El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) expresa su reconocimiento al contenido del auto dictado en el día de ante ayer por el Tribunal Supremo, por el que se acuerda la apertura de juicio oral contra el Fiscal General del Estado, don Álvaro García Ortiz, en el marco de la causa especial 20557/2024.
Esta resolución judicial, de especial trascendencia institucional y profesional, avala los fundamentos esenciales de la querella presentada por este Colegio en marzo de 2024, en defensa del secreto profesional, del derecho de defensa y de la integridad del sistema de justicia penal.
Para el Decano del ICAM, Eugenio Ribón, “este auto de apertura de juicio oral confirma que ninguna institución, por elevada que sea, puede situarse por encima del derecho de defensa, del secreto profesional ni de las garantías procesales. El ICAM actuó con sentido de responsabilidad institucional, para defender el núcleo más esencial del ejercicio libre de la abogacía. Hoy, la Justicia da un paso firme en esa misma dirección, y lo hace con rigor jurídico, serenidad democrática y plena independencia. Obviamente con pleno respeto a la presunción de inocencia del acusado. Será en sede de enjuiciamiento donde se depure la eventual responsabilidad penal cuyos indicios ya han quedado constatados.”
Reafirmación de los principios de legalidad, confidencialidad y derecho de defensa
El ICAM subraya que esta resolución confirma la existencia de indicios de graves vulneraciones al derecho fundamental de defensa, pilar de nuestro ordenamiento constitucional y sistema jurídico-penal.
En concreto, destaca que se constata una “…merma para el derecho de defensa, con eventual repercusión en el derecho a la presunción de inocencia de un ciudadano y un claro deterioro para el instituto de la conformidad penal”; el cual se asienta en el principio de buena fe y mutua lealtad entre acusación y defensa.
Compromiso con la sociedad, la abogacía y la Justicia
La querella interpuesta por este Colegio responde al deber estatutario e institucional de velar por los derechos de defensa, la confidencialidad y la integridad del ejercicio profesional de la abogacía.
Este Colegio, como institución representativa de cerca de 75.000 abogados y abogadas, mantiene su compromiso con la legalidad, la ética profesional y la independencia de la Justicia.
La decisión adoptada por el Tribunal Supremo refuerza el valor del secreto profesional como garantía de los ciudadanos ante el poder público, y como piedra angular del Estado de Derecho.
En consecuencia, el ICAM, con pleno respeto a la presunción de inocencia de la que goza incólume el acusado:
- Insta a todas las instituciones a respetar los límites que la ley impone al ejercicio de la función pública, incluso en sus más altas instancias, extremando el celo en la protección de los distintos resortes que el ordenamiento jurídico-penal ofrece.
- Permanecerá vigilante y firme en la defensa de los principios fundamentales que rigen nuestra profesión y nuestro sistema de justicia, haciendo valer las garantías del proceso en todas sus dimensiones.