Victoria Ortega y Antonio Garrigues Walker
El Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM) y la Asociación Empresarial de Gestores y Gestorías Administrativas (AEGGA) han acordado conceder el II Premio Jurídico ICOGAM – AEGGA “Manuel Herranz”, en su edición de 2026, ex aequo a Antonio Garrigues Walker y Victoria Ortega Benito.
El jurado, compuesto por la Junta de Gobierno del ICOGAM y por el ganador de la primera edición del premio, el Magistrado del Tribunal Constitucional y ex ministro de Justicia, Juan Carlos Campo Moreno, ha valorado de forma unánime la extraordinaria trayectoria de ambos galardonados, así como su contribución decisiva al fortalecimiento del Estado de Derecho y a la calidad democrática en España.
El premio, que desde esta edición lleva el nombre de Manuel Herranz como homenaje permanente a una de las figuras clave en la consolidación de la profesión de Gestor Administrativo, reconoce a personalidades cuya labor haya contribuido de manera significativa a la evolución del Derecho y a su función como herramienta de cohesión social.
Antonio Garrigues Walker ha sido distinguido por su papel fundamental en la modernización de la abogacía española y su proyección internacional, así como por su defensa constante de un Derecho abierto, riguroso y comprometido con la sociedad.
Por su parte, Victoria Ortega Benito ha sido reconocida por su liderazgo institucional y su firme defensa del acceso a la justicia, la igualdad y el papel social de la abogacía como garante de los derechos de los ciudadanos.
Fernando Jesús Santiago Ollero, presidente de ICOGAM, ha destacado que “ambos galardonados representan, desde trayectorias distintas, pero profundamente complementarias, una misma forma de entender el Derecho: como servicio al ciudadano, como garantía de seguridad jurídica y como pilar esencial de la convivencia democrática”.
Con esta segunda edición, el Premio Jurídico ICOGAM – AEGGA “Manuel Herranz” se consolida como un reconocimiento de referencia en el ámbito jurídico nacional, reafirmando el compromiso de los gestores administrativos con la defensa del Estado de Derecho y la mejora del funcionamiento de las instituciones.