Altodo.
En relación con la actualización de baremos retributivos del Turno de Oficio acordada mediante Orden de 2 de marzo de 2022, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, publicada hoy en el BOCAM, esta Asociación considera muy insuficiente el incremento supuestamente acordado.
Hay que echar la vista muy atrás, remontándonos hasta el Decreto 86/2003, publicado en el BOCM el día 24 de Junio de 2003, para tener presentes los últimos incrementos retributivos acordados, salvo los escasos módulos que fueron incrementados en 2015. De ese modo puede constatarse como ya entonces se abonaban en muchos procedimientos cantidades similares a las que la nueva Orden establece, y se omite deliberadamente que la Ley 4/2012, de 4 de julio, de Modificación de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, recortó en un 20 % aquellos baremos de 2003 ya de por sí miserables, y que habían permanecido congelados durante casi una década. Ese recorte se recupera en 2015, en el contexto de una negociación fruto de la cual se logra, además de lo anterior, el incremento de algunas pocas actuaciones, en detrimento de otras, que incluso disminuyen su retribución.
En definitiva, la Orden de 2.3.2022 incrementa ligeramente algunos baremos, pero ese incremento queda muy lejos del 43,6 % de incremento IPC operado desde enero 2003, que en modo alguno se recupera, por lo que hemos de concluir que, realmente, no ha habido tal incremento retributivo, sino una simulación injusta de subida, con merma evidente de la capacidad adquisitiva de la abogacía de oficio, que tendrá que seguir ejerciendo el derecho de defensa de quienes carecen de medios, de forma precaria y a un coste para el Estado muy inferior al de mercado, siendo así que el principio proclamado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, de que este servicio esté “digna y suficientemente remunerado”, sigue siendo una quimera.
Lamentamos tener que decir, una vez más, que prosigue el maltrato institucional hacia la abogacía de oficio, y que seguiremos luchando por defender una actualización de baremos conforme a la realidad de la importancia social de nuestro trabajo, y, lejos de palmear la condescendencia institucional y política, seguiremos reclamando que de una vez por todas se nos coloque en el lugar en el que como actores jurídicos imprescindibles merecemos estar, al igual que jueces y magistrados, fiscales y letrados de la administración de justicia, que ven cómo cualquier anuncio de huelga, derecho que a nosotros se nos niega, es rápidamente correspondido con incrementos salariales.
Como dijera Platón “la peor forma de injusticia es la justicia simulada”. Tendrán noticias de nuestro colectivo.
