Si bien “la innovación es el principal motor del crecimiento económico”, asistimos a un “riesgo reputacional para el mundo tecnológico, derivado de la preocupación ciudadana por el uso de la tecnología en el tratamiento y aprovechamiento de datos”. “Es innegable que el entorno digital está generando problemas, si bien ello no justifica un discurso negativista y de cuestionamiento del avance tecnológico digital”.
Así lo ha señalado Pablo García Mexía, director de Derecho Digital de Herbert Smith Freehills, durante el seminario “La fuerza del dato: confianza y creación de valor en la sociedad digital”, celebrado en la sede del despacho, y cuyo eje principal ha sido abordar el equilibrio entre asegurar la confianza ciudadana en el tratamiento y aprovechamiento de los datos y garantizar la creación de valor de la mano del dato en una sociedad cada vez más digital.
García Mexía, alertó del que llamó “discurso ciberfatalista» que, en su opinión, “está calando en importantes sectores y teniendo eco en algunas instituciones de toma de decisiones”. Un discurso, aseguró, que se nutre de una vertiente económica, según la cual “el Estado tiene que liderar y dirigir la innovación”; una vertiente tecnológica, que pivota en la idea de que “las grandes tecnológicas explotan a los ciudadanos para extraer valor de sus datos en su propio beneficio”; y una social, que afirma que “se maneja al ciudadano, totalmente inconsciente, que no toma decisiones libres cuando usa los servicios de estas compañías”.
Explicó el experto que “se trata de un discurso que no se sustenta”, en primer lugar, “porque ignora que el entorno digital es eminentemente interactivo, en el que todos producimos y generamos y además queremos hacerlo”. Además, porque la tecnología, “no es un fenómeno aislable, cosa sólo de tecnólogos, sino que involucra a científicos, empresas y hasta a los propios consumidores”. En tercer lugar, porque “la innovación se gesta mayoritariamente en la empresa y se testa en el mercado y por los usuarios, sin perjuicio de que el Estado sugiriera o financie algunas líneas de acción”. «La última fuente de debilidad de este discurso», añadió, “es sostener que el hombre medio es absolutamente inconsciente y ha perdido su libertad”. Y es que, aseguró, “no se puede elevar la vulnerabilidad de algunos a categoría general”.
En este contexto, alertó de un “riesgo sistémico, porque ese discurso «ciberfatalista» está calando en la opinión pública”, al que se añade un “riesgo geopolítico, porque quien domina las tecnologías domina la geopolítica global”. Así, a su juicio, “delimitar o cuestionar la innovación o la tecnología es debilitarnos ante países que no creen en la libertad y cuestionan el modelo democrático que defendemos en Occidente”. Asimismo, se refirió a los “riesgos para el regulador”. A este respecto, si bien recordó que la UE “es un bastión regulatorio, cuya normativa es modelo mundial, la excesiva carga regulatoria no puede suponer la generación de barreras a la innovación, haciendo a Occidente menos competitivo”. Añadió el experto «el riesgo por el menosprecio a la innovación privada y recordó que entre el 70-80% de la innovación proviene del sector privado”. Y concluyó que “Internet ha logrado reducir las economías de escala, ya que hay millones de pymes que, sin esas plataformas, muchas veces estigmatizadas, sencillamente no podrían existir”.
Por su parte, María Álvarez Caro, directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas de Google Cloud Iberia, sostuvo que “es perfectamente compatible la innovación basada en el uso de datos y el respeto a la privacidad o estricto cumplimiento de la normativa de protección de datos, poniendo al usuario en el centro, empoderándole, a través del control y transparencia en el uso de sus datos”. Así, explicó la cadena de valor del dato, desde los datos hasta el conocimiento, pasando por la información. En este sentido, aseguró que “el acceso al dato por sí mismo, el dato aislado, no vale nada. Lo importante es extraer el valor de los datos y saber interpretarlos, para lo que se necesitan muchos recursos”. De ahí que negara que “las Big Tech busquen recabar cuantos más datos mejor, porque el coste de extraer el dato es, a partir de un punto, muy superior al valor que ese dato ofrece por la gran capacidad computacional que se requiere”.
Por su parte, Fernando Ortega, General Counsel de Siemens España y Portugal, expuso el modelo de plataforma productiva de Siemens, aseguró que “el desafío para las empresas y la sociedad en los próximos 5-10 años será conectar las máquinas y las industrias”, y enumeró los retos del dato: la descarbonización, dado que “los proyectos digitales contribuyen al ahorro de energía y reducción de emisiones Co2”; la digitalización, que implica “la optimización de procesos que suponen ahorro de tiempo y costes y, por tanto, una mayor eficiencia”; y la democratización, pues “el dato tiene el poder de multiplicar el acceso a la información”. De ahí que, a su juicio, “debemos generar un ecosistema que favorezca la digitalización tan necesaria” sin descuidar la ciberseguridad. Y aseguró que la innovación se va a testear en el metaverso que “permitirá sistemas más eficientes, ciudades más sostenibles, asistencia individualizada, producir más utilizando menos recursos y sistemas energéticos optimizados”.
También participó en el seminario Oriol Pujol, catedrático de Matemáticas y decano de la Facultad de CC. Matemáticas e Informática de la Universitat de Barcelona, que explicó qué es un algoritmo y por qué debe generar confianza. A este respecto, incidió en la garantía matemática, afirmando que “cuantos más datos -big data- el riesgo es prácticamente nulo”; y la garantía empírica, “a través de la simulación y metodologías de validación de esos algoritmos en entornos realistas”. Y negó que el algoritmo genere necesariamente sesgos, sin perjuicio de que puedan concitarse en las diversas fases de su elaboración.
Nueva normativa europea
Finalmente, intervinieron Henar González, socia y directora del área de Competencia, y Miguel Ángel Barroso, asociado senior de Derecho Público y Derecho Digital de Herbert Smith Freehills, para analizar la entrada en vigor de dos textos normativos aprobados en la Unión Europea: la Ley de servicios digitales y la Ley de mercados digitales. Henar González expuso las novedades de la Digital Market Act y su función complementaria a la aplicación de las normas de defensa de la competencia. Miguel Ángel Barroso, por su parte, se centró en las novedades del nuevo paquete regulatorio en relación con el tratamiento de la privacidad. En concreto, señaló que la nueva normativa “hace una definición expansiva del concepto de datos», de ahí que, una de las grandes áreas que generará debate es cómo ejercer la obligación de los proveedores de servicios digitales de facilitar el acceso de los datos del usuario y qué tipo de datos tiene que facilitar “dada la dificultad de diferenciar el dato personal y no personal”. Otros retos que plantea la nueva normativa son la resolución de conflictos con otra normativa sectorial (propiedad intelectual, secretos comerciales, etc.); la obligación de facilitar información versus el respeto de los principios de protección de datos (minimización, privacidad por diseño, etc.); el incremento de los derechos de los individuos sumado al aumento de las obligaciones de los players en el procesamiento de datos; el cambio en los flujos de datos (aumento de la necesidad de compartir los datos/información); o los retos comerciales (incremento de los costes para permitir que los usuarios puedan tener acceso a la información generada).
