José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Yo no sé ya las veces que lo he contado, pero el Ilustre Colegio de Abogados se fundó en las postrimerías del reinado del Rey Nuestro Señor Felipe II, que Dios guarde, cuando se aprobaron por Real Cédula las Ordenanzas de la Congregación de Abogados de la Corte.
En los más de cuatrocientos años que lleva cumplidos, le habrá pasado seguramente de todo. Tengo entendido que hubo sus más y sus menos con Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, lo que motivó cierto retraso en la aprobación del Colegio; seguramente existirían complicaciones en la llamada Guerra de Sucesión, que trajo a maltraer a media Europa allá por el 1700. Las idas y venidas de Pepe Botella y su hermano el Emperador por Madrid, seguro que alguna trascendencia tendría en el Colegio también, así como las guerras carlistas.
Si se me permite hacer una pequeña digresión, todos estos artículos que están componiendo la segunda parte de “La huella de la toga” nacen de una idea que, tontamente, se me metió en la cabeza, acerca de cómo influirían en el Colegio y en la vida colegial acontecimientos tales como la guerra con los Estados Unidos en 1898, la guerra de África y el barranco del Lobo en 1909, la Primera Guerra mundial, con el país dividido entre anglófilos y germanófilos, o el desastre de Annual. Con gran sorpresa, descubrí que esos acontecimientos de tremenda trascendencia, nacional o mundial, habían pasado por el Colegio de Abogados de Madrid como quien oye llover, con escasísimas referencias, y cero reacciones y, además, nula solidaridad de la Institución con las posibles víctimas. Vamos, unos temas que prácticamente les resultaban totalmente ajenos a la “clase”, usando la terminología de la época con que se referían a ellos mismos.
Pero de aquel examen que hice de actas y más actas, acabé como Forrest Gump, corriendo de costa a costa; leí y tomé notas de las comprendidas entre 1895 y 1960, momento en que me dije: “Ya está bien Pradas; para de una vez y ponte a escribir”. Y eso es lo que hice, parar y ponerme a escribir.
Y, claro está, habiendo hecho tamaño esfuerzo lector, también me dije que de tonto seria no aprovecharlo y aquí me encuentro, escribiendo todas las semanas, hasta que nuevamente el cuerpo o el cerebro ordene parar, porque es muy posible que por falta de temas no vaya a producirse.
De todos modos, y ya hablando de épocas más recientes, los hechos más significativos en la vida colegial vienen marcados por tres acontecimientos. En primer lugar, cuando se incendiaron las Salesas en mayo de 1915, incendio en el que ardió el Tribunal Supremo y, por ende, una parte del Colegio de Abogados, que tenía por aquellas fechas allí su sede. Los otros dos momentos de mayor gravedad fueron en 1936, cuando el Colegio fue incautado por el grupo de abogados del Frente Popular, y en 1939, cuando unos pocos días antes del fin de la Guerra Civil, la Junta de Gobierno hizo entrega del Colegio a los abogados de Falange, que constituían la llamada Quinta Columna y que realizaron una segunda incautación.
Es de esos dos momentos históricos de incautación del Colegio es de los que quiero hablar en este artículo y comparar, en la medida en que puedan serlo, como se produjeron.
Con toda seguridad escribiré en más de una ocasión sobre el Colegio en los últimos momentos de la dictadura militar, del advenimiento de la República y de los acontecimientos inmediatamente anteriores al 18 de julio de 1936, pero ahora prefiero ceñirme a esos dos momentos contrapuestos de las incautaciones del ICAM.
En la madrugada del 13 de julio, aparece en la puerta del cementerio de la Almudena el cadáver de José Calvo Sotelo con dos disparos en la nuca. Los motivos y circunstancias de su muerte no vienen ahora al caso. Sin embargo, sí procede dejar constancia que un grupo de 55 colegiados presentó una instancia en el Colegio reclamando la convocatoria inmediata de una Junta General extraordinaria, con el único punto del orden del día que era la condena del asesinato del líder de la oposición de derechas en el Parlamento. La Junta quedó señalada para el 17 de julio, pero, al iniciarse el alzamiento militar en Melilla ese mismo día, no llegó a celebrarse jamás.
También hay constancia de otra Junta General extraordinaria que se celebró el de 2 junio. En relación con ella, en la primera Junta que se celebró pasada la Guerra Civil el 10 de diciembre de 1946 -nada menos que casi diez años sin Juntas generales-, el señor secretario se ve en la precisión de decir que “…no es posible cumplir el trámite reglamentario de leer el acta de la sesión anterior porque la última Junta general extraordinaria que celebró la Corporación fue el día dos de junio de mil novecientos treinta y seis… Esta Junta general se celebró y el acta que, naturalmente, no estaba incorporada al libro correspondiente porque no podía estarlo, se llevó a la siguiente; a continuación, se convocó otra Junta general que fue la del día diez y siete de julio de mil novecientos treinta y seis, que no se celebró, y el original del acta ha desaparecido, sin duda por haber quedado en poder del malogrado Secretario, Don Marcelino Valentín Gamazo, y sin que haya sido posible encontrarla en los archivos.”
