Hans A. Böck / @LP_Hans
En los últimos años se han multiplicado en España los libros que alertan sobre una democracia amenazada o una justicia en peligro. Jueces, exjueces, filósofos, periodistas y politólogos han contribuido a un debate que ocupa cada vez más espacio en los medios de comunicación y en la conversación pública.
Las preocupaciones son diversas. Para algunos, el principal riesgo reside en la erosión de la independencia judicial y de las instituciones del Estado de derecho. Para otros, el problema radica en la utilización de las propias instituciones con fines políticos o partidistas. Los diagnósticos difieren, pero comparten una convicción: algo importante está ocurriendo en la relación entre justicia, política y ciudadanía.
Sin embargo, quizá convenga formular una pregunta previa. ¿Hasta qué punto estamos ante una amenaza real a nuestras instituciones y hasta qué punto nos encontramos ante una percepción amplificada por un entorno comunicativo caracterizado por la confrontación permanente?
Existe una curiosa discrepancia entre la imagen que muchos ciudadanos tienen de la justicia y la realidad cotidiana de nuestros tribunales. El imaginario colectivo sigue poblado por jueces que golpean la mesa con un mazo para imponer autoridad. La imagen procede en gran medida del cine y las series anglosajonas, que han moldeado durante décadas nuestra representación de la actividad judicial. Sin embargo, en las salas españolas no hay mazos. Hay campanillas.
El detalle puede parecer irrelevante, pero no lo es. El mazo simboliza una autoridad que se afirma mediante el golpe. La campanilla representa una autoridad distinta: la que reclama atención, orden y respeto para que el proceso pueda desarrollarse con normalidad. La justicia española se parece mucho más a la campanilla que al mazo. Está concebida para escuchar, deliberar, ponderar y decidir. No para producir efectos dramáticos.
Sin embargo, vivimos en una sociedad que parece exigir precisamente lo contrario. La expansión de las tertulias políticas en radio y televisión ha transformado la manera en que los ciudadanos se relacionan con las instituciones. Cualquier decisión judicial, parlamentaria o gubernamental es objeto de interpretaciones inmediatas y frecuentemente incompatibles entre sí. Antes incluso de que una resolución sea leída o comprendida, ya ha sido convertida en victoria o derrota, escándalo o absolución moral, amenaza o salvación.
A este fenómeno se ha añadido la influencia de X y de las demás redes sociales, que han acelerado extraordinariamente la circulación de opiniones, titulares y fragmentos de información. Nunca habíamos tenido acceso a tanta información sobre la actividad judicial y política. Pero no está tan claro que comprendamos mejor cómo funcionan las instituciones. Con frecuencia ocurre lo contrario: la velocidad favorece la reacción antes que la comprensión.
El resultado es un espacio público sometido a una permanente aceleración. Las instituciones necesitan tiempo. Los procedimientos judiciales necesitan tiempo. La deliberación democrática necesita tiempo. Pero el ecosistema comunicativo exige respuestas instantáneas. Allí donde los tribunales necesitan meses para resolver, la conversación pública exige pronunciamientos en minutos.
No se trata de negar los problemas reales de nuestra justicia o de nuestra democracia. Sería absurdo hacerlo. La lentitud de los procedimientos, la sobrecarga de los órganos judiciales, las dificultades en la renovación de determinadas instituciones o la creciente polarización política son cuestiones bien conocidas. Tampoco se trata de minimizar las advertencias formuladas por quienes ven riesgos para la calidad democrática o para la independencia judicial.
Pero quizá uno de los desafíos menos analizados sea la creciente dificultad para distinguir entre los problemas reales de las instituciones y la representación mediática de esos problemas. Cuando cada controversia se presenta como una crisis decisiva y cada desacuerdo como una amenaza existencial, el lenguaje pierde capacidad para describir la realidad con precisión.
La democracia liberal descansa sobre instituciones imperfectas, procedimientos complejos y decisiones frecuentemente discutibles. Lo mismo ocurre con la justicia. Ninguna de las dos funciona bien en un clima de alarma permanente. Ambas necesitan algo que hoy parece escasear: tiempo para comprender, contexto para interpretar y disposición para escuchar argumentos distintos de los propios.
Tal vez la cuestión no sea si la democracia española está amenazada en términos dramáticos. Tal vez la pregunta más útil sea otra: cómo preservar la confianza en las instituciones en una sociedad dominada por el ruido.
Y quizá para responderla convenga recordar un símbolo tan sencillo como olvidado. En nuestras salas de justicia no hay mazos. Hay campanillas. No anuncian victorias ni derrotas. No señalan enemigos. Simplemente recuerdan que, antes de juzgar, es necesario recuperar el orden de la conversación.