International Auction Group SLU (IAG Auction), entidad especializada en la realización de subastas y la gestión de venta de activos concursales, ha liderado, en este 2021, un total de 2.684 subastas, logrando un número de pujas de 6.470. En comparación con el ejercicio anterior, las subastas han aumentado un 64.5% (en 2020 se subastaron 955 lotes) y las pujas han crecido un 35% (el resultado del año anterior fue de 4.241 pujas).
De las 6.470 pujas totales de este año, 2.098 corresponden a bienes inmuebles; 19 pujas corresponden a activos intangibles y las 4.347 restantes a bienes muebles.
Estas cifras demuestran los buenos resultados que obtienen las subastas organizadas por entidades especializadas. Su eficacia en la gestión de bienes permite la obtención de recursos para reflotar empresas o proceder a su liquidación de forma ordenada.
Una evidencia que se contrapone con el Anteproyecto de Ley Concursal que pretende eliminar este sistema de subastas con la creación de una plataforma electrónica pública de liquidación de bienes. En este sentido, el anteproyecto prevé que las micropymes (empresas de menos de 10 trabajadores que suponen el 94% del tejido empresarial español) puedan llevar a cabo procesos de reestructuración y sistemas de cálculo de pagos online sin la figura de un administrador concursal.
“Los datos evidencian que los administradores concursales y los jueces mercantiles confían en las subastas de las entidades especializadas, ya que son altamente eficaces en la resolución de procedimientos concursales. Esperamos que el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal reconozca el gran trabajo que llevan a cabo las entidades especializadas”, afirma Álex Munné Gómez, COO de IAG Auction y presidente de la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES).
Tanto las entidades especializadas como su organización representativa, la Asociación Nacional de Entidades Especializadas (ANEES), han mostrado su preocupación sobre el Anteproyecto de Reforma de la Ley Concursal y han presentado alegaciones al mismo, al considerar que la ley dificultará la operativa de los portales de entidades especializadas, convirtiendo los procedimientos concursales en trámites menos ágiles y limitando la generación de recursos para hacer frente a los pagos a proveedores.
