La nueva Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia transformará los juzgados unipersonales en tribunales de instancia y establece, a partir del 3 de abril, la obligación de recurrir a métodos alternativos de solución de controversias (MASC) antes de acudir a la vía judicial. La implantación de esta negociación previa obligatoria y los plazos que conlleva provocará procesos judiciales todavía más largos: de uno a dos meses más como mínimo, advierte la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA).
Caber recordar que, si no se demuestra este intento previo de negociación en casos de divorcios contenciosos o de régimen de visitas con los hijos, por ejemplo, no podrán interponerse demandas o, de hacerse, serán inadmitidas.
La nueva Ley implanta los MASC con el objetivo de reducir el número de asuntos que llegan a los tribunales mediante una negociación previa entre las partes, con el objetivo de encontrar una solución extrajudicial al conflicto. En España, los tipos de MASC más comunes son la negociación entre abogados, la mediación de un tercero, la conciliación y la abogacía colaborativa. Todos ellos están poco implantados en nuestro país.
“Ni más especialización, ni más medios”
El problema es que actualmente, en España no todas las localidades cuentan con juzgados especializados en materia de Familia, Infancia y Capacidad. “La AEAFA reivindica históricamente esta especialización para que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, puedan acceder a una justicia de calidad”, afirma el secretario de la AEAFA, Álvaro Iraizoz. Asimismo, “reclamamos una inversión en medios materiales y humanos, con la creación de más plazas judiciales y más equipos psicosociales para atender las crisis de las familias. Sin embargo, nada de esto se ha atendido con la nueva ley: ni se ha creado la especialización con carácter general, ni hay mayor inversión”.
En conclusión, los expertos de la AEAFA, alertan de que esta ley no mejora sino que agrava la situación: “En no pocos procesos, imponer los MASC supondrá una traba para acceder a los tribunales. Esto es preocupante en asuntos de Familia con menores involucrados, que siempre son temas delicados”.
Riesgos para los menores, las principales víctimas
El secretario de la AEAFA, Álvaro Iraizoz, avisa de que la singularidad de los procesos de Familia y el hecho de que NNA (niños, niñas y adolescentes) estén involucrados en ellos, hace que los obstáculos al acceso a la Justicia conlleven riesgos. “Existen numerosos conflictos en este ámbito en torno a sistemas de custodia y/o visitas, alimentos debidos o el uso de la vivienda familiar, en los cuales las dilaciones en la tramitación traen siempre consecuencias muy perniciosas. ¿Se imaginan que el régimen de visitas con los hijos o el pago de los alimentos se retrase todavía más? Estamos hablado de cuestiones que trastocan la vida de las familias y, sobre todo, de los niños, que son las principales víctimas en los conflictos familiares”, afirma Iraizoz.
Aunque la redacción de la norma es confusa, los jueces consultados por la AEAFA interpretan que, según el espíritu de la ley, deberán someterse a esta negociación previa obligatoria algunas cuestiones como la guarda y custodia de los hijos, el régimen de visitas, la pensión de alimentos y asuntos matrimoniales como la separación y divorcio de mutuo acuerdo, la liquidación de la sociedad de gananciales o la compensación por el trabajo doméstico. Asimismo, también se verían afectadas la división de la herencia o la impugnación de testamentos.
“Avalancha” de demandas
Dado el desconcierto que genera la implementación de la Ley de Eficiencia y sus posibles efectos, los juzgados están recibiendo una “avalancha” de demandas antes de la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia, para sortear sus efectos, tal como han reconocido a la AEAFA jueces y abogados de toda España.
Esta avalancha de demandas dirigidas a adelantarse a la implantación de la Ley está provocada por los siguientes aspectos:
- Ambigüedad en la delimitación de materias: La ley no especifica de manera clara qué materias de Derecho de Familia deben someterse obligatoriamente a un MASC, lo que deja un margen de interpretación amplio y puede generar incertidumbre tanto para los profesionales del Derecho como para los ciudadanos.
- Disparidad de criterios e inseguridad jurídica: La falta de una regulación clara puede dar lugar a interpretaciones diversas por parte de los distintos órganos judiciales, lo que genera inseguridad jurídica y dificulta la aplicación uniforme de la ley. Asimismo, la aplicación de los MASC en el ámbito del Derecho de Familia no desarrolla adecuadamente los aspectos prácticos de su implementación. Cabe subrayar las dificultades que puede suponer la debida acreditación del intento de actividad negociadora previa antes de acudir a la vía judicial; el cómputo de los nuevos y numerosos plazos previstos en la Ley; el deber de confidencialidad respecto a la información y documentación utilizada en el proceso de negociación y la importante reforma operada en materia de costas.
¿Qué cuestiones quedan exentas de los MASC?
- No se exigirá esta negociación previa para las medidas previstas en el artículo 158 del Código Civil: medidas encaminadas a apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios en su entorno familiar o frente a terceras personas.
- Tampoco se contemplan los MASC para la adopción de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad; ni para las acciones de filiación, paternidad y maternidad.
- Asimismo, quedan excluidos en casos restitución o retorno de menores en los supuestos de sustracción internacional.
- Tampoco pueden aplicarse los MASC a los conflictos de carácter civil que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
Fundada en 1993, y con más de 2.700 integrantes, la AEAFA es la principal asociación de abogadas y abogados de España y una de las más importantes asociaciones mundiales en el ámbito del Derecho de Familia, que regula tanto las relaciones personales como las patrimoniales en procesos de divorcio, las nulidades matrimoniales, las guardas y custodias, las capitulaciones y os contratos prematrimoniales, la discapacidad, las filiaciones, las sucesiones, etc.