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La Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) celebra que el Congreso de los Diputados haya aprobado una enmienda del PNV que, como solicitó la AEAFA ante la Cámara Baja, pide al Gobierno excluir la obligación de acudir a los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) en los procedimientos de Familia con niños, niñas y adolescentes afectados.
La enmienda del PNV, que responde a una Proposición No de Ley presentada por el PP, apremia al Gobierno a “modificar urgentemente las excepciones a los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 5.2 de la Ley Orgánica 1/2025, ampliándolas a los procedimientos de Familia en los que se vean involucrados menores”.
Esta enmienda, defendida por el diputado Mikel Legarda, recoge la reclamación que la AEAFA hizo en su Derecho de Petición presentado ante el Congreso el pasado mes de julio. “Hoy es un día para congratularnos porque el Parlamento ha escuchado las demandas de la abogacía especializada en Derecho de Familia y, sobre todo, de los niños, niñas y adolescentes que a diario acuden al sistema de Justicia. La obligatoriedad de acreditar un intento de negociación extrajudicial antes de interponer la demanda incide de forma grave en los menores, que se quedan sin una respuesta rápida a cuestiones vitales como las pensiones alimenticias, las visitas de los padres o el uso de la vivienda”, afirma la presidenta de la AEAFA.
La AEAFA insta al Gobierno y los grupos parlamentarios a aprovechar el amplio consenso mostrado en el Congreso para tramitar de manera urgente una modificación de la Ley Orgánica 1/2025 para excluir del requisito de procedibilidad los procedimientos de Familia con menores implicados.
La asociación subraya que la votación —185 votos a favor, 149 abstenciones y solo 16 votos en contra— demuestra que existe una base parlamentaria sólida para impulsar una reforma inmediata y transversal de la Ley de Eficiencia de la Justicia, sin esperar a que sigan reproduciéndose los efectos perjudiciales de esta norma.
La aprobación de la enmienda del PNV a partir de un Derecho de Petición formulado en el Congreso de los Diputados se suma a otras iniciativas que está llevando a cabo la AEAFA para excluir los MASC de los procedimientos de Familia con menores. La semana pasada, la junta directiva encabezada por su presidenta, Lola López-Muelas, se entrevistó con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para trasladarle su preocupación por los efectos adversos provocados por esta Ley.
Hay que tener en cuenta que, en España, hay cerca de 40.000 divorcios y separaciones de parejas con menores cada año y unos 300.000 niños afectados por procesos judiciales (medidas paternofiliales, divorcios, separaciones, discrepancias en el ejercicio de la patria potestad…).
Retrasos, inseguridad jurídica y desprotección de los menores
La presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas, sostiene: “Esta exigencia no fomenta la eficiencia ni la agilidad de la Justicia, sino que está provocando retrasos, inseguridad jurídica y, en muchos casos, una desprotección flagrante de los niños y las niñas. ¿Se imaginan que el régimen de visitas con los hijos o el pago de los alimentos se demora todavía más? Pues ya está sucediendo y afecta a la vida diaria de las personas”.
La AEAFA recuerda algunos de los efectos perjudiciales que la aplicación de la Ley está provocando:
- Pérdida de plaza escolar, viajes, tratamientos médicos… La discrepancia de los padres respecto al cambio o elección de centro escolar, cursos en el extranjero, expedición de pasaporte, tratamientos médicos o psicológicos no urgentes, prácticas religiosas, etc., entre otras, abocan a emprender un MASC. Los plazos que exige la Ley para cumplir con el requisito de procedibilidad alargan el proceso y conducen en muchas ocasiones a la pérdida de la plaza en el centro escolar, el viaje programado, el agravamiento de una enfermedad o fomentan el secuestro del menor por parte de uno de los progenitores.
- Ya no hay respuesta inmediata para garantizar los alimentos y las visitas de los hijos. Antes de la entrada en vigor de la LO 1/2025, de 2 de enero, los procesos de Familia contaban con herramientas procesales para dar una respuesta rápida a situaciones de alta conflictividad entre los progenitores. De este modo, se daba una respuesta provisional sobre quién se queda en la vivienda, cómo se organiza la custodia de los hijos, o la pensión alimenticia mientras se resuelve el divorcio o la separación. Con la entrada en vigor de la LO 1/2025, hay retrasos de varios meses para fijar una pensión de alimentos o establecer visitas con el padre o madre que no tiene la custodia.
- Desventaja de los juzgados españoles en los procesos de Familia transfronterizos. En los procesos de familia con alguno de los miembros de la pareja extranjeros, la prioridad en la presentación de la demanda puede resultar determinante para fijar la jurisdicción competente. Es decir, quien interpone la demanda primero, elige el foro. La exigencia de un MASC implica la pérdida automática de la competencia de los tribunales españoles en favor de terceros países.
- Resoluciones dispares: El número de inadmisiones de demandas por no cumplir el requisito de procedibilidad empieza a ser preocupante. La disparidad de criterios interpretativos entre juzgados, letrados de la Administración de Justicia o audiencias provinciales crean confusión, desigualdad de trato y efectos negativos en la ciudadanía.
- Procedimientos más caros, El nuevo requisito de procedibilidad, lejos de reducir los costes, encarece los procedimientos de Familia al obligar a las partes a acudir a una fase previa de negociación o mediación, con la intervención de profesionales y sin garantías de éxito.
- Problemas para acceder a MASC gratuitos. A través del Formulario de Incidencias de la AEAFA, se han reportado problemas de ciudadanos usuarios del turno de oficio (justicia gratuita) para presentar demandas de divorcio por la inexistencia de MASC gratuitos.
LA POSICIÓN DE LA AEAFA SOBRE LOS MASC
La abogacía de Familia es una firme defensora de los acuerdos y los métodos alternativos de resolución de conflictos. De hecho, el 80% de los divorcios en España son de mutuo acuerdo, fruto de la negociación entre los abogados especializados.
Sin embargo, la imposición generalizada y obligatoria de los MASC en todos los procesos de Familia “no aporta eficiencia ni agilidad, sino que está generando retrasos y desprotección para los menores”, advierte la asociación.
Además, “no se ha producido una inversión pública suficiente en mediación ni campañas de concienciación ciudadana sobre la importancia de los acuerdos extrajudiciales”, afirma la presidenta de la AEAFA, Lola López-Muelas.