a las personas que adquirieron acciones de Bankia tras comprobar que la información ofrecida por la entidad, en el folleto de la emisión de las acciones, contenía la información incorrecta, ocultando su gravísima situación, como pudo verse más tarde.
En la vía penal se pide demostrar de manera indubitada que alguien ha cometido un delito, con una presunción de inocencia, y ante caso de duda, siempre se va a beneficiar al acusado. Y solo cuando el acusado es condenado es responsable de pagar al querellante de los daños que le ha causado. Además, los acusados jamás podrían haber pagado los miles de millones a los afectados por la salida de bolsa.
Lo que había que hacer era demandar a Bankia, en un proceso civil, demostrando que el folleto contenía gravísimos errores y que, de acuerdo con la Ley de Mercados de Valores, Bankia era responsable de devolver el dinero y no Rodrigo Rato y compañía. Finalmente, los afectados pudieron recuperar su dinero por la vía civil. Los que fueron por la vía penal, por ahora, no lo han recuperado.
Hubo algunas personas afectadas y sus representantes que buscaban más castigar al culpable que recuperar el dinero. Afortunadamente, la mayoría de los afectados consiguieron recuperar su dinero por la vía civil.