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El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid expresa su preocupación tras el debate celebrado en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso de los Diputados sobre la proposición de ley llamada a regular la pasarela al RETA para profesionales mutualistas.
La Comisión ha aprobado el dictamen de la proposición de ley, que continuará ahora su tramitación parlamentaria, pero lo ha hecho después de que el Gobierno haya vetado la tramitación de varias enmiendas dirigidas a ampliar o reforzar el alcance de la pasarela. Entre ellas, la propuesta que habría permitido acogerse al mecanismo a mutualistas que ya tienen reconocido el periodo mínimo para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de Seguridad Social. También se ha impedido tramitar otras iniciativas orientadas a mantener abierta la opción entre RETA y mutualidad o a fijar plazos para el desarrollo reglamentario de la transferencia de derechos económicos.
Para el ICAM, lo ocurrido hoy confirma que la ley avanza, pero también que lo hace con riesgos evidentes de quedar por debajo de las necesidades reales de los afectados. El Colegio valora que la tramitación no se haya detenido, pero advierte de que el paso por Comisión no puede interpretarse como un punto final ni como una solución suficiente si el texto que llega al Pleno no garantiza una respuesta efectiva, viable y con seguridad jurídica para los mutualistas.
El ICAM subraya que la sostenibilidad del sistema es una exigencia imprescindible en cualquier reforma. La pasarela al RETA debe ser económicamente viable, técnicamente rigurosa y respetuosa con el equilibrio financiero de la Seguridad Social. Esa ha sido siempre la posición del Colegio. Pero esa viabilidad debe construirse junto a otros principios igualmente esenciales: equidad, seguridad jurídica y protección social suficiente.
“La sostenibilidad del sistema es imprescindible, pero no puede ser incompatible con la justicia. La pasarela debe ofrecer una respuesta viable y equilibrada a quienes llevan años esperando una solución. El rigor económico debe servir para construir una norma sólida, no para dejar sin salida a miles de profesionales afectados”, ha señalado el decano del ICAM, Eugenio Ribón.
El Colegio considera especialmente preocupante que el debate parlamentario pueda desembocar en una pasarela insuficiente para una parte relevante de los afectados. El objetivo de la norma debe ser articular una vía efectiva para que los mutualistas puedan incorporarse al RETA en condiciones razonables, con reconocimiento adecuado de su situación y sin exclusiones injustificadas.
En este sentido, el ICAM pide a todos los grupos parlamentarios un último esfuerzo de responsabilidad, diálogo y acuerdo en la fase que ahora se abre hasta la votación en Pleno. La ley todavía puede mejorar y debe hacerlo. El Pleno debe servir para reforzar el texto, no para consolidar una pasarela debilitada, parcial o incapaz de responder a la dimensión real del problema.
“No podemos conformarnos con que haya una pasarela si esa pasarela no permite cruzar a quienes necesitan una solución. El legislador tiene ahora la responsabilidad de evitar que la norma llegue al Pleno diluida o desprovista de la capacidad real de proteger a los mutualistas afectados”, ha afirmado Ribón.
El ICAM recuerda que no estamos ante una discusión meramente administrativa ni ante un debate limitado a cálculos presupuestarios. Lo que se decide afecta a la jubilación, a la protección social y a la seguridad jurídica de profesionales que durante décadas confiaron en un marco legal que permitió la mutualidad como alternativa al sistema público. Muchos de ellos afrontan hoy una situación de incertidumbre que exige una respuesta legislativa proporcionada, garantista y socialmente justa.
“En este debate los protagonistas son los afectados. Son abogados y abogadas que han ejercido durante años, que han sostenido sus despachos y que confiaron en un sistema que ahora necesita una respuesta normativa. No piden privilegios ni soluciones improvisadas: piden equidad, seguridad jurídica y una salida viable que no les deje atrapados en un modelo sin alternativas reales”, ha subrayado el decano.
El Colegio de la Abogacía de Madrid ha defendido desde el inicio una pasarela voluntaria, temporal, viable y sin exclusiones, y ha trabajado activamente para aportar soluciones. En este sentido, encargó a la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, una propuesta normativa dirigida precisamente a demostrar que es posible articular una respuesta con pleno encaje jurídico, técnicamente ordenada y compatible con la sostenibilidad del sistema.
Asimismo, el ICAM ha mantenido una intensa actividad institucional con los grupos parlamentarios y ha impulsado iniciativas para trasladar al Congreso la voz directa de los mutualistas. Entre ellas, la campaña “De abogado a diputado”, mediante la que más de 1.100 cartas de afectados fueron depositadas en la Cámara Baja para que sus situaciones personales, profesionales y familiares fueran tenidas en cuenta en el proceso legislativo.
Para el ICAM, esas cartas expresan una idea esencial: este debate no puede abordarse solo desde los expedientes, los coeficientes o los cálculos presupuestarios. Detrás de cada caso hay una trayectoria profesional, una familia y una expectativa legítima de protección. Precisamente por eso, el Colegio pide a los grupos parlamentarios que no pierdan de vista la dimensión humana, social y constitucional del problema.
El ICAM insiste en que la pasarela al RETA debe combinar tres exigencias inseparables: sostenibilidad económica, seguridad jurídica y justicia material. Ninguna de ellas puede imponerse a costa de anular las otras. La sostenibilidad debe ser el marco que haga posible una solución duradera, no el argumento que la convierta en una respuesta insuficiente.
El Colegio reitera su llamamiento a todos los grupos parlamentarios para que mantengan abierta la negociación antes de la votación en Pleno, actúen con responsabilidad y eviten que la tramitación derive en una norma que nazca ya limitada. La urgencia de los afectados exige celeridad, pero también ambición legislativa y rigor técnico.
“La calidad de una democracia también se mide por su capacidad para escuchar a quienes sufren un problema y transformarlo en una solución justa. El legislador tiene ahora la responsabilidad de construir una respuesta viable, completa y humanamente decente, no de administrar la frustración de quienes llevan años esperando”, ha concluido Ribón.
El ICAM reitera su disposición a seguir colaborando con los grupos parlamentarios, las instituciones y los colectivos de afectados para lograr una regulación que proteja a las personas, refuerce la seguridad jurídica y dé una respuesta real a una reivindicación largamente sostenida por la abogacía mutualista.