Edith Zeller, President of the Association of European Administrative Judges (AEAJ), Duro Sessa, President of the European Association of Judges (EAJ), Tamara Trotman, President of Judges for Judges, Filipe César, Marques President of Magistrats Européens pour la Democratie et les Libertés (MEDEL)
President of the European Commission, Ursula von der Leyen,
European Commissioner for Neighbourhood and Enlargement, Olivér Várhelyi European
Commissioner for Justice, Didier Reynders
President of the European Council, Charles Michel
President of the European Parliament, Roberta Metsola
Secretary General of the Council of Europe, Marija Pejčinović Burić
Los miembros de la Plataforma para un Poder Judicial Independiente han venido prestando una atenta observación a la evolución del sistema judicial turco en los últimos años, desde el 15 de julio de 2016, día del intento de golpe de Estado, en adelante. Pues bien, desde diciembre de 2013, en Turquía se ha visto una tendencia alarmantemente negativa en relación con el estado de derecho y la independencia judicial. Esta tendencia se intensificó tras los dos años de Estado de Alarma que siguieron al frustrado intento de golpe de estado. El tiempo tan prolongado de duración del estado de alarma ha tenido un efecto devastador en los derechos humanos y el estado de derecho en Turquía, y ha conducido a distintas medidas represivas que se están adoptando en nombre de la lucha contra el terrorismo y la protección la democracia. Después del 15 de julio de 2016, más de 4.500 jueces y juezas y fiscales turcos fueron despedidos y alrededor de 2.450 fueron encarcelados/as y muchos/as de ellos/as sometidos/as a tratos inhumanos durante su detención.
Han pasado seis años y aún no se han tomado medidas significativas para restaurar el estado de derecho en Turquía, ¿se ha aliviado la difícil situación de los jueces y fiscales turcos que han sido objeto de estos despidos y arrestos masivos?
La represión en la judicatura, incluida la destitución masiva de juezas, jueces y fiscales, además de las modificaciones en la composición de los órganos de gobierno del poder judicial a través de cambios constitucionales, han socavado considerablemente la capacidad del poder judicial turco para administrar justicia y proporcionar un remedio efectivo contra las violaciones de los derechos humanos, tanto durante como después del estado de excepción.
Al hecho de que los tribunales turcos muestren una clara falta de independencia a la hora de tomar decisiones se suma una falta de voluntad para implementar las decisiones del TEDH. Muestra de lo anterior es la Sentencia de 11 de julio de 2022 dictada en Gran Sala sobre el incumplimiento por parte de Turquía de la sentencia del Tribunal en el caso del Sr. Kavala (Solicitud n.° 28749/18). Y más específicamente con respecto a la decisión tomada por el Tribunal Constitucional de Turquía (4 de junio de 2020) en el sentido que la interpretación de las leyes nacionales sobre el encarcelamiento de miembros del poder judicial corresponde a los tribunales turcos y no al TEDH, negándose así abiertamente a cumplir con dos decisiones del TEDH, Baş v. Türkiye, no. 66448/17 (3 marzo de 2020) y Alparslan Altan c. Türkiye, núm. 12778/17 (16 de abril de 2019).
Estos hechos demuestran a las claras una abierta y frontal falta de respeto al estado de derecho en Turquía. Los miembros de la Plataforma por un Poder Judicial Independiente han reiterado y abiertamente advertido contra las agresiones brutales y los malos tratos a los miembros del poder judicial y fiscalía turca encarcelados, así como de las graves violaciones de los derechos humanos básicos de los que todo ciudadano/a europeo/a debería disfrutar. Es obvio que los tribunales turcos ni siquiera cumplen los estándares básicos en materia de protección de derechos fundamentales a observar en todo proceso penal, en este caso contra jueces y juezas y fiscales detenidos/as.
La intolerable violación del estado de derecho no puede pasar desapercibida y nunca debe utilizarse como moneda de cambio por razones de realpolitik en las negociaciones con el gobierno turco. La mera palabrería en defensa del estado de derecho no es suficiente.
Teniendo en cuenta el destino tan desgraciado e incierto de miles de juezas, jueces y fiscales, así como de sus familias, después de los despidos y arrestos masivos en julio de 2016, que es solo la punta del iceberg, y ante el panorama general del deterioro del estado de derecho y las masivas y sistemáticas violaciones de los derechos humanos en Turquía, les instamos a que tomen todas las medidas y pasos necesarios para asegurarse de que Turquía observa los principios del estado de derecho, así como la independencia del poder judicial y el derecho humano básico a un juicio justo .