Para el que no lo sepa, que serán muchos, Valentín Gamazo había sido Fiscal General de la República en 1935 y encargado de acusar como responsables de la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, entre otros, a Largo Caballero. Unos milicianos le detuvieron en su casa de verano de Tébar (Cuenca) el 6 de agosto de 1936 y fue fusilado esa misma noche junto con tres de sus hijos de 17, 20 y 21 años, en orden inverso a su edad y en presencia de su padre. Por tanto, esa acta quedó en paradero desconocido y constituye una de esas misiones, quizá imposibles para los archiveros del Colegio, el conseguir que aparezca, porque no se tiene ninguna idea acerca de qué podía tratar.
De todos modos, con casi total seguridad, sería más de lo mismo: quejas contra la Ley de Defensa de la República, que permitía detenciones gubernativas sin que los implicados pasaran a disposición del juez y por periodos prolongados de tiempo; solicitud de que se permitiera a los abogados llevar armas; proposiciones para que la Junta de Gobierno protegiera y defendiera con éxito a colegiados detenidos sin causa, etc. De hecho, antes de la Junta extraordinaria de 2 de junio, ya se habían celebrado otras el 2 de marzo, el 11 de abril y el 16 de mayo. Es decir, íbamos al ritmo de una Junta general por mes, pues los Estatutos así lo ordenaban cuando lo pidieran un número no muy exigente de colegiados.
A veces me voy por los cerros de Úbeda, pero me tranquiliza pensar que es muy posible que, en ese transitar por la cordillera Bética, me encuentre con alguna anécdota o sucedido que no venga mal darlo a conocer.
Volviendo a la cuestión, el 24 de julio un grupo de abogados pertenecientes a los partidos que constituían el Frente Popular, entró el Colegio y procedió a su incautación, declarando destituida a la Junta de Gobierno, con la única excepción de un diputado que era considerado afín. De este acuerdo no existe ningún documento escrito, salvo el eco que se hizo del hecho la prensa vespertina.
Francisco López de Goicochea
Esta Junta que se autodenominó “incautadora”, estaba comandada por Francisco López de Goicochea, abogado de prestigio y luego magistrado del Tribunal Supremo durante la guerra, quien, de vuelta del exilio y readmitido en el Colegio, terminó como contador en la Junta de edad del decano Basilio Edo en 1972. Más importante quizá que este eran los nombres de quienes ocupaban los cargos de secretario, Luis Zubillaga Olalde, y el de tesorero, Manuel Figueroa Rojas. El primero fue el organizador de las Milicias del Colegio, que se denominaron “Águilas de la Libertad” -a las que no estaría mal dedicarles unas líneas- y más tarde presidente de la Audiencia Territorial de Madrid. Figueroa, en su puesto de tesorero, fue el cooperador necesario para el expolio de la tesorería del Colegio.
Hasta aquí todo parece sencillo y más o menos ajustado a los tiempos que corrían, pero, mira por donde, a esa Junta incautadora, se le solapa la llamada Comisión Ejecutiva del Frente Popular del Colegio de Abogados de Madrid.
De esta Comisión se conoce relativamente poco, quitando que su presidente era Feliciano López y López de Uribe, quien terminó de Fiscal de la Audiencia Territorial de Madrid, que era militante del partido comunista y del que también intentaré glosar su figura en algún futuro artículo. Su segundo era Rafael Barrón del Real, otro personaje que da para una película y que, de ser nombrado magistrado interino de la Audiencia, pasó a ser más tarde presidente del Tribunal Delegado de Espionaje.
Pensará el lector que el compañero Barrón era otro socialista-comunista de tomo y lomo. Craso error. En realidad, era un quintacolumnista que, desde su puesto, hizo una labor importantísima a favor de la causa franquista. Cuanto más leo, mayores sorpresas me llevo. La guerra civil, sobre todo en Madrid, me está dado unas sorpresas increíbles.
Completaban la Comisión dos abogados por la UGT, Alfonso Maeso y Gerardo Lacalle y por la CNT Valeriano Rico y Pablo Bergia, del que también es necesario glosar su figura.
Y aquí lo voy a dejar. Quedará para una segunda parte el resto de la historia: un poquito de la actuación de la Junta incautadora, su cese, el nombramiento de una Junta de Gobierno, digamos que “normalizada”, y finalmente lo sucedido con la segunda incautación unos días antes del final de la guerra.
En la foto, Francisco López de Goicoechea e Inchaurrandieta, responsable de la Junta incautadora, nacido en Totana (Murcia) como resulta evidente por sus apellidos.