Juezas y Jueces para la Democracia
Nombrar para existir: el lenguaje inclusivo como herramienta de justicia
Cada 8 de marzo nos invita a hacer balance y a mirar hacia adelante.
Desde Juezas y Jueces para la Democracia queremos centrar este año nuestra reflexión en el lenguaje que usamos en los juzgados, en las sentencias y en los escritos, que no puede ser neutro.
El lenguaje jurídico ha sido durante siglos un lenguaje construido desde lo masculino y para lo masculino.
Nombrar.
Nombrar el masculino como si fuera universal supone invisibilizar a quienes no son hombres. Se nos dice que el masculino genérico es gramaticalmente correcto. Pero ello no equivale a ser jurídicamente suficiente ni socialmente justo. No se trata de lingüística, sino de existencia. Así, una niña que nunca oye la palabra jueza o magistrada crece sin referentes. Lo que no se nombra queda fuera del imaginario colectivo.
La ley.
Todo lo que decimos ya consta en la ley.
El artículo 14.11 de la LO 3/2007 de Igualdad Efectiva establece que «la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas» es un criterio general de actuación de los poderes públicos.
El Consejo General del Poder Judicial, a través de su Comisión de Igualdad, lleva años impulsando guías y recomendaciones para un lenguaje judicial inclusivo.
El Ministerio de Justicia publicó en 2023 su Guía para el uso de un lenguaje más inclusivo e igualitario.
Las herramientas están ahí. Lo que falta, a menudo, es la voluntad de utilizarlas.
Enriquecer.
El lenguaje inclusivo no empobrece el idioma: lo enriquece y lo actualiza.
Decir la judicatura en lugar de los jueces, la ciudadanía en vez de los ciudadanos, la persona investigada en lugar del investigado, incrementa la precisión técnica y añade rigor.
Cuestión de derechos.
El compromiso con el lenguaje inclusivo no es una cuestión estética ni una concesión a lo “políticamente correcto”. Es una cuestión de derechos.
El Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, define la violencia contra las mujeres como «una manifestación de desequilibrio histórico entre la mujer y el hombre que ha llevado a la dominación y a la discriminación de la mujer por el hombre». Es evidente que ese desequilibrio se reproduce también a través de las estructuras simbólicas. Y el lenguaje es la primera de ellas.
La CEDAW, cuya Recomendación General n.º 33 insta a los Estados a garantizar el acceso de las mujeres a la justicia sin estereotipos de género, nos recuerda que los prejuicios se filtran también por las palabras que usamos para describir los hechos, calificar las conductas y motivar las resoluciones.
La STEDH J.L. contra Italia (2021) censuró expresamente que una sentencia por agresión sexual reprodujera estereotipos de género sobre la víctima. El lenguaje de las sentencias no es inocuo: puede ser parte de la justicia o parte del problema.
Por todo ello, desde Juezas y Jueces para la Democracia:
- Reivindicamos el uso del lenguaje inclusivo en todos los ámbitos de la Administración de Justicia: sentencias, autos, providencias, decretos, diligencias y todo tipo de resoluciones. No como imposición lingüística, sino como práctica coherente con los valores constitucionales de igualdad (arts. 14 y 9.2 CE), con la legislación vigente y con los compromisos internacionales asumidos por España.
Para ello, es fundamental implementar herramientas informáticas judiciales que así lo garanticen.
- Reclamamos más formación específica y continua en perspectiva de género y lenguaje inclusivo dentro del plan de formación del CGPJ, no solo como materia optativa o transversal, sino como contenido obligatorio y evaluable, tanto en la formación inicial en la Escuela Judicial como en la formación continua. La perspectiva de género ya forma parte del temario de las oposiciones a la Carrera Judicial y Fiscal desde hace años. Así, el compromiso formativo debe ser igualmente riguroso para quienes ya ejercemos la jurisdicción.
- Instamos a la revisión del lenguaje normativo en la legislación procesal, orgánica y sustantiva. Aunque algunas no, muchas normas vigentes siguen empleando exclusivamente el masculino genérico, lo que no solo invisibiliza a las mujeres, sino que genera confusión interpretativa.
- Defendemos que el lenguaje inclusivo es compatible con la precisión jurídica. Existen alternativas probadas y avaladas por la RAE, el CGPJ y el Ministerio de Justicia: genéricos («la judicatura»), colectivos («la Abogacía»), abstractos («la persona acusada»), feminización de cargos (jueza, magistrada) y desdoblamientos moderados. No se trata de forzar la lengua, sino de usarla con conciencia y responsabilidad.
- Alertamos contra los discursos que ridiculizan o banalizan el lenguaje inclusivo. Detrás de cada burla al lenguaje no sexista hay una resistencia a la igualdad. Quienes desde posiciones de poder desacreditan estas prácticas contribuyen a perpetuar estructuras sociales que el ordenamiento jurídico, tanto nacional como internacional, obligan a desmontar.
En este 8 de marzo de 2026, invitamos a todas las compañeras y compañeros de la Carrera Judicial a un ejercicio sencillo pero transformador: revisar cómo escribimos, cómo hablamos, cómo nombramos. Porque cada resolución que se escribe en lenguaje inclusivo reconoce que las mujeres existen, que importan y que merecen ser nombradas.
Juzgar con perspectiva de género no es una opción: es un mandato legal imperativo. Y ese mandato empieza por las palabras con las que nombramos la realidad que juzgamos.