José Manuel Pradas – La Huella de la toga (segunda temporada)
Quedamos pues en que a finales de julio de 1936 convivían en el Colegio dos instituciones que trabajaban en paralelo. Por una parte, la Comisión Ejecutiva de abogados del Frente Popular, que entró en el Colegio, lo incautó y destituyó a prácticamente a toda la Junta democrática -en los días siguientes fueron asesinados el decano y el secretario- y la que se vino en llamar Junta incautadora -que en realdad no incautó nada, porque lo incautable ya había sido incautado unos días antes- presidida por López de Goicoechea y nombrada por un Decreto de la Presidencia de la República.
Esta Junta incautadora procedió a la expulsión del Colegio de 25 colegiados entre los que se encontraban primerísimos espadas de la oposición y también acordó perseguir como desafectos al régimen a los compañeros que habían firmado la protesta por el asesinato de Calvo Sotelo.
Una actuación mucho más significativa, y de una gravedad y antijuridicidad evidente fue que “La Junta eleva propuesta al Ministerio de Justicia, y de acuerdo con éste, a los efectos de que con carácter de urgencia se remuevan los cargos de magistrados, jueces de primera instancia, municipales y personal de la Fiscalía, sustituyendo en estas funciones a las personas desafectas al régimen, por otras de indiscutible lealtad, competencia y moralidad…”
Este acuerdo supuso enterrar la Constitución de 1931 y dar paso a Republica Popular. Esto generó, en la práctica persecuciones, registros, encarcelamientos e incluso hambre para aquellos que fueron cesados y en algunos casos, finalmente asesinatos. Muchos de estos altos funcionarios tuvieron que esconderse o refugiarse en Embajadas y Legaciones diplomáticas.
Una parte importante de miembros de esa Junta incautadora, empezando por su presidente y también de miembros de la Comisión Ejecutiva, empezaron a compatibilizar sus cargos de dirigentes del Colegio, con los de magistrado, juez y fiscal.
En definitiva, es mucho más sencillo hacer un resumen del relato a través de la reseña del decreto dado en Valencia el 21 de octubre de 1937 por el que se termina nombrando una Junta de gobierno, por decirlo coloquialmente, con todas las de la ley, presidida por Puig d’Asprer, que es la que a la postre, llega hasta la segunda incautación del Colegio.
Se dice en el Decreto que ante el abandono realizado por la Junta de Gobierno (la de Melquiades Álvarez), un grupo de abogados afines a los partidos que constituían el Frente Popular, decidió hacerse cargo del Colegio, siendo legalizada esa incautación por el Gobierno en virtud de un Decreto de 27 de julio. (Junta de López de Goicoechea).
Pero esta Junta “impulsada por su fervor republicano y en evitación de que la Administración de Justicia hubiera de pasar por el sonrojo de ver ocupado por organismos ajenos a ella el Palacio de Justicia de Madrid, procedió a incautarse del mismo…” (Es decir, no sólo se incauta del Colegio, sino de todo el Palacio, sede de los Tribunales).
Sigue la exposición de motivos del Decreto que “la relevante personalidad y la acusada competencia profesional de los miembros de dicha Junta dio lugar a que poco a poco fueran utilizados los servicios de la casi totalidad de sus componentes en cargos judiciales y fiscales de la máxima responsabilidad… en condiciones de incompatibilidad con el ejercicio de la abogacía…” Vamos que los abogados ocupantes, por el hecho de la misma ocupación, son ascendidos a los cargos de magistrados jueces y fiscales, como si ya el hecho de ser ocupantes constituyera el mayor de los méritos.
¿Qué se puede hacer entonces para normalizar estas “okupaciones” de cargos? Pues muy sencillo, por Orden ministerial de 1 de octubre de 1936 y por otra de mayo de 1937, se da valor y presunción de legalidad a la Comisión ejecutiva con un carácter extraordinario y únicamente para que actuase en Madrid, pero al no tener esta Comisión rango ninguno estatutario dentro de la estructura colegial, sus miembros podían ocupar esos cargos que sí estaban vedados a aquellos que pertenecían a la Junta incautadora. Hay además otras razones “que no son del momento” las que aconsejan volver a la normalización del Colegio de Madrid, razón por la cual se declara “disuelta la Junta de Gobierno del Ilustre… así como la Comisión ejecutiva designada con carácter extraordinario…; reconociéndose expresamente su beneficiosa y entusiasta actuación”.
Las razones “que no son del momento”, no son otras que la visita que recibe el ministro Irujo en Valencia, de una delegación de abogados, donde se le hace partícipe de los dislates, tropelías y expolio a que estaba sometido el Colegio de Abogados por lo que, siendo ya más fuerte el Gobierno de la nación, se propuso tomar cartas en el asunto e ir reconduciendo la situación, actuando contra la Comisión Ejecutiva, como así se hizo.
Se corta entonces por lo sano y se disuelven Junta y Comisión. Se nombra la Junta de Gobierno presidida por don José Puig d’Asprer, a la espera de que se pueda hacer -como ya se había hecho en el Colegio de Valencia- una elección democrática del decano y sus vocales. Hasta el momento en que esa elección se pudiera realizar, ni la Junta incautadora ni la Comisión Ejecutiva estarían obligadas a rendir cuanta alguna de su labro.
Soy consciente que lo que estoy narrando no es ni divertido, ni quizá ameno, pero es una parte muy importante de la vida colegial de aquellos momentos, donde más de uno lo que se estaba jugando era no sólo su patrimonio o libertad, sino la vida misma. Así que el lector, si decide no dejar de leer, tendrá que echarle un poco no de imaginación sino de inteligencia y a no únicamente leer, sino interpretar correctamente de lo que estamos hablando. Estoy convencido que esto no supondrá mayor dificultad.
