El portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia, Edmundo Rodríguez
APOYA QUE LA REGULACIÓN DE BECAS TENGA RANGO LEGAL, LA INTRODUCCIÓN DE UN EJERCICIO PRÁCTICO EN LA OPOSICIÓN Y LOS CAMBIOS EN LA COMISIÓN DE ÉTICA Y SALAS DE GOBIERNO
Tras la presentación en el Consejo de Ministros del proyecto de Ley de reforma de la LOPJ que modifica el Estatuto Orgánica del Ministerio Fiscal y la ampliación y fortalecimiento de las carreras judicial y fiscal, el portavoz del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia ha mostrado su satisfacción por la aceptación de las sugerencias de esta asociación en cuanto a la supresión de la previsión inicial de traslado forzoso de juezas y jueces tras ascender de categoría y la fase de sustitución y refuerzo en la Escuela Judicial. Según el portavoz “la conciliación de la vida familiar y profesional justificaba que se apartase tal previsión, que además perjudica a la ciudadanía al propiciar una mayor movilidad de la judicatura”. Respecto a la supresión de la fase de sustitución y refuerzo afirma que “mejora la situación del alumnado de la Escuela Judicial evitando la contradicción de resolver asuntos de forma teóricamente independiente, pero bajo escrutinio de la Escuela Judicial”.
Rodríguez mantiene que son positivos los cambios que contiene el proyecto de ley al elevar el rango normativo de la regulación de becas para la carrera judicial y fiscal, “evitando que puedan suprimirse por el gobierno de turno, como sucedió en anteriores legislativas” y “garantizando sean suficientes al disponerse legalmente que al menos equivaldrá al Salario Mínimo Interprofesional”, lo que a su juicio constituye una herramienta para garantizar igualdad de oportunidades de quienes pertenecen a familias con menos recursos. El portavoz de JJpD también defiende “que se recupere una prueba escrita práctica para superar la oposición a judicatura y fiscalía, como existía anteriormente y es obligado realizar en los cuerpos superiores de la administración del Estado” y que “se mejore la forma de acceso por el cuarto turno, evitando que no se convoquen todas las plazas como hizo el anterior Consejo General del Poder Judicial”.
Por otro lado, Edmundo Rodríguez entiende “necesarios” los cambios en la forma de representación de la judicatura, en particular el voto telemático a las elecciones a Sala de Gobierno, aunque reclama que éstas funcionen siempre en pleno y no en comisión, para garantizar su pluralismo. El magistrado defiende también los cambios en la Comisión de Ética Judicial introduciendo catedráticas y catedráticos de Ética y Filosofía para evitar que se convierta en un órgano puramente judicial, en tanto “el comportamiento de juezas y jueces fuera del proceso interesa a toda la sociedad” pues “no es un asunto que sólo interese a la corporación judicial”.
El representante de JJpD ha defendido también “las mejoras en materia de igualdad, pues ahora el proyecto contempla que sea paritaria la conformación de los tribunales para la oposición a la carrera judicial y fiscal o la Comisión de Ética Judicial”, cumpliendo “una vocación de eliminar composiciones discriminatorias que al preverse con rango legal garantiza no vuelvan a producirse”.
Respecto a la modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal el portavoz de JJpD sostiene que “ampliar la duración del mando del Fiscal General del Estado a cinco años evita que coincida con la legislatura y atiende una petición que reiteradamente ha hecho el Grupo de Estados contra la corrupción, GRECO”. También considera acertado que se regule el modo en que tienen que tener lugar las comunicaciones entre la Fiscalía General y el gobierno, “contribuyendo a su transparencia”, y saluda positivamente los cambios que tienden a otorgarle una mayor autonomía, “lo que resulta imprescindible para poder afrontar el cambio a un proceso penal basado en el principio acusatorio, que reserve la instrucción al fiscal y velar por las garantías procesales y constitucionales al Poder Judicial”.
Finalmente, Edmundo Rodríguez ha defendido que el proyecto contemple un “incremento sustancial” del número de personas que forman parte de la judicatura y fiscalía, pues sólo “con una dotación suficiente podrá prestarse un servicio de calidad, evitando la sobrecarga que actualmente padecen muchos tribunales y mejorando los actuales tiempos de respuesta”.