Legal Hackers Madrid, en colaboración con Fundación Legálitas, reunió a juristas, tecnólogos y psicólogos en un encuentro centrado en cómo prevenir el daño a los menores en entornos digitales y qué medidas urgentes adoptar desde la familia, la escuela, la empresa y la regulación. La sesión, moderada por Isabel Iglesias, coorganizadora de Legal Hackers Madrid, contó con un panel multidisciplinar formado por Ana Caballero, vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital; Sara García Carrascosa, abogada y DPO de Legálitas; Silvia García, terapeuta humanista; Sara G. Antúnez, abogada especialista en ciberdelincuencia y presidenta de StopHaters; y Manuel Asenjo, CIO en ECIJA y cibercooperante en INCIBE.
El debate abordó cómo la irrupción de las redes sociales, internet y la inteligencia artificial impacta en la infancia y cómo la falta de formación en el entorno de los menores puede convertirlos tanto en víctimas como en victimarios. Los ponentes coincidieron en que la respuesta debe ser integral: educación, límites claros en los centros educativos, responsabilidad real de las plataformas y un marco legal que sitúe los derechos de los menores por delante de la economía del dato.
Entre las propuestas, se reclamó en primer lugar la implantación obligatoria, auditada e independiente de sistemas de verificación de edad que protejan la privacidad, acompañada de sanciones disuasorias, así como un refuerzo normativo que contemple transparencia algorítmica y mecanismos de rendición de cuentas, incluso invirtiendo la carga de la prueba en daños causados por algoritmos. A ello se suman campañas masivas de sensibilización y herramientas de control parental accesibles. En segundo término, destacaron el reconocimiento de las adicciones digitales como cuestión de salud pública con financiación específica; una formación obligatoria y continuada para familias y docentes que incluya cibercivismo, educación afectivo-sexual y nociones legales; y la prohibición efectiva del smartphone en el aula, combinada con una digitalización con propósito que potencie competencias y uso pedagógico de la inteligencia artificial.
La corresponsabilidad familiar fue otro pilar
El mensaje fue claro: educar antes de entregar un dispositivo, establecer normas claras, supervisar con criterio, dialogar y fomentar la empatía. En paralelo, los menores deben comprender los límites y las consecuencias legales de sus actos (por ejemplo, la difusión de contenidos íntimos), a la vez que desarrollan inteligencia emocional para evitar la deshumanización tras la pantalla.
Los datos compartidos en la charla dibujan un escenario de urgencia. La edad media de exposición a pornografía se sitúa en los 8 años; uno de cada cuatro adolescentes entre 12 y 18 practica sexting y cada contenido íntimo se reenvía, de media, a 2,3 personas. El ciberbullying actúa como factor precipitante en conductas suicidas y su efecto es constante,
24/7. Estudios de referencia muestran que retirar los smartphones del aula se asocia con hasta un 60% menos de visitas a especialistas, un 30% menos a médicos de cabecera y reducciones del bullying de hasta el 46%. Según la Fiscalía, los delitos contra la libertad sexual en menores han crecido un 123% con la tecnología como potenciador. Además, el 84% de las chicas y el 76% de los chicos temen la manipulación o el reenvío de sus imágenes sin consentimiento.
El encuentro dejó frases que condensan el espíritu de las conclusiones: “La educación es el mejor antídoto, pero sin regulación eficaz jugamos con el semáforo siempre en verde”. “La tecnología es un Lamborghini: antes de darle las llaves a un menor, hay que enseñar a conducir”. Y una advertencia sobre el papel de las familias: “Sin acompañamiento familiar, los niños aprenden solos… de un algoritmo cuyo objetivo es maximizar su tiempo de pantalla”.
La protección de la infancia en la era digital ya no admite dilaciones. Requiere equilibrio, colaboración y decisiones valientes que conviertan el entorno online en un espacio más seguro y formativo para quienes más protección necesitan.