José Puig d’Asprer
Cesados estos “entes” toma posesión la Junta de Gobierno presidida por Puig d’Asprer que ya no es especialmente política, sino formada por republicanos liberales, demócratas, personajes más de toga que de partido, con muchos años de ejercicio profesional.
José Puig d’Asprer era un catalán afincado en Madrid, que había pertenecido al partido Radical de Alejandro Lerroux y que fue presidente de la Liga española de Derechos del Hombre, afiliándose en sus últimos años a Izquierda Republicana, partido del presidente Azaña. Su tarea como decano y la de los diputados que le acompañaban, no fue otra que socorrer a los colegiales presos, visitas numerosísimas a cárceles, centros de detención, a la Dirección General de Seguridad, al temible Servicio de Información Militar (S.I.M.). No era en absoluto infrecuente que se dieran casos de abogados que eran detenidos en el mismo momento de estar informando en Sala. La lectura de las actas de esta última Junta republicana es muy esclarecedora de su tarea -llegándose a reunir casi semanalmente- y totalmente digna de encomio.
Por otro lado, los componentes de la ya famosa lista de los abogados del caso Calvo Sotelo, fueron “amnistiados” y reincorporados al Colegio, aunque no todos ellos, pues unos cuantos habían muerto en circunstancias trágicas y otros muchos estaban escondidos o refugiados en Embajadas sin poder salir a la calle.
La lucha entre la Junta y el equipo de abogados del Frente Popular (que había sustituido a la Comisión) se reproducía en todos los frentes y únicamente terminó en enero de 1938 cuando la Junta decidió que debía restablecerse el antiguo “turno de oficio” disolviendo el equipo.
Así se llega al fallecimiento del decano el 13 de noviembre de 1938 en que es sustituido por el diputado 1º Lorenzo Barrio y Morayta como decano accidental. A primeros de marzo de 1939, el coronel Casado da un golpe de estado y proclama el Consejo Nacional de Defensa, al que se adhiere entusiásticamente la Junta del Colegio. Hay una semana de guerra civil dentro de la guerra civil, donde son derrotados los comunistas y que deja a la ciudad exhausta y lista para rendirse al denominado ejército nacional. Todavía el 22 de marzo, la Junta de gobierno tiene una reunión “normal” o de trámite.
El 28 de marzo de 1939 se produce la segunda incautación del Colegio.
Consta en acta de 29 de marzo, que se produce el día antes y que es mejor transcribir aquí abreviadamente: “…el señor Pérez Sauquillo en su doble calidad de Delegado Sindical de Justicia de F.E.T. y de las J.O.N.S. y Secretario del Colegio, da cuenta de la incautación realizada en el día de ayer de este Palacio de Justicia en nombre de la Falange de Madrid… haciendo constar la entrega que del Colegio hizo Don Nicolás Pérez Serrano en nombre de la Junta de Gobierno anterior… deseando velar en todo momento por los intereses del Colegio, acude gustosa y espontáneamente a cumplir con el que hoy le incumbe en bien de España, a saber, hacer entrega de la Corporación…”
Además de esta declaración, llamémosla institucional, de produce en párrafos sucesivos el cese de sus cargos, la transmisión de sus funciones y la puesta a disposición de los nuevos rectores de las dependencias, enseres y documentación existente. La declaración de que, en la caja, previo arqueo, hay 1.048 pesetas y se hace entrega del talonario contra la cuenta del Banco de España.
Finalmente, estando de acuerdo ambas partes en todo ello, firman el acta de entrega -de la que yo sepa no existe el original- diez personas, alternativamente de ambas Juntas.
Aunque el texto del acta pueda parecer algo frío, quiero pensar que en el fondo no fue así la reunión. La imagino con unos abogados, mayores, cansados ya de su tarea, donde han conseguido éxitos defendiendo a sus compañeros y en otros casos estrepitosos fracasos. Entregan una cáscara casi vacía de contenido, pero llena de historias nobles y miserias. Y enfrente, unos abogados jóvenes, que llevan tres años escondidos, trabajando en la clandestinidad para conseguir lo que ahora van a obtener. En realidad, no sé cómo fue, quizá es mi afán de que así hubiera sido. No he encontrado nada escrito de cómo se produjo.
La nueva Junta incautadora designa decano a Alfonso Serra Valentín, pero tiene una vigencia muy corta, pues el 27 de julio de 1939 se dicta una orden que dice así: “Habiendo presentado su dimisión la Junta provisional de gobierno del ICAM, por haberse restablecido la normalidad de la vida judicial y desaparecido las circunstancias que motivaron su designación, procede nombrar… Decano don Antonio Goicoechea Cosculluela…”
Ya con el decanato de Goicoechea podemos afirmar que el Colegio entra en una etapa de normalidad, si entendemos por normalidad el acatamiento total a las consignas del régimen, el comienzo del sistema de depuración de colegiados y empleados y entrar en los años grises y de plomo que supusieron los primeros del franquismo.
No ha sido este un tema que dé para la alegría. De hecho, bastante cosas tristes me he guardado sin contar. Puede que en otro artículo trate sobre los más significados líderes de las Juntas de incautación y de su labor. Tampoco será alegre lo que escriba, me temo. Pero entiendo que, pasados tantos años, ciertas cosas no deben caer en el olvido porque como dice más o menos la máxima, los pueblos que olvidan su historia, corren el riesgo de repetirla y no es eso precisamente los que yo deseo para España.
La fotografía que acompaña este artículo es una de las escasas existentes de José Puig d’Asprer tomada como presidente de la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País.