La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF, ha elaborado un documento de aportaciones al debate parlamentario sobre la enmienda registrada por el Gobierno, a través de su grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, -enmienda número 196 al Proyecto de Ley derivado del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, en la que se proponen los siguientes cambios en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades:
- Establecer límites más restrictivos a la compensación de bases imponibles negativas y a la aplicación de deducciones por doble imposición para grandes empresas.
- Extender al ejercicio 2024 la medida temporal y extraordinaria aprobada para el ejercicio 2023 de limitación de bases imponibles negativas dentro del grupo de consolidación fiscal.
- Imponer la obligación, a todos los contribuyentes, de revertir en un solo ejercicio los deterioros de cartera que hubieran sido deducidos en el pasado y aún estuvieran pendientes de integración, con independencia de que exista o no efectiva recuperación de valor en las sociedades filiales participadas.
Este cambio legislativo busca contrarrestar los efectos de la reciente declaración de inconstitucionalidad de estas mismas medidas en la redacción dada por el Real Decreto-ley 3/2016, de 2 de diciembre, y “paliar la pérdida recaudatoria derivada de [su] expulsión del ordenamiento jurídico”, toda vez que la misma se fundamentó en la inadecuación del instrumento normativo utilizado para su aprobación.
En este contexto, AEDAF, en su compromiso con la defensa de los derechos de los contribuyentes, ha elaborado un documento en el que argumenta que la regulación que se propone en la citada enmienda -que es, además, aún más restrictiva que la contenida en la primitiva norma hoy declarada inconstitucional-, es contraria a los principios constitucionales de capacidad económica, seguridad jurídica e irretroactividad, y no debería ser aprobada. Además, los expertos de la Asociación Española de Asesores Fiscales aportan sugerencias de regulación alternativa para contrarrestar los efectos más perniciosos del cambio legislativo propuesto, con el fin de que las mismas puedan ser negociadas en sede parlamentaria.
El documento ha sido enviado a todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados y el Senado, así como a las principales instituciones y organizaciones empresariales de nuestro país.