José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Hace ya unos cuantos años -antes de la llamada ley ómnibus de la que no recuerdo bien la fecha-, cuando te tocaba llevar un pleito fuera del ámbito de tu Colegio de Abogados, tenías que habilitarte mediante un procedimiento que, al principio, resultaba engorroso y sólo servía para hacernos perder el tiempo a todos. La habilitación consistía -por explicarlo a los más jóvenes de la profesión- en que tú comunicabas a tu Colegio que querías interponer una demanda o defender a un cliente fuera de tu ámbito colegial. Entonces, de Colegio a Colegio se comunicaban tu intención; se supone que nunca había problemas y, como lógica consecuencia, ¡alehop!, te habilitaban para la llevanza del pleito en una jurisdicción procesal ajena a la tuya.
Antes de eso, ni siquiera existía la habilitación; de manera que los colegiados se veían en la necesidad de colegiarse si querían tramitar un asunto fuera de su residencia. Precisamente por eso, históricamente, los más señeros abogados “de provincias” acababan colegiados en Madrid, por ser la sede del Tribunal Supremo. Yo mismo, haciendo memoria, debo tener archivados mis expedientes de colegiación al menos en Barcelona, Santiago de Compostela y La Coruña, y es seguro que aún me deje alguno en el tintero.
Sirva esta introducción para abordar algo que muchos conocemos, pero posiblemente en menor grado de lo que pensamos; me refiero a las trifulcas, odios y venganzas que muchas veces se dan entre abogados y que, en ciertos casos, afectan al propio Colegio, que se ve involucrado en peleas, a menudo barriobajeras, entre colegas.
Salvando Barcelona y Madrid, casi estoy por asegurar que las relaciones entre los colegiales son, generalmente, buenas y armoniosas. En el caso de Madrid, que es el que conozco con mayor profundidad, se dan situaciones extremas que, de hecho, hoy día siguen ocurriendo, básicamente por consideraciones políticas, más que jurídicas. No hay más que acercarse a alguna de las Juntas Generales del ICAM, donde, año tras año, sea quien sea el decano, se reproduce siempre la misma situación, donde una pequeña minoría denuncia, con pertinaz insistencia, presuntas irregularidades de lo más variado, cometidas por la Junta de Gobierno, la cual siempre sale airosa, defendida y respaldada por una mayoría de los votantes; eso sí, reconozcámoslo: una mayoría dentro de la minoría más minoritaria, que es la que realmente acude a las Juntas.
Viene este discurso a cuento de que, buscando material para estas colaboraciones, me encuentro con que en la Junta de Gobierno del ICAM de 18 de diciembre de 1923 -apenas dos meses después del golpe de Estado del general Primo de Rivera- el secretario informó sobre la recepción de un oficio del Juzgado de El Escorial, dando cuenta de que un colegiado había, presuntamente, violado a una niña de quince años llamada Rafaela Calero. La Junta acordó suspender por seis meses al colegiado y pasar las actuaciones al Tribunal de Expulsión.
Investigando un poquito, doy con el nombre del letrado presunto violador, Manuel Tomé de la Iglesia, y accedo a su expediente en el Archivo Histórico del ICAM. De las cinco a ocho páginas que suelen tener los expedientes, me encuentro con nada menos que ciento treinta. Y claro, aquí -como ya se imaginará el agudo lector- hay material para empezar a escribir; es el hilo del que ha salido este ovillo.
Manuel Tomé de la Iglesia, natural de Zamora, se había incorporado al Colegio de Madrid en noviembre de 1921 con el número 10.600 y, como en todos los casos, obraba en su expediente un documento firmado por él donde manifestaba, a los efectos del artículo 3 de los Estatutos, que “hasta ahora no ha sido nunca procesado por ningún Tribunal ni por delito alguno”.
En una Junta General celebrada apenas dos meses después de la inscripción de Manuel Tomé, el 29 de enero de 1922, tomó la palabra el colegiado José María Rodríguez de Rivera y Muriel ante los ciento veinte asistentes -ya entonces existía ese vicio de no acudir a las Juntas Generales- para denunciar que la Junta de Gobierno había inscrito en el Colegio a un licenciado en Derecho, quien, pese a haber manifestado que jamás había sido procesado, mentía. Según el denunciante, a la propia Junta le constaba expresamente que era así y, pese a todo ello, no había tomado medida alguna contra el señor Tomé de la Iglesia.
Y parte de razón tenía pues, antes de colegiarse Manuel Tomé, la Junta de Gobierno de 29 de octubre de 1921, se dio por enterada de una comunicación que hizo Rodríguez de Rivera. Este solicitaba que el Colegio se personase en la causa por ejercicio ilegal de la profesión que se seguía contra Tomé en el Juzgado de Buenavista, iniciada por el informante. La Junta, prudentemente, decidió esperar a ver por dónde iban los tiros en el Juzgado y no se pronunció, lo que justificó, la abrupta intervención de Rodríguez de Rivera en la Junta general tres meses después, y que motivó que el 25 de febrero se acordara la apertura de un expediente de investigación. Pero, entremedias, se produjo el golpe de Estado del general Primo de Rivera y cambió el decano y también la Junta de gobierno, de manera que, en una reunión de 22 de noviembre de 1923, se resolvió el expediente con una simple corrección disciplinaria de reprensión privada; vamos que el decano le echó un “chorreo” o pequeña bronca a Tomé, y pelillos a la mar.
Es escasísima la información pública que se puede obtener del impetuoso acusador Rodríguez de Rivera, pero con lo que aquí se contará es suficiente para evidenciar que resultó ser archienemigo de su colega Manuel Tomé.
Natural de Cádiz, José María Rodríguez de Rivera y Muriel se colegió en 1902 con el número 8.897. De él puedo decir que permanentemente interviene en las Juntas Generales del Colegio durante muchos años, con gran notoriedad y resultados muy variables. Sin lugar a duda, era un abogado aguerrido, por darle algún calificativo, pero del que, con la información de la que he dispuesto, no me atrevo a afirmar si era honesto o no.
En cuanto a la violación, me ha resultado imposible conocer a ciencia cierta varios detalles importantes; únicamente me consta que, de inicio, se culpaba a Manuel Tomé y a un hermano suyo médico, pero he encontrado un par de recortes de prensa posteriores donde a Rafaela Calero la acusaban de dos delitos de hurto y pedían, por cada uno de ellos, tres años, tres meses y un día (vamos, igualito que ahora), pero no conozco cual fue el resultado del juicio.
A lo largo de los años siguientes se producen varios acontecimientos dignos de destacar, relacionados con nuestros protagonistas:
- Varios presos de la cárcel central dirigen al decano cartas; son misivas que parecen escritas por Rodríguez de Rivera, en las que denuncian haber sido estafados por Tomé de la Iglesia, quien les pedía dinero para lograr su puesta en libertad “engrasando” a funcionarios de Juzgados.
- En un documento del expediente de Tomé se describen entre los años 1921 y 1923, hasta ocho procesamientos por estafa y falsedad, amén del ejercicio ilegal de la profesión.
- En una serie de noticias breves de prensa de noviembre de 1923, se hace alusión a la agresión que recibe, en la casa del abogado Tomé de la Iglesia, un tal José Millán García; éste denuncia el hecho y Tomé es detenido. Declara y, al día siguiente, a quien se llevan preso es al agredido, que luego es defendido por Rodríguez de Rivera.
- Por otro lado, la revista “Ciudad Lineal” publica una noticia el 10 de diciembre de 1923, donde sugiere que el abogado José María Rodríguez de Rivera puede indicar a la policía la pista para descubrir al ladrón sacrílego del robo de la corona de plata de la Virgen de la cofradía de Villaviciosa de Odón, localidad donde reside. Inmediatamente después -de forma que parecen dos noticias unidas- se escribe sobre la “inmoralidad profesional de un abogado que es un sujeto que por sus audacias y por el desconocimiento absoluto de los más elementales principios de ética y moralidad se ha hecho acreedor al desprecio de los dignos abogados que forman el Colegio de Madrid… no hay asunto sucio, llámese chantaje, canallada, piratería o cosa por el estilo, que no sea defendido por este profesional…” Rodríguez de Rivera se dirige días después a la Junta denunciando este escrito y anunciando que va a iniciar actuaciones penales contra las personas que él entiende están detrás de este infame artículo. No hace falta ser muy perspicaz para suponer que es Tomé quien está detrás de la noticia; yo, particularmente, así lo creo.
No sabemos mucho más de estos dos conflictivos abogados. José María Rodríguez de Rivera y Muriel había fundado en 1917 una denominada Federación Española de Abogados, de la que resultó elegido presidente. Miembros de ella eran abogados muy significados de izquierdas, de manera que funcionaban en aquellos años a la manera en la que actúa hoy día la Asociación Libre de Abogados. El Gobierno de la República le nombró, en octubre de 1937, en pleno conflicto bélico, vocal de la Comisión Jurídica asesora del Gobierno de la República. Terminada la guerra en 1939, la primera Junta de Gobierno franquista expulsó a 61 abogados, entre los que estaba Rodríguez de Rivera. En 2015, ese acuerdo fue revocado. No se sabe nada más de él.
También se pierde el rastro de Manuel Tomé de la Iglesia a mediados de los años veinte, lo que resulta frustrante a efectos de esta investigación. No he podido obtener más información sobre qué fue de su vida posterior ni qué le pudo suceder tras la Guerra Civil -al no figurar como depurado- o falleció antes o simplemente dejó la profesión-.
Lamentablemente, no he podido obtener ninguna fotografía de estos dos antagonistas. En el caso de Rodríguez de Rivera, no entiendo cómo no queda el más mínimo rastro gráfico. Como se diría en estos casos por un autor optimista, en futuras ediciones podremos actualizar todo el artículo si aparecen las dichosas fotos o nuevas informaciones, aunque todos sabemos que seguramente, jamás habrá esa futura segunda edición
Me hubiera gustado poder presentar al lector un artículo más “redondo”; pero una vez hecho el trabajo, he preferido contar hasta donde he llegado y narrar esta historia que la comparo con la primera película de Ridley Scott, llamada “Los Duelistas”; basada en una novela de Joseph Conrad, donde los protagonistas Keith Carradine y Harvey Keitel pasan más de quince años batiéndose en duelo sin resultado alguno. Algo similar debió suceder, sin un desenlace, al menos conocido, entre Manuel Tomé de la Iglesia y José María Rodríguez de Rivera y Muriel. Así que aquí lo dejo. Queda dicho lo que queda dicho y lo que no, estoy convencido que el agudo lector sabrá sacar sus propias conclusiones